LA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE QUIERE EL BIPARTIDISMO PERMITIRÁ PRIVATIZAR LOS SECTORES PÚBLICOS QUE SOBREPASEN EL “TECHO DE GASTO”

Roberto Mérida

30/9/11

Se avecinan cambios en la palestra pública. Día tras día, vemos cómo los dirigentes de los dos grandes partidos dejan a un lado sus batallitas y se dan la mano en más de las 3 cuartas partes de su política fundamental en materia económica, apoyando todo tipo de recortes contra los salarios, los convenios, las ayudas públicas, las pensiones, atrasando la edad de jubilación, privatizando, y abaratando el despido.Vemos que, sin importar a qué partido pertenezca una u otra administración autonómica, grandes partidos se dan la mano en firmar la avalancha de EREs –“Regulaciones de Empleo” o despidos colectivos– en multitud de empresas con beneficios, que se traducen en un drástico aumento del desempleo. Así, la distancia gubernamental es cada vez mayor a los intereses del pueblo. Con su manipulación mediática, la financiación desigual de partidos grandes respecto a minoritarios, una ley electoral que priva del acceso a instancias parlamentarias a partidos con propuestas radicales, y su negativa a convocar referendos, dejan la calle como único lugar de acción, tras lo que aún tienen la desfachatez de responder con la ilegalización de convocatorias, la criminalización mediática y el uso de cargas policiales como medida disuasoria.Lejos de contentarse con esto, grandes partidos se dan la mano en reformar la Carta Magna sobre la que dicen sustentar su sistema de «valores», y su Estado de «Derecho», su régimen: la Constitución, para poner un «techo de gasto público», sin consultar al pueblo mediante referéndum.Este «techo de gasto público», supondrá que aquellos servicios y empresas estatales que sobrepasen dicho límite de gasto queden sin financiación. Así, aquellos servicios que no puedan mantenerse por debajo de este límite de gasto, sólo hallarán como alternativa el ser privatizados o desmantelados. Hecho éste que insisten en ocultar desde los grandes medios y sobre el que no hablan, detrás de su fraseología huera de «evitar el endeudamiento desmedido». Además, el nuevo artículo nº 135, del que es objeto la reforma, da “prioridad absoluta” al pago de la deuda pública, fruto de las inyecciones masivas de dinero a los bancos, lo que obliga a recortarnos pensiones, salarios, subsidios, educación, sanidad, etc. para pagar a banqueros y especuladores. Esto supone el mayor ataque neoliberal en la historia de este país, un ataque contra los intereses de la clase trabajadora.Puesto que no podemos confiar en su «democracia» oligárquica, es necesario exigir un cambio mediante la movilización en la calle. Dicho cambio, pasa por exigir a los poderes fácticos la convocatoria de un referéndum para una Asamblea Constituyente, supervisada y controlada por asambleas de trabajadores, jóvenes y parados –como ya lo son las del 15-M–, coordinadas a nivel estatal, y basado en una nueva ley electoral que se rija por el principio de «un hombre, un voto» –en lugar de esta absurda Ley d’Hondt que favorece el turnismo de las mayorías bipartidistas, o partidocráticas– con la que poder llevar a cabo aquellos cambios y reformas que quieran los ciudadanos, como única medida radical para salir de la crisis. Un verdadero cambio “popular”, y “socialista obrero” que, en lugar de prever un «techo de gasto público», que usará la patronal como carta blanca para poder privatizar servicios, prevea la «expropiación de empresas privadas con beneficios que se declaren en crisis o soliciten EREs», así como la «recuperación», vía nacionalización, «de los sectores estratégicos de la economía», incluyendo, fundamentalmente, «bancos, transportes, y sectores energéticos». No es sino este tipo de política la que podría esperarse de un verdadero gobierno “socialista obrero”, y no la del actual gobierno, lacayo los bancos y el FMI.En lugar de dar “prioridad absoluta” al pago de la deuda pública, para poder seguir inyectando dinero en los bancos, con que pagar la deuda privada, devolver la banca y sectores clave de la industria a manos del pueblo, para crear una banca pública, y reinvertir los beneficios en tejido público productivo y servicios sociales. He ahí los ejes de una política social, al servicio de los intereses del pueblo y no de los especuladores.Nuestra palabra ha de ser tajante: como asambleas soberanas del pueblo, no queremos su reforma pactada, impuesta a espaldas de los ciudadanos. Una huelga general, construida y controlada por las asambleas soberanas del pueblo, como forma de lucha sostenida, debe ser la respuesta inmediata del movimiento obrero, como el primer paso en esta batalla pública, con que exigir nuestro derecho a participar en un proceso político que nos afecta. Cuantos más antidisturbios nos golpeen e intenten acallarnos, más fuerte se hará nuestra razón, más fuerte deberá ser nuestra respuesta.

NO A LA REFORMA NEOLIBERAL PACTADA POR PP-PSOE.

HUELGA GENERAL YA.

REFERÉNDUM POR UNA CONSTITUYENTE, PARA UN CAMBIO FUNDAMENTAL AL SERVICIO DEL PUEBLO, Y NO DE LA PATRONAL Y LOS INTERESES BANCARIOS.