¡Derecho a una vivienda digna ya!

J. Hird, SR Vitoria-Gasteiz

Amaia Egaña de Barakaldo se encaramó a una silla y se arrojó al vacío desde el cuarto
piso del inmueble. Es la segunda muerte relacionada con una ejecución
hipotecaria en las últimas tres semanas. La deuda pendiente cuyo impago llevaba
al desahucio no llegaba a los 214.000 euros — en concreto, 164.323 euros y
otros 49.300 de intereses.

José Miguel Domingo, de 53 años, ha sido hallado
muerto en el patio interior de su domicilio, en el barrio de la Chana en la
capital granadina. José tenía un préstamo por 240.000 euros.

Un hombre se tiró por un balcón en Valencia antes de
ser desahuciado. Se encuentra hospitalizado por las heridas.

Son los últimos tres casos conocidos de un drama
social que está teniendo lugar en el estado español;  un reflejo gráfico de la barbarie del sistema
y la crisis del capitalismo.

Cada día del primer semestre de este año se
ejecutaron en el estado español 500 desahucios, un drama social que el pasado viernes desbordó la indignación ciudadana con el segundo suicidio en 15 días. Estos
casos trágicos han causado una conmoción y rabia generalizadas.

En Madrid, unas 50 personas amenazadas de desahucio
por el impago de sus hipotecas llevan 23 noches durmiendo al raso en la llamada
acampada Bankia ante la principal sucursal de esta entidad en la plaza de
Celenque, cerca de la Puerta del Sol. Una de estas personas dijo: «La
gente está muy caliente con esto de los desahucios»

En Barakaldo donde vivía Amaia Egaña miles de
personas, 8.000 según los organizadores,
se manifestaron bajo el lema «No
al paro. No a los desahucios. Por la protección social», para
reclamar que se pongan en marcha soluciones que frenen los embargos de viviendas
por impagos de hipotecas, y evitar nuevos casos como el de Barakaldo.

En su recorrido, los manifestantes marcaron algunos
bancos y entidades financieras con pintadas de «asesinos».
Además, sobre una sucursal de La
Caixa, entidad con la que Amaia Egaña había contraído la deuda, se lanzaron botes
de pintura. Los manifestantes corearon lemas como «No
es un suicidio, es un homicidio», «Ellos la pasta,
nosotros los muertos», «Ningún desahucio sin respuesta » o
«Hay que parar el terrorismo financiero».

La reacción ha asustado tanto al gobierno del PP como
al del PSOE, cuya negociación para tratar de poner solución al problema no ha
sido ni mucho menos a iniciativa propia. Ha sido la presión ejercida desde los
movimientos sociales los que han obligado a dichos partidos a mover ficha.  Hay que condenar particularmente al PSOE por
su oportunismo ya que durante su gobierno, ICV y IU plantearon repetidamente medidas
para poner fin al drama de los desahucios. Medidas que siempre fueron rechazas
por PP y PSOE.

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el
mayoritario del cuerpo, adoptó este domingo una decisión revolucionaria.
Anunció que respaldará legalmente a los agentes que se vean incapaces de
ejecutar desahucios. También pidió al Gobierno que tome medidas para paralizar
los desalojos. Otras fuerzas sindicales tacharon de “barbaridad” y de “muy
difícil” la aplicación de la propuesta del sindicato policial con más
implantación.

En la Ertzaintza, su sindicato mayoritario, Erne, ha
asegurado que la organización respaldará y ofrecerá defensa jurídica a los ertzianas
que se nieguen a participar en procesos de desahucios.

También
los magistrados han denunciado usura, abuso y enriquecimiento injusto de los
bancos. El juez
Moliner dijo: “Los jueces no son meros aplicadores de la letra de la ley.”

Las reacciones de la policía y los jueces ante las
protestas son muy significativas. La política de recortes del PP y los ataques
al nivel de vida de los trabajadores está provocando unos torbellinos de
oposición. Se ven las primeras fallas en la maquinaria del estado. Simplemente
la policía y la magistratura no tienen las ganas de seguir con la política del
PP y sus consecuencias. El canal La Sexta ha emitido imágenes de la policía
ocupando barrios como un ejército cuando van de casa a casa echando a familias
de sus hogares. El sentimiento de gran injusticia es de un sabor muy amargo en
la boca de todos nosotros ahora mismo. Incluso, la reina de la prensa
televisiva del corazón, Ana Rosa Quintana, se atrevió a hacer un llamamiento a
la desobediencia civil.

Debido a esta presión social, en Euskadi, Kutxa y
Caja Laboral tuvieron que suspender de forma inmediata todos los desahucios,
aún antes de que llegaran las medidas anunciadas por el gobierno el 15 de
noviembre.

Aunque claramente insuficientes, las medidas
temporales que el gobierno del PP va a aplicar, se pueden considerar una victoria
ya que estas nunca se hubieran llevado a cabo sin la presión desde abajo y
muestran que una lucha sostenida obliga al capital a hacer concesiones si el
apoyo social es amplio y en este caso, lo ha sido.

Aún así, la lucha no debe de detenerse aquí. Las
condiciones para poder acogerse a la moratoria de dos años son muy restrictivas
y el problema no está ni mucho menos resuelto. Tanto la ley hipotecaria como la
parte referente al tema en la ley de enjuiciamiento civil van a seguir sin
tocarse, lo que implica que todo siga funcionando igual fuera de los casos que
marca el decreto ley, o sea, desahucios y una deuda de por vida por las
tasaciones, los intereses de demora abusivos y los costes judiciales. Al ser
preguntado por la dación en pago, Luis de Guindos, ministro de economía, ha
vuelto a remitirse al código de buenas prácticas bancarias, es decir, a la
buena voluntad del banco.

Tal vez lo más triste sobre el caso de Amaia es que
ella era militante del PSOE y ex concejala. Un partido que se llama
‘Socialista’ debería ofrecer una visión del futuro y tener un programa para
luchar contra las injusticias del capitalismo. Sin embargo estas tareas son de
la izquierda auténtica. Nuestro reto es parar completamente TODOS LOS DESHUCIOS
y NACIONALIZAR LOS BANCOS y utilizar su riqueza y su enorme parque de viviendas
vacías para garantizar el derecho a una vivienda digna a través de alquileres
sociales, no solamente para los desahuciados, sino para todos los trabajadores.

Desde
2008 medio millón de familias han perdido sus casas. Hay una ley para los
trabajadores y otra para los banqueros que a pesar de haber dejado las cajas en
la quiebra, se han llevado en el bolsillo cifras millonarias. Algunos ejemplos:

–  Roberto López Abad, director de la CAM.
Indemnización: 5,8 millones de euros

–
Aurelio Izquierdo, exdirector de Bancaja. Indemnización: 7,6 millones de euros

–
Miguel Castillejo, presidente de Cajasur. Indemnización: 4,3 millones de euros

–
Ricard Pagès, exdirector general de Caixa Penedés. Indemnización: 11 millones
de euros.

–
José Luis Pego, José Luis Méndez, Gregorio Gorriarán y Javier García Paredes.
Indemnizacón total: 61 millones.