Desde su llegada a la presidencia, Trump y su gobierno han amagado con la implementación de una política migratoria de tolerancia cero en territorio estadounidense. La xenofobia y el racismo del movimiento Make America Great Again, MAGA, han insistido en que las deportaciones van contra “criminales y asesinos.” Las víctimas, en realidad, han sido activistas pro-palestinos y trabajadores migrantes.

Por Alternativa Socialista, PRIM en México

Khalil Mahmoud, estudiante palestino de la Universidad de Columbia, fue arrestado en Nueva York el 8 de marzo pasado al momento de salir de su residencia en el campus universitario. Mahmoud cuenta con estatus de residente permanente y está casado con una ciudadana estadounidense. En mayo Badan Khan Suri, académico indio de la Universidad de Georgetown, fue forzado a salir de su domicilio por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Durante su detención, los agentes amagaron con también detener a su esposa, ciudadana palestina-estadounidense. Por su parte, Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, fue detenida el 25 de marzo por agentes enmascarados al salir de su casa para celebrar el fin del Ramadán. También en marzo Yunseo Chung, estudiante surcoreana de Columbia con residencia permanente en Estados Unidos desde los 7 años, fue amenazada con ser deportada por el gobierno.

Todas las víctimas anteriores tienen en común el haber sido voces prominentes durante las protestas contra el genocidio perpetrado por Israel en Gaza del año pasado. El Departamento de Seguridad Nacional de EUA alega que las detenciones se deben al supuesto antisemitismo y apoyo al grupo terrorista Hamás por parte de los detenidos. Sin embargo, ni en el momento de las detenciones ni durante las audiencias se han presentado pruebas de dichas acusaciones. El Departamento de Estado estadounidense ha respaldado las detenciones con una laxa interpretación de una ley que dota al Secretario de Estado, el conservador Marco Rubio, con la potestad de decidir si un “no-ciudadano” es una amenaza para el país.

Trump y su equipo llegaron al poder de la mano de un discurso xenófobo y racista que criminaliza a los inmigrantes y culpa al status quo de darles todas las oportunidades que se les niegan a ciudadanos estadounidenses. La realidad, representada en estadísticas, no respaldan las conjeturas trumpistas. Por citar un ejemplo usando datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en 2024, de los casi 25 mil homicidios solamente 29, poco más del 1%, fueron perpetrados por migrantes. Es decir, no hay estadísticas que justifiquen las deportaciones masivas que Trump prometió en campaña bajo la consigna de que los migrantes son criminales, por lo que su gobierno se ve obligado a crear detenciones “espectaculares” que satisfagan a sus bases.

Claramente, un objetivo adicional de estas detenciones es una purga de disidentes políticos y el amedrentamiento los estudiantes y otros sectores movilizados que salieron a las calles a protestar contra el genocidio palestino perpetrado por Israel y financiado por Estados Unidos. A los casos de detenciones mencionadas antes se suma el de Rasha Alawieh, académica y doctora de la Universidad de Brown, a la que le fue negada la entrada a Estados Unidos después de una estancia en su país de origen, Líbano. El pretexto para su deportación fue haber asistido al funeral de Hassam Nasrallah, uno de los líderes del grupo terrorista Hamás asesinado en un bombardeo israelí en septiembre del año pasado. Para los agentes aduanales, las fotos del funeral, un evento multitudinario, fueron evidencia suficiente para negar la entrada a Alawieh, que cuenta con una visa de trabajo válida.

La naturaleza discrecionaria de las detenciones sienta un peligroso antecedente, pues puede ser utilizada contra otros grupos vulnerables. Un primer caso es la detención del trabajador agrícola Alfredo “Lelo” Juárez en Sedro-Woolley, Washington. Juárez, conocido organizador comunal, sindicalista y defensor de la mejora de salarios y condiciones de trabajo para los trabajadores agrícolas, fue detenido por agentes del ICE mientras se dirigía a dejar a su esposa al trabajo. El único registro “criminal” de Juárez, inmigrante indocumentado, es haber conducido sin licencia el auto de sus padres a los 15 años.

La detención de “Lelo” Juárez es, evidentemente, una táctica de intimidación contra los trabajadores organizados que lidera, tal y como las detenciones de los activistas pro-palestinos lo han sido para los estudiantes organizados de sus respectivas universidades. Ambas luchas están entrelazadas por un enemigo en común: un gobierno autoritario que, respaldado por los grandes poderes económicos, está velando por mantener su poderío durante la actual crisis del capitalismo. Mantener disciplinados a los trabajadores, cuanto más si son inmigrantes indocumentados, garantiza a los capitalistas estadounidenses mantener bajos salarios y condiciones de vida paupérrimas. El gobierno de Trump les da carta abierta para seguir explotando a las masas de trabajadores que, amedrentados y deseosos de cumplir el “sueño americano”, no pueden defenderse de los embates del gobierno y la patronal. Por otra parte, los casos de académicos pro-palestinos deportados pone un escarmiento a los estudiantes que tomaron los planteles universitarios durante 2024 y refrenda el compromiso del gobierno norteamericano con Israel, su principal aliado en Oriente Medio.

Las acciones del gobierno Trump han despertado las alarmas en los sectores progresistas, que tachan sus acciones de inverosímiles y “anti-americanas”. La realidad es que el aparato estatal estadounidense está desempeñando perfectamente su función: reprimir y disciplinar. Estas políticas represivas han sido el pan de cada día de múltiples comunidades oprimidas, a saber, la afroamericana, la latina, la LGBTQIA+, la nativo-americana o la musulmana. La escalada que los progresistas americanos perciben es que sienten el fuego cada vez más cerca de sus trincheras. Y no es para menos: en el contexto de la crisis capitalista que vivimos, solo podemos esperar un recrudecimiento y un brazo mejor dotado para la represión que, eventualmente, puede llegar a cualquier habitante del país, sea ciudadano o no.

¿Qué opciones tienen las clases oprimidas estadounidenses? El partido Demócrata, que se ufana de ser el defensor de la clase trabajadora, desplegó toda la infraestructura necesaria para las acciones represivas del gobierno entrante de Trump. La negativa de Joe Biden a parar el financiamiento del genocidio palestino llevó a una derrota en las urnas y dotó los republicanos de las herramientas para continuar y profundizar la catástrofe humanitaria en Gaza. Los demócratas no son una alternativa, son un lastre. Los empresarios, los patrones y los grandes capitales se benefician de la vulnerabilidad de los trabajadores y estudiantes migrantes. Las clases oprimidas, por lo tanto, solo se tienen a sí mismas: los estudiantes y los trabajadores, de los inmigrantes y no inmigrantes, comparten la misma lucha contra un gobierno que estrangula cada vez más sus derechos, contra el imperialismo y la burguesía internacional.