17/02/2014, Juan
Bértiz. Socialismo Revolucionario, Barcelona

A
finales de diciembre, en pleno periodo navideño, el Ayuntamiento de
Barcelona dirigido por CiU anunciaba la escandalosa subida de las
tarifas del transporte público. El billete sencillo del área
metropolitana –de un solo viaje- pasaba de 2 a 2,15 euros, la
tarjeta de diez viajes, uno de los bonos más utilizados, pasaba de
9,80 a 10,30 euros, una subida del 5,10% (71% en los últimos diez
años) y la tarjeta 50/30, también de las más utilizadas, subía un
8,4% y pasaba a valer 42,50 euros. De este modo, el transporte
público en Barcelona es de los más caros de Europa, todo eso además
en contexto social nada amable, con una tasa de pobreza que no ha
parado de aumentar en los últimos meses, donde la situación
escandalosa de hambre infantil detectado en las escuelas públicas va
a llegar al Parlamento catalán, con un aumento también del paro y
de la precariedad más que preocupante, un descenso alarmante de los
salarios y un deterioro del nivel de vida de la población que parece
preocupar poco a quienes gestionan y alardean del modelo Barcelona.
Pero a su vez, se ha aumentado el tiempo de paso de los convoyes de
metro, con lo que se paga más caro un peor servicio. Al mismo
tiempo, RENFE anunciaba un aumento de las tarifas que afectaba sobre
todo a los trenes de cercanías, utilizadas por millones de
trabajadores en todo el Estado.

¿Cómo
lo justifica el Ayuntamiento y su alcalde Trias? Pues que ha bajado
el número de viajeros y que, cómo no, la responsabilidad recae en
el Estado Español que ha reducido su aportación en el transporte
municipal. No parece que esos millones de turistas que visitan la
ciudad, éxito absoluto se dice, viajen en transporte público y
produzcan beneficios para la ciudad, como se señala desde Turismo de
Barcelona, al menos para paliar la subida que ha de pagar la
población local, ni tampoco se mencionan los gastos faraónicos en
ciertas obras públicas –la plaza de las Glorias y su entorno sería
un ejemplo actual- o que la Generalitat se gaste trescientos millones
de euros al año en las estaciones no utilizadas por la línea 9 del
metro, paralizada su construcción como consecuencia de la crisis.
Fueron aquellas las dos explicaciones alegadas por el ayuntamiento a
los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Barcelona (FAVB) tras la primera protesta organizada por esta entidad
y por consiguiente, se anunciaba, no se iba a echar marcha atrás a
la subida.

A
partir de aquí se ha constituida la Plataforma Stop
Pujades (Stop Subidas)
que todos los miércoles organiza protestas a partir de las 19 horas
en numerosas estaciones de metro, de los Ferrocarriles de la
Generalitat de Cataluña y de cercanías de RENFE para exigir un
cambio en la política tarifaria y un descenso de los precios que
castiga más y más a miles de trabajadores, estudiantes y al
conjunto de la población, no sólo de la ciudad de Barcelona,
también de las ciudades limítrofes, con una población de casi tres
millones de personas. Pero además las protestas se han extendido
también a otras ciudades de la provincia, como Sabadell, Terrassa o
Manresa.

Estas
protestas no han parado de aumentar cada miércoles, hasta el punto
de afectar nada menos que a casi todas las líneas de metro de la
ciudad este último miércoles 12 de febrero, que quedaron
paralizadas en buena parte de su trazado durante una media hora, de
19.30 a 20 horas. No sólo se mantiene la convocatoria todos los
miércoles hasta que el Ayuntamiento ceda, sino que los sindicatos
del transporte público plantean una huelga o una serie de paradas
reivindicativas el próximo lunes 24 de febrero, coincidiendo con el
inicio de la Feria del Móvil en Barcelona, en contra de esta subida
de tarifas. No podemos olvidar que en los últimos años ha habido
numerosas huelgas en la ciudad por parte de los trabajadores de
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), entidad que cuenta por
lo demás con una serie de ejecutivos muy bien pagados, lo que choca
con esa política de austeridad que se impone a la población pero
que las empresas públicas no parecen aplicar a sus ejecutivos. Hay
una necesidad importante de coordinar este movimiento social con las
lucha del personal laboral del servicio contra los ataques constantes
de la patronal.

Somos
partidarios de fomentar el transporte público por sostenibilidad de
nuestras ciudades y sus alrededores, para conseguir una mejor y más
sana habitabilidad colectiva. Para ello es imprescindible que el
transporte sea accesible a los trabajadores, cualquiera que sea su
situación laboral, y a otros colectivos sociales, como jóvenes y
jubilados, sobre todo en un momento de crisis como el que sufrimos.
Hemos de echar marcha atrás a esta subida de los precios de los
billetes, pero no sólo para volver a los precios de 2013, sino para
que los billetes sean realmente baratos, ya que es esencial como
parte de una política de re-distribución de la riqueza. Sólo
la nacionalización de todo el servicio, bajo control democrático de
los trabajadores y la sociedad en general puede garantizar un fin a
los precios abusivos e especulativos. Sobre esta base, se podría
luchar con todos los recursos disponibles para conseguir un sistema
de transporte público gratuito. Exigimos la gratuidad inmediata
del servicio para aquellos colectivos que sufren especialmente la
crisis, como los desempleados, las personas que no perciben ayudas
sociales o los trabajadores precarios.

Esta
es una lucha colectiva y unitaria que se va a intensificar en las
próximas semanas. La lucha del Barrio de Gamonal, la marea sanitaria
o las protestas de los basureros de Madrid nos demuestra que es
posible dar la vuelta a las cosas y conseguir detener el deterioro de
nuestras vidas. Tenemos que lograr también mejoras sociales, imponer
cambios en la política de las administraciones y bajar el precio de
las tarifas de transporte es a todas luces fundamental en estos
momentos.