Patricia Rosas, Gran Canaria Socialismo Revolucionario 23/03/12

El 16 de marzo el Consejo de Ministros aprobó las prospecciones de petróleo cercanas a las costas de Lanzarote y Fuerteventura por la petrolera Repsol. Y lo hizo a pesar de las grandes dudas sobre el impacto en el medio ambiente y el turismo en las islas, lo que está causando un gran rechazo en la sociedad canaria, y no solamente entre los colectivos ecologistas.

Las Islas Canarias soportan las tasas de desempleo más altas del estado español, con más del 30% de paro. En una economía dominada por el turismo el ladrillo (hoteles y segunda vivienda), el estallido de la burbuja inmobiliaria causó estragos. A esto hay que añadir que ya desde 2008 los gobiernos canarios, liderados por Coalición Canaria junto con PP o PSOE, han estado realizando recorte que han seguido hundiendo la economía.

En medio de este panorama, el gobierno estatal del PP presentó las futuras extracciones de petróleo en la provincia de Las Palmas como la panacea para la creación de empleo, la reactivación económica y el crecimiento de una industria canaria actualmente casi inexistente.

Supuestos beneficios económicos

Numerosos colectivos están mostrando su oposición a estas prospecciones, aunque por diferentes razones. Muchos canarios temen, legítimamente, que el petróleo no beneficie a su economía y no cree puestos de trabajo para los canarios, sino solamente mayores beneficios para la multinacional Repsol. Además, el petróleo en principio se trataría en alguna de las refinerías de Repsol, todas ellas situadas en la Península.

El gobierno del PP, en los últimos días, parece haber dado razón a estos argumentos que asegurarían que Repsol tendría el derecho de extracción sin tener que compensar de ninguna manera al estado o a Canarias. De hecho, en el momento de escribir este artículo, el gobierno central reconocía no saber aún qué tipo de compensaciones se producirán, o ni siquiera si se producirán, y decía tener la intención de estudiar este tema. Sin embargo, estos posibles pactos entre gobierno central y canario seguirían dejando los mares canarios en manos de unos políticos que solo defienden los intereses de los capitalistas, o sus intereses partidarios.   

El gobierno no niega el riesgo de vertidos

Sin embargo, existen muchas más razones por las que los canarios ven con reticencia, o directamente se oponen a las prospecciones. Hay miedo de que una plataforma petrolífera afecte al paisaje costero, y por lo tanto al turismo. Y mucho más importante, existe el peligro de contaminación de unas aguas que son fundamentales para la economía y la vida en Fuerteventura y Lanzarote. Debido a la profundidad de las aguas donde se quieren hacer las prospecciones, se tendrían que realizar en una plataforma flotante. Precisamente, una plataforma de este tipo fue la siniestrada en el último gran derrame petrolífero del Golfo de México. Además, Repsol no puede garantizar completamente la seguridad, aunque lo pretenda, en una zona con actividad volcánica como Canarias, aunque ésta no es normalmente destructiva.

Un derrame pondría en peligro el medio de vida de los pescadores de las islas cercanas; e incluso el suministro de agua en Fuerteventura y Lanzarote, que procede de desoladoras, es decir, del agua de mar. Según el grupo ecologista Ben Magec – Ecologistas en Acción, las prospecciones ya causarían una contaminación del fondo marino y las aguas de la zona, debido a las sustancias químicas que necesitan para llevarse a cabo. Y éstas podrían causar, al menos, una disminución de la fauna marina, y por lo tanto de las capturas pesqueras.

Si antes de la aprobación de las prospecciones, el petróleo parecía la solución de todos los problemas de la región; después del decreto el PP se ha quitado la careta y hasta reconoce el riesgo de vertidos. En declaraciones a la Cadena SER (21 de marzo), la Delegada del Gobierno en Canarias, lo hacía veladamente, al asegurar que un vertido no llegaría a las costas canarias debido a la dirección de las corrientes (¡como si el vertido en el mar no fuera suficiente!), o al argumentar que el peligro de accidentes no nos evita coger el coche todos los días.

En medio de este debate, parece olvidarse que las aguas canarias albergan una importante colonia de cetáceos a nivel mundial que también estarían en peligro. Ni más ni menos que un tercio de los cetáceos (mamíferos marinos como las ballenas) del planeta viven en los mares canarios, siendo principalmente las ballenas piloto y los zífios los más abundantes en la colonia canaria.

Energías renovables

El gobierno del PP está dándose mucha prisa en la aprobación de las prospecciones, y de las futuras extracciones, al igual que también tardó muy poco tiempo en retirar las bonificaciones a las energías renovables, a principios de este año. Si de verdad el gobierno estuviera interesado en la menor dependencia del petróleo exterior, ¿no tendrían mayor sentido las medidas de ahorro de energía y un desarrollo serio de las energías renovables en un país con un gran número de horas de sol?

Esta cuestión es aún más importante en Canarias, donde los grupos ecologistas sienten que hay un desaprovechamiento importante de todas las energías renovables, especialmente de la solar, pero también de la eólica y de las que puedan obtenerse del mar (mareas y oleaje). Ben Magec, por ejemplo, señala que sólo el 7% de la energía consumida en Canarias es renovable, mientras que en Navarra alcanza casi el 70%.

La contaminación ambiental y el cambio climático que causan los combustibles fósiles perjudican sobre todo a los más pobres y vulnerables, en forma de climas extremos (sequías, huracanes, inundaciones) que malogran cosechas o incluso destruyen hogares y vidas. Sin embargo, sigue pareciendo más “rentable” continuar con la fiebre del petróleo y seguir perforando en lugar de buscar alternativas.

Alternativas

Desde Socialismo Revolucionario decimos que otro modelo energético y de producción es posible, basándonos en las verdaderas necesidades de todos y no en los beneficios de unos pocos.

Defendemos un verdadero transporte urbano público, que además debe ser gratuito para que éste se utilice prioritariamente y disminuyan las emisiones de carbono derivadas del transporte por carretera.  Además, necesitamos una inversión pública en vehículos que usen formas alternativas de energía (como coches eléctricos), energías renovables y medidas de ahorro energético en los centros de trabajo y los hogares.  Todas estas medidas, junto con una decidida mejora de los servicios públicos como sanidad y educación, aumentarían el empleo digno y serían posibles poniendo bajo propiedad y control democrático de los trabajadores las empresas petroleras, de transporte y los grandes recursos bancarios.