¡POR EL ABORTO DESPENALIZADO, GRATUITO, Y PÚBLICO!

Recientemente
Ruiz-Gallardón anunció por enésima vez su intención de aprobar
una restrictísima ley del aborto, y además le ha puesto fecha para
el mes de octubre. Todas y todos tenemos que unirnos el 28 de
septiembre contra este nuevo ataque a los derechos de las mujeres
trabajadoras que el gobierno del PP nos quiere imponer.

En
este link se puede encontrar más información sobre los diferentes
actos y manifestaciones convocados por la plataforma «Yo
decido».

27/09/2013, V. Lara, Socialismo Revolucionario Gran Canaria

Durante
casi dos años, las mujeres nos hemos visto amenazadas por la reforma
de la ley del aborto que planea el gobierno del PP, o más
concretamente, por las continuas declaraciones del ministro de
Justicia, RuIz-Gallardón. Recordemos aquella famosa frase de «La
libertad de maternidad es lo que a las mujeres les hace
auténticamente mujeres» o las referencias a la «violencia
estructural» que obligaría a la mujer a abortar, obviando que
la presión no es para abortar si no para no quedarse embarazada. El
ministro voluntariamente también omite que a ésta situación no se
le pone freno sino todo lo contrario por medidas como la Reforma
Laboral, y que una ley restrictiva del aborto sería simplemente una
nueva vuelta de tuerca en esta violencia estructural, al no dejar a
la mujer decidir sobre su cuerpo. También el ministro ha mostrado su
hipocresía al mencionar los derechos de las personas con minusvalías
como razón para restringir la ley del aborto, cuando los recortes en
la Ley de Dependencia las está dejando en muchos casos en la
estacada.

En
estas declaraciones el ministro nos ha mostrado la verdadera
ideología que impulsa su reforma: retrógrada, machista, que
solamente valora a las mujeres por su maternidad (una especie de
máquinas produce-niños) e inmaduras para tomar decisiones sobre su
propio cuerpo a partir de sus propios principios morales. Por esta
razón el estado se erige como juez de estas decisiones, para velar
por que las mujeres que solicitan un aborto lo hagan por una causa
«justificada» y que los supuestos no se utilicen como
«coladeros».

Detrás
de la palabrería del ministro se perfilan las restricciones
concretas que propondrá su proyecto de ley:

• Se
  trataría de una ley de supuestos, similar a la que rigió sobre el
  derecho al aborto entre 1985 y 2010, pero aún más restrictiva. El
  aborto estaría penalizado, excepto en algunas circunstancias o
  supuestos. Este supone por regla general la eliminación del acceso
  al aborto de forma segura, igualitaria y por decisión de la mujer
  en las primeras 14 semanas de gestación. Naturalmente, esto no
  significa que los abortos que no se ajusten a la ley vayan a dejar
  de producirse. Las mujeres que puedan permitírselo viajarán al
  extranjero, ya que al fin y al cabo la mayoría de los países de la
  Unión Europea establecen leyes de plazos, en lugar de leyes de
  supuestos. Pero la nueva ley dejará en la cuneta a aquellas que no
  puedan pagarse este «lujo», y éstas serán cada vez más
  debido a la crisis económica y el paro galopante. Por esta razón,
  previsiblemente se producirá un incremento de abortos clandestinos
  que podrían poner la salud o incluso la vida de las mujeres en
  riesgo. Este último punto parece no inquietar al ministro, que
  solamente se muestra preocupado por la vida del embrión.

• Ruiz-Gallardón
  ha anunciado su intención de incluir los supuestos de violación y
  de riesgo para la salud o para la vida de la mujer, pero se elimina
  el supuesto de malformación grave del feto, que ya existía en la
  ley de 1985 y recogida en la famosa «doctrina del Tribunal
  Constitucional» que el ministro siempre invoca. Como
  mencionamos anteriormente, el ministro se ha escudado en los
  derechos de las personas con minusvalías para eliminar este
  supuesto, pero esto no casa con los enormes recortes que se han dado
  en la Ley de Dependencia, sanidad y educación, que han dejado sin
  prestación o teniendo que afrontar copagos a miles de dependientes,
  incluyendo niños con minusvalías o enfermedades congénitas
  graves. Naturalmente, todos estos recortes recaen especialmente
  sobre las familias de la clase trabajadora.
  

• Las
  últimas declaraciones del ministro señalan que la interrupción
  del embarazo sí estará despenalizada en aquellos casos en los que
  el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida. Sin
  embargo, por lo señalado en el párrafo anterior, se abre la puerta
  peligrosamente a que los médicos, por miedo a ser culpados de
  cometer irregularidades, retrasen el acceso al aborto en situaciones
  que después podrían demostrarse como irreversibles.

• El
  gobierno no ha anunciado sus intenciones en cuanto a otros aspectos
  de la actual ley, como el acceso a los anticonceptivos. Los
  antecedentes de propuestas del gobierno de marginar a mujeres
  solteras y lesbianas del derecho a la maternidad, al denegarles el
  acceso público a tratamientos de fertilidad, no auguran nada bueno
  en este sentido, y parece que de nuevo se impondrá una ideología
  disfrazada de recortes económicos.
  

Como
vemos la ley propuesta está completamente en consonancia con el
resto de «reformas» o recortes de derechos, que ha ido
realizando este gobierno desde que llegó al poder: se establecen
copagos o tasas para derechos básicos como el acceso a la justicia,
servicios sanitarios y medicinas, matrículas universitarias, etc y
recortes que están mermando servicios tan básicos como la sanidad y
la educación.

Mientras
tanto, algunos sectores siguen prosperando en medio de la crisis,
como la sanidad privada, a los que acudirán los que puedan
costeárselo; y parte de los servicios públicos se privatizan para
poder seguir engrosando las cuentas de resultados y los bolsillos de
unos pocos. Igualmente, los recortes de derechos en la ley del aborto
supondrán de facto la instauración de abortos de primera (aquellos
practicados en el extranjero) y abortos clandestinos de segunda o
tercera, que podrían tener incluso consecuencias fatales.

OTROS
ATAQUES A LAS MUJERES TRABAJADORAS

La
desigualdad entre hombres y mujeres ya era patente antes de la
crisis. A igual trabajo, las mujeres percibían porcentualmente
menores salarios, y eran las que trabajaban mayoritariamente a tiempo
parcial o en condiciones precarias debido a que el mayor peso de los
cuidados y tareas domésticas recaen sobre ellas. Esto se debe a que
las condiciones de trabajo no favorecen, o de hecho son completamente
incompatibles con la conciliación. Sin ir más lejos, el derecho a
la maternidad de las mujeres, del que el ministro Gallardón quiere
aparecer como campeón, está indefinidamente coartado para las
millones de mujeres que saben que las despedirán o no las volverán
a contratar si se quedan embarazadas.

La
crisis, paradójicamente, ha reducido las diferencias de salario
entre hombres y mujeres de las que hablábamos anteriormente, pero no
lo ha hecho mejorando las condiciones laborales de las mujeres sino
empeorando y precarizando las de los hombres. Medidas como la Reforma
Laboral, de éste y del anterior gobierno, ha lanzado a millones de
trabajadores, hombres y mujeres, al paro, a trabajos precarios o a
pérdidas de salarios, con el empobrecimiento de la clase trabajadora
en su conjunto, pero sobre todo de los hombres que hasta antes de la
crisis solían tener los puestos de trabajo más protegidos y mejor
pagados. Aún así, de media las mujeres tendrían que trabajar 80
días al año más que los hombres para percibir el mismo salario,
según datos recogidos en 2010 (La Nueva España, 08/03/2013).

La
crisis además ha afectado especialmente a las mujeres en el sentido
de que ellas asumen mayoritariamente nuevas cargas derivadas de los
recortes. Como ejemplo, los recortes en la Ley de Dependencia, según
informaciones recientes, suponen que cada 10 minutos un beneficiario
se quede sin atención, y que cada media hora se pierda un puesto de
trabajo relacionado con la dependencia. Tanto los trabajadores en el
sector de la dependencia como los cuidadores son en su mayoría
mujeres. Éstas últimas suelen hacerse cargo dentro de la familia de
las personas dependientes mientras llegan las ayudas económicas o
asistenciales, y éstos cuidados son muchas veces incompatibles con
un empleo. Dejando al margen las diferencias de género, los
beneficiarios se están reduciendo en números de miles al año. Es
decir, muchos beneficiarios fallecen (la mayoría de los
beneficiarios son personas mayores) pero la lista de espera sigue sin
avanzar porque no se reponen los servicios. Como sentencian los
expertos «los
fallecimientos de personas dependientes financian el déficit del
Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento del Sistema»
(Público.es, 12/09/2013).

Otros
recortes en sanidad y educación también afectan principalmente a
las mujeres como los copagos en servicios de ambulancia, o de
material necesario para los cuidados del enfermo en el hogar, además
de los aumentos de precio o copagos en comedores escolares. También
en estos casos recae una mayor carga de cuidados sobre las mujeres.
Además, los recortes en tratamientos de fertilidad no afectan
solamente a mujeres lesbianas o solteras, sino a todas las mujeres
trabajadoras ya que por primera vez este año se estableció el
copago de estos tratamientos en varias Comunidades Autónomas.

CAPITALISMO
ASESINO

Todas
estas desigualdades e injusticias se deben al capitalismo, un sistema
asesino de hambre, guerra y explotación, en el que prima el
enriquecimiento de unos pocos a costa de las condiciones de vida de
la mayoría. En el estado español, por ejemplo, hemos presenciado
recientemente los suicidios producidos por las crisis económicas y
los desahucios, e incluso la muerte documentada de un inmigrante en
las Islas Baleares debido a que se le había retirado la tarjeta
sanitaria. Muchos otros han caído en la pobreza e incluso el hambre,
siendo especialmente sangrante la gran proporción de niños en esta
situación.

Las
condiciones más precarias de determinados colectivos (inmigrantes,
diferentes grupos étnicos, mujeres, etc.) favorecen al capitalismo
ya que acaban ejerciendo una presión a la baja sobre las condiciones
de trabajo o derechos del resto de la población. Solamente un cambio
de sistema puede cambiar esta situación de explotación y
desigualdad, donde una pequeñísima minoría controlan la gran
mayoría de la riqueza. Este cambio debe ser hacia una sociedad donde
la propiedad no sea privada sino pública y gestionada
democráticamente, para poder garantizar para todos el acceso
trabajo, vivienda, servicios públicos y, en definitiva, una vida
digna.

DEMANDAMOS:

• Aborto
  libre, gratuito, público y seguro.

• Verdaderos
  derechos reproductivos: derecho a decidir si se tendrán hijos,
  cuándo, y el número de éstos. Acceso gratuito a los métodos
  anticonceptivos para las mujeres que lo demanden.

• Derogación
  de las Reformas Laborales de PP y PSOE que han recortado nuestros
  derechos laborales.

• El
  fin de todos los recortes en servicios públicos como la sanidad, la
  educación, ayudas a la dependencia y servicios sociales. Al
  contrario éstos deben fortalecerse para hacer frente a las
  necesidades de la sociedad.

• ¡No
  al pago de la deuda de los especuladores! ¡Nacionalización y
  gestión democrática del sector bancario! Los recursos así
  liberados deben ponerse al servicio de la sociedad para garantizar
  los servicios públicos, pensiones, etc.
• Por
  el cambio de la sociedad desde el capitalismo en beneficio de una
  minoría hacia una sociedad socialista para el fin de las
  desigualdades y para el beneficio de tod@s.