“Nos han obligado a volver al trabajo a punta de pistola”

15/12/2010, John Hird, Socialismo Revolucionario 

El gobierno español ha utilizado un decreto militar por primera vez desde los tiempos de la dictadura fascista de Franco para forzar la vuelta al trabajo de los controladores aéreos después de que éstos comenzaran una huelga no oficial a principios del mes de diciembre. Los controladores se declararon enfermos y dejaron sus puestos en respuesta a la abusiva regulación de los llamados “servicios mínimos”, una regulación de la que se sirven patronal y gobierno para debilitar el poder de las organizaciones sindicales y enredarlas en el laberinto de la burocracia.

La huelga paralizó los aeropuertos españoles y miles de pasajeros se quedaron en tierra durante el puente más largo del año. El gran efecto de esta acción demuestra el poder de un pequeño grupo de profesionales en una sociedad tan tecnológica como la actual. Frente a esta situación el gobierno del PSOE declaró inmediatamente el “estado de alarma” y militarizó a los controladores, es decir, los obligó a volver al trabajo bajo la amenaza de hacerlos procesar por sedición y penas de hasta 8 años de cárcel si desobedecían. El decreto militar constituyó un paso inaudito, una medida de emergencia prevista por la Constitución española empleada ahora por primera vez en 32 años y recientemente prolongada hasta el próximo 15 de enero. Los controladores, que protagonizaron una huelga no autorizada y no contaban con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, debieron enfrentarse a una enorme presión pública y gubernamental, una fuerte represión estatal de hecho, y finalmente tuvieron que volver al trabajo. Una controladora declaraba emocionada en los informativos: “La Guardia Civil nos ha obligado a volver al trabajo a punta de pistola”.

Desafortunadamente ha habido poco apoyo público a los controladores y ningún tipo de protesta ante la declaración del estado de alarma. ¿Por qué ha sucedido esto? El gobierno ha llevado a cabo una larga campaña de desprestigio contra los controladores, declarando que son un colectivo “de funcionarios sobrevalorados, consentidos y privilegiados”. El ministro de Obras Públicas, José Blanco, ya había amenazado previamente con «militarizar» el control del tráfico aéreo en España, así que parece claro que el gobierno había estado considerando algún tipo de confrontación con los controladores durante algún tiempo. Políticos como Blanco hablan con gran pompa de la democracia y del Estado de Derecho. Sin embargo, la atmósfera desatada por el gobierno y los medios de comunicación ha mostrado poco respeto por los controladores y su derecho democrático a la protesta y a la huelga. En los principales informativos televisados aparecían interminables entrevistas con pasajeros comprensiblemente enojados y distintos ministros del gobierno, pero casi no se hizo mención a las razones por las cuales los controladores abandonaron sus puestos. Estos sólo dejaron de cumplir con su trabajo en el momento en el que el gobierno emitió arbitrariamente un decreto que empeoraba sus condiciones laborales, tras meses de negociaciones entre los sindicatos y el gobierno. Cuando al líder sindical de los controladores se le permitió finalmente hablar en los medios de comunicación dijo que esta huelga no autorizada fue una reacción a los claros planes del gobierno para proceder con la privatización, que había quedado manifiesta en el primer decreto adoptado en la mañana del masivo abandono. Cabe señalar que en este caso los dirigentes sindicales de los controladores han apoyado en todo momento a sus miembros a la hora de emprender acciones y movilizarse.

Es cierto que muchos trabajadores sienten poca simpatía por los controladores después de una tremenda campaña de denigración concertada por la prensa que no se ha cansado de subrayar los 350.000 € de salario que perciben de media y el acomodado trabajo que realizan para tratarse de funcionarios. Olvidan mencionar, por supuesto, que los controladores ganan la mayor parte de su salario haciendo horas extras, ya que el número de controladores en España es muy escaso. Se trata también de un trabajo terriblemente estresante y que requiere de una gran responsabilidad.

El gobierno, a través de la prensa que poseen al fin y al cabo un puñado de millonarios, ha acusado a los controladores de haber llevado a cabo un «chantaje terrorista» contra el Estado. En cambio, los banqueros y especuladores financieros han sido tratados con guantes de seda, unos banqueros que han paralizado la economía no durante un puente, sino a lo largo de los últimos tres años en su ávida búsqueda de ganancias ingentes. Mientras que los controladores se han visto obligados a trabajar a punta de pistola, sería imposible imaginar al PSOE enviando a la Guardia Civil a las oficinas del Banco de España, a las del Santander o el BBVA, para tomar de una vez las riendas y convertir los bancos en un servicio verdaderamente público, aquello que afirman estar haciendo con el control del tráfico aéreo. La acción contra los controladores es en definitiva una cortina de humo del gobierno para ocultar los planes de privatización del sector, planes cuyos principales beneficiarios serán precisamente los bancos y los especuladores.

Campañas similares de denigración y ocultamiento se han llevado a cabo también en la prensa en contra de otros funcionarios. En el contexto actual, con 4 millones de parados y con salarios por debajo de los 1.000 € al mes en España muchos se han puesto del lado del gobierno en este asunto. Circulan incluso teorías de la conspiración, que tienen su origen probablemente en el PSOE y que defienden que los controladores habrían llevado a cabo su acción de forma secreta cumpliendo órdenes del PP. Muchos trabajadores también han aceptado el argumento de que la huelga de los controladores aéreos era de alguna manera «ilegal», ya que abandonaron sus puestos extraoficialmente y sin previo aviso. Esto refleja la conciencia existente entre muchas capas de trabajadores y las ilusiones que mantienen con respecto a la «democracia» en esta fase. Las relaciones laborales se han ligado de tal modo a la gestión burocrática desde la transición y los líderes sindicales se encuentran desgraciadamente tan burocratizados y comprados que resulta natural que la espontaneidad y la militancia del trabajador español haya sido mitigada. Pero esto cambiará con la fría realidad de la crisis.

Por el momento los socialistas debemos ver a través de la niebla y la histeria, analizar lo que realmente ha sucedido y comprender el porqué. Está claro que ZP y el PSOE se están preparando para anunciar recortes aún mayores de los que ya han anunciado y aplicado. Se encuentran verdaderamente desesperados por evitar los caminos griego e irlandés y la indignidad de un rescate financiero. De este modo, los enfrentamientos con los trabajadores se presentan como inevitables toda vez que los recortes masivos en el sector público aparecen para el PSOE como la única «solución» compatible con su alianza con el capitalismo. Por ello han aprovechado la oportunidad de aparecer como «fuertes y decididos» ante los controladores, beneficiándose de la falta de apoyo público para su causa. En este sentido, el PSOE parece haber elegido bien a su adversario. De este modo, muchos se han tragado lamentablemente el «todos estamos en esto juntos” en que se ha basado la línea del gobierno hasta ahora y se ha impuesto la percepción de la «equidad” de aquellos que se limitan a pedir la reducción de los «inflados» salarios de los controladores.

Sin embargo, sería un error para los socialistas ignorar la verdadera significación de esta declaración de estado de alarma y no protestar ante ello. La amenaza de José Blanco de despedir y sancionar a un número de hasta 400 controladores debe ser rechazada, al igual que la privatización del control aéreo. El movimiento obrero debe acudir en ayuda de los controladores y defender derechos fundamentales como el derecho de huelga. Lo sucedido hasta ahora es un hecho muy grave y una advertencia a todos los trabajadores españoles. Un precedente ha sido establecido en esta España del siglo XXI. El PSOE se ha servido vergonzosamente de una ley elaborada por el régimen fascista de Franco para negar el derecho a la huelga. Cuando los trabajadores del Metro de Madrid vayan de nuevo a la huelga o los funcionarios civiles prosigan la lucha para defender sus puestos de trabajo el PP exigirá otro decreto militar. Un nuevo período se está abriendo en España y debemos ser capaces de construir un liderazgo en el seno del movimiento de los trabajadores capaz de defender, frente a amenaza cada vez más inquietantes, los derechos que tanto nos han costado. Un movimiento capaz de luchar, en última instancia, por un verdadero socialismo.