Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género

24/11/2019, Viki Lara, Socialismo Revolucionario 

En los últimos años, el Estado español ha sido testigo de las manifestaciones feministas más masivas de su historia en el Día Internacional de la Mujer, con millones de personas llenando las calles de muchas ciudades. A esto se sumó la huelga de millones de estudiantes y trabajadores.

Además de otros factores, como la brecha salarial entre hombres y mujeres o las precarias condiciones de trabajo que afectan especialmente a las mujeres, la razón más importante de estas protestas ha sido la insoportable violencia de género y sexual que afecta a las mujeres en el Estado español, y también la solidaridad con las mujeres de otros países que sufren la misma opresión, especialmente en América Latina.

Según las cifras oficiales, desde 2003 más de 1.000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, 50 de ellas sólo este año. Todos los días se denuncian tres casos de violación a la policía, pero se calcula que sólo se denuncian el 20% de estos crímenes. También hemos visto en el Estado español cómo el sistema judicial trata a los violadores con ligereza y humilla a las víctimas. 

El caso más conocido a este respecto es el llamado «caso de la manada», en el que cinco hombres fueron declarados culpables de violar a una joven de 18 años en el verano de 2016. Antes de que los violadores fueran finalmente condenados la víctima y todas las mujeres sufrimos un trato humillante a manos del poder judicial y de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando durante el juicio la víctima fue espiada por detectives privados, por orden del abogado de los violadores, y el «informe» resultante fue aceptado como prueba por el tribunal. Pero lo que es peor, la primera sentencia no fue por violación, sino sólo por el delito menos grave de abuso sexual, con el resultado de una sentencia insultante de sólo 9 años de prisión para cada violador. Aún así el tribunal les dejó en libertad y llevar una vida normal mientras se consideraban las apelaciones de todas las partes. 

La apelación resultó en una condena por violación y una sentencia de 15 años para cada violador. Pero esto no fue el resultado de llevar el caso a un tribunal superior con un mejor conocimiento de la violencia sufrida por las mujeres, sino por las manifestaciones frente al tribunal que juzgaba el caso y en el resto del Estado español por miles de mujeres, junto con el surgimiento de un masivo movimiento feminista en todo el estado.

Desafortunadamente, este caso no es un incidente aislado, sino sólo un ejemplo muy publicitado de la naturaleza misógina, racista y reaccionaria del sistema judicial y de todo el aparato estatal en el Estado español. Este es el mismo sistema que les dice a las mujeres que si no sufrieron violencia durante un acto sexual no consentido – es decir, si no sufrieron daños físicos o no fueron asesinadas – no fueron violadas; o que les permite a los perpetradores de violencia de género ver a sus hijos, una herramienta utilizada muchas veces por estos hombres para continuar abusando o amenazando a sus víctimas. Pero también es el mismo sistema que acosa y encarcela indiscriminadamente a los trabajadores inmigrantes, que ha tratado a los 8 jóvenes de Altsasu como terroristas porque fueron acusados de participar en una pelea de bar contra dos policías, y que ha condenado a los presos políticos catalanes por organizar un referéndum «ilegal» a penas de cárcel de media más largas que a los responsables del intento de golpe de estado fascista del 23F.

El «caso de la manada» muestra claramente que podemos ganar victorias si organizamos protestas masivas en las calles, incluyendo huelgas y manifestaciones. Tenemos que seguir luchando contra la violencia sexual y de género, y tenemos que implicar a toda la clase obrera, no sólo a las mujeres, en esta lucha. Las huelgas feministas del 8 de marzo de 2018 y 2019, que incluyeron dos huelgas generales de toda la clase trabajadora, muestran el camino a seguir. Pero cuando las principales federaciones sindicales sólo convocaron paros simbólicos (de dos horas o aún menos) en esos días, causaron mucha confusión sobre el derecho a hacer huelga en estas jornadas. Necesitamos extender las asambleas feministas a todas las escuelas, colegios, universidades y lugares de trabajo, para poder organizar una huelga laboral más fuerte el año que viene, que pueda detener la producción y mostrar el potencial real de la clase obrera.

Todo esto es necesario para luchar contra la violencia sexual y de género y contra todo tipo de opresión contra las mujeres y las personas LBGTI+. En primer lugar, necesitamos una educación sexual inclusiva, no religiosa, progresista y respetuosa con los derechos LBGTI+, que pueda enseñar sobre la igualdad de relaciones entre niños y niñas y el consentimiento en las relaciones sexuales, entre otras cuestiones.

Pero también tenemos que sustituir todo el sistema judicial español, heredado del franquismo, por un sistema democrático que incluya la elección de los jueces y el control de la clase obrera, un sistema que haga de verdad justicia a las mujeres y a todos los trabajadores. Además, tenemos que derrocar a la monarquía, y a todo el régimen del 78 que ha protegido todos estos años al capitalismo y a la clase burguesa, y tenemos que sustituirlo por una verdadera democracia, incluyendo la toma de decisiones sobre la economía a través de la propiedad y la gestión democráticas de la economía.