08/05/2013, Victoria Lara, SR Gran Canaria

El próximo 9 de mayo, toda la comunidad educativa (alumnos, padres y profesores) de la educación pública a todos los niveles, desde Educación Infantil hasta universitaria, estará de huelga para protestar contra los recortes en educación y contra un proyecto de ley de educación del PP que justamente se ha calificado de contrarreforma.

La LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), se perfila como el siguiente clavo en el ataúd de la educación pública por parte del gobierno del PP. Los recortes de más de 6.300 millones de recortes desde 2010 de la educación pública han dado como resultado un empeoramiento patente de la calidad y la universalidad de la educación pública, con un aumento escandaloso de las tasas universitarias, que ha dejado a muchos estudiantes fuera de la universidad, aumento del número de alumnos por clase, disminución de las becas, no cobertura de las bajas de profesores durante las dos primeras semanas, reducción o desaparición de proyectos para los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje como clases de apoyo o desdoblamientos, compensatorias, diversificación, etc.  

A todo esto hay que sumar el proyecto de ley de la LOMCE, también conocida como Ley Wert, que supondría la mercantilización y segregación de los estudiantes, con la creación de itinerarios de primera y segunda categoría (la llamada Formación Profesional Básica) y una mayor o menor financiación de los centros según los resultados obtenidos, que claramente significarán dificultades de financiación en aquellos centros en áreas más desfavorecidas y que precisamente deberían contar con más recursos.

PÉRDIDA DE DEMOCRACIA EN LA ESCUELA

Además la ley Wert supondrá el fin de la democracia en los centros educativos, ya que el Consejo Escolar se convierte en un órgano simplemente consultivo mientras la mayoría de sus funciones actuales pasará a desempeñarlas el director. Éste podrá tener la potestad incluso de rechazar a los profesores asignados por las listas centralizadas (es decir, de las oposiciones) motivando sus razones, razones que ni siquiera han sido perfiladas por la ley por lo que quedan completamente abiertas a la subjetivad del director, figura que deja de ser docente para convertirse en un mero gestor.  

RECENTRALIZACIÓN Y SEXISMO

La carga ideológica de la ley Wert se sigue haciendo patente en la recentralización en el estado de al mayoría de los contenidos mínimos (75%), además de la propuesta, rechazada en abril por el Consejo de Estado, de que las Comunidades Autónomas con lengua cooficial tengan la obligación pagar la educación privada a los alumnos que quieran ser escolarizados en castellano.

Además, se podrá financiar con dinero público mediante conciertos la educación separada por sexos, cuando los principios de la educación pública se basan en la coeducación y la integración; y al introducir una asignatura alternativa a religión que será difícil de aprobar y provocará un aumento de las matriculaciones en religión.

VUELTA DE LA “REVÁLIDA”

La LOMCE supone la creación de pruebas externas de evaluación a los alumnos, mostrando la clara desconfianza de Wert y de esta ley en el profesorado, a final de Primara, ESO, y Bachillerato.

La evaluación al final de Primaria en principio se dice que no es determinante pero queda en el expediente del alumno, además de servir para hacer una clasificación o ranking de los centros. La reválida de 4º de ESO es necesaria para la titulación de ESO aunque se haya aprobado previamente en el centro. Hay que tener en cuenta que, tomando los resultados del alumno, se le fuerza ya a los 13 años, para 4º de ESO, a elegir entre un itinerario profesional o de enseñanza superior.

Estos sistemas de evaluaciones externas, para las que no se menciona de dónde partirá la financiación, son por lo tanto utilizadas para segregar a alumnos y centros con criterios competitivos y mercantilistas, dejando con menos fondos a los centros que consigan los peores resultados, muy probablemente los que se encuentran en las zonas más desfavorecidas y cuyos alumnos no podrán costearse clases particulares u otros recursos para mejorar sus notas. Además, si las pruebas están gestionadas “externamente”, ¿quiere esto decir que lo harán organismos privados?

Más preocupante aún es la modificación de la PAU o antigua Selectividad por criterios impuestos por cada Universidad para poder acceder a ésta. Según recoge la ley, además de criterios como las calificaciones obtenidas o el itinerario elegido en Bachillerato (lo que empezaría a cerrar opciones según el itinerario elegido a edades muy tempranas), entre estos criterios se puede incluir la “formación académica o profesional complementaria”. ¿Quiere esto decir que será necesario realizar prácticas laborales? ¿Qué otra formación o “complementaria” se puede exigir a alumnos de educación pre-universitaria, especialmente con pocos recursos?

EXCLUSIÓN Y SEGREGACIÓN

Diferentes sectores de la enseñanza pública ya han señalado que las reválidas solamente servirán para expulsar a alumnos del sistema sin la obtención de una titulación o con titulaciones de menor valor que la ESO (Formación Profesional Básica), y para obligar a los alumnos con peores resultados a optar por estos itinerarios.

Al mismo tiempo, los centros se especializarán en algunas opciones de Bachillerato, lo que dificultará que en algunas áreas se puedan cursar especializaciones de letras o artísticas, o dará lugar en zonas rurales a traslados a institutos alejados para cursar el Bachillerato elegido.

Además, dejan de considerarse la Educación Infantil y el Bachillerato como básicos, lo que puede llevar a su privatización y a que se transformen en etapas de pago de la educación.

EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA, LAICA Y DE CALIDAD

La huelga y las manifestaciones de la comunidad educativa el 9 de mayo serán una muestra del rechazo absoluto de estas medidas de mercantilización y privatización de la educación. Estos ataques a la educación, junto con los recortes en otros servicios fundamentales como sanidad, prestaciones a desempleados, etc. no pueden justificarse por motivos de cumplimientos de déficit o de “austeridad”, cuando solamente están causando un empobrecimiento de la población, y pérdida de derechos básicos, mientras se beneficia al sector privado con suculentos conciertos y los verdaderos culpables de la crisis se benefician de rescates bancarios y amnistías fiscales.

Desde Socialismo Revolucionario demandamos una educación pública de calidad y gratuita, en todas las etapas desde infantil hasta la universidad, sacar la religión de los objetivos académicos y el horario lectivo, revertir los recortes en recursos y profesores para la educación, y realizar aquellas mejoras para atender las necesidades de todos los alumnos. Es necesaria una verdadera inversión en educación, al igual que en otros servicios públicos, para garantizar la universalidad e igualdad en la educación, y la defensa de puestos de trabajo de calidad para los profesores y otro personal educativo. En lugar de rescatar a la banca, la nacionalización de ésta, bajo control democrático de los trabajadores, liberaría los grandes recursos que ahora están bloqueados en manos privadas (sin concesión de créditos a familias o pequeñas empresas) para ponerlos a trabajar a favor de la sociedad en servicios como la educación.