Artículo publicado como editorial en el periódico número 3 (noviembre/diciembre 2023) de la Alternativa Socialista Internacional en Portugal

Por ASI en Portugal

Puede que no esté claro el grado de corrupción de las empresas objeto de la Operación Influencer, el papel de los ministros y del primer ministro António Costa, la motivación de la fiscalía para lanzar una vaga acusación contra Costa, o su disposición a dimitir el 11-S. Sin embargo, el proceso de caída del gobierno ha dejado al descubierto otras verdades:

El Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) y la falsa transición energética, promovidos por la UE, son motivo de disputas por muchos millones de euros entre sectores de la burguesía, que favorecen el lobby y la corrupción, así como el desprecio por los intereses sociales y medioambientales.

Los grupos de presión y el tráfico de influencias, sean legales o no, son el funcionamiento normal de la democracia capitalista. Los capitalistas discuten sus intereses entre sí y con los representantes del Estado, y estos últimos toman decisiones sobre nuestra vida colectiva en función de dichos intereses, como un comité de gestión de los negocios de la clase dominante. Así lo demuestran los procesos de extracción de litio, la producción y exportación de hidrógeno y la construcción de un centro de datos, alimentado por megacentrales de energía renovable, con declaraciones de impacto ambiental favorables, pero que prometen dañar gravemente el medio ambiente y a las personas. El capitalismo sólo es democrático para unos pocos que concentran el poder económico y político. La corrupción puede surgir como efecto secundario de los grupos de presión y como consecuencia de esta concentración de poder. Sólo la propiedad pública y el control obrero y popular sobre la producción y las nuevas inversiones pueden evitar esta concentración y propiciar una verdadera democracia que satisfaga las necesidades sociales y medioambientales.

Desde las acusaciones del fiscal, la prioridad de los dirigentes del Estado ha sido garantizar que el capital extranjero mantenga sus inversiones. El discurso de Costa del 11 de noviembre fue muy claro en este sentido. Ni una palabra para los que sufren la inflación, la falta de viviendas dignas y asequibles o la destrucción de los servicios públicos, pero más de media hora dedicada a hablar con los inversores, posiblemente a petición de las instituciones de la UE. Costa quiso dar garantías de que las inversiones objeto de la investigación judicial están a salvo, de que el lobby funciona en Portugal y de que el Estado hará todo lo posible para garantizar la acumulación de capital para estos y futuros inversores. Este episodio muestra la posición periférica de Portugal en la UE, en este caso esencialmente como exportador de materias primas para las industrias europeas (litio e hidrógeno), y su servilismo al capital extranjero, especialmente a las burguesías más fuertes de la UE.

La crisis del gobierno del PS, incapaz de ofrecer garantías de estabilidad a la clase capitalista a pesar de su mayoría absoluta, se ha hecho evidente. Los dos últimos años han estado marcados por las sucesivas dimisiones de ministros por su implicación en negocios sucios, con el Presidente de la República incluso implicado en favoritismos indebidos en el hospital Santa María, el deterioro de los servicios públicos y de las condiciones de vida y el crecimiento del número de huelgas y grandes manifestaciones. En particular, el hecho de que el gobierno del PS se haya mostrado incapaz de impedir el impacto de las huelgas en los sectores de la salud y la educación y las crecientes movilizaciones por el derecho a la vivienda deberían causar temor entre la clase dirigente. Estas son las circunstancias que llevan a la disolución del Parlamento tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 (OE24) y a la convocatoria de elecciones legislativas para el 10 de marzo, con el objetivo de dotar de mayor credibilidad a las instituciones y formar un gobierno menos frágil.

Sin embargo, la formación de un gobierno más estable que dé mejores garantías a la burguesía está lejos de estar garantizada, tal es el descrédito de sus instituciones. Ni el PS, con un nuevo líder, ni el PSD, sin alternativa al SB del PS, parecen capaces de obtener la mayoría absoluta. Como consecuencia de la crisis capitalista, la radicalización de los sectores reaccionarios de la burguesía y la pequeña burguesía y la preponderancia de la corrupción en el discurso público, la extrema derecha está creciendo, habiendo ganado un 17% en las últimas encuestas, sin que esté claro si el PSD se aliará con Chega para formar gobierno. En el actual contexto de empobrecimiento, tanto una mayoría de derechas como una nueva Geringonça liderada por Pedro Nuno Santos o un gobierno de bloque central serán débiles.

Intensificar las luchas

Cualquiera que sea la composición del próximo gobierno, es poco probable que disminuya la voluntad de lucha mostrada a lo largo de 2023. El SB24 del PS será aprobado por un parlamento al borde de la disolución, lo que no molesta a la derecha que, a pesar de votar en contra, apoya su política. Se trata de un presupuesto superavitario, complaciente con los estupendos beneficios que la banca y las grandes empresas obtuvieron en 2022 y 2023, que prioriza el pago de la deuda y, sobre todo, el no aumento del gasto permanente, es decir, el marchitamiento de los servicios públicos. Un SB que baja el IRS, el impuesto más progresivo, que no beneficia al 40% de las familias que ganan menos de 11.480 euros brutos al año, pero sube los impuestos indirectos regresivos que afectan más a los más pobres. No sube los salarios y las pensiones por encima de la inflación, no resuelve los problemas de acceso a la vivienda, no invierte en los servicios públicos ni en la carrera profesional de sus profesionales. Y, sobre todo, es un SB más de austeridad, que ayuda a las grandes empresas a mantener beneficios récord y que sirve a los intereses de quienes hacen negocio con la vivienda, la sanidad y la educación.

Intensificar la lucha laboral y social es la mejor manera de prepararnos para presionar al próximo gobierno, sea cual sea. Pero también es la mejor arma para no dejar espacio al crecimiento de la extrema derecha. Ésta no tiene soluciones para los problemas de la clase obrera y la juventud, y sólo puede encontrar espacio para su discurso de división y represión cuando la lucha social, que realmente apunta a demandas y soluciones, no está en el primer plano de la vida pública. La reciente movilización de estudiantes y activistas climáticos para expulsar el discurso de odio de Chega de la facultad de FCSH en Lisboa demuestra que con unidad y movilización ¡podemos quitarle el escenario a la extrema derecha!

Las luchas actuales, contra el OE24, contra las masacres en Palestina, contra la minería y los proyectos que destruyen el medio ambiente, de los diversos sindicatos y sectores económicos, de los trabajadores de la salud y la educación, por una Vida Justa, por Hogares para Vivir y por la justicia climática, deben buscar organizarse y unirse. Hace aproximadamente un año, la lucha en las escuelas, propuesta por el sindicato STOP, mostró el camino a seguir con la formación de comités de huelga democráticos y la unidad y movilización de cientos de miles en las calles. Pero ¡queremos estar más organizados y ser más eficaces! La situación a lo largo de 2023 muestra el potencial de unir las luchas a través de un plan de huelgas intersectoriales que defiendan más eficazmente los servicios públicos, los salarios y las viviendas en buenas condiciones para todos.

Por una alternativa obrera

La lucha social y laboral es también el terreno del que debe surgir una alternativa política de los trabajadores, también para afrontar las elecciones del 10 de marzo. Debemos ser conscientes de la importancia de combatir el crecimiento de la extrema derecha y la posibilidad de un gobierno y una mayoría parlamentaria de derechas y ultraderecha, en las calles y votando a la izquierda parlamentaria. Pero también del hecho de que una nueva Geringonça, que busque la paz social y la conciliación entre las clases, como pretende Pedro Nuno Santos, no resolverá los problemas reales de los trabajadores ni las contradicciones y barbaridades del capitalismo, e incluso podría servir para sofocar las luchas.

Todos los que luchan, incluidos el BE y el PCP, deben aprender de los errores de Geringonça, rechazar la conciliación de clases, buscar unirse en un frente único y formar una alternativa política real, en torno a un programa que parta de los intereses, reivindicaciones y luchas de la clase trabajadora y asuma la ruptura con la lógica capitalista de la necesidad de lucro y con sus instituciones. Este programa debe ser el necesario para la eventual viabilidad de un futuro gobierno, pero también, y sobre todo, el mínimo por el que no renunciaremos a luchar en el próximo período, con unidad y organización democrática, sea cual sea el gobierno. Proponemos que este programa exija:

• Cancelación de los grandes proyectos que dañan el medio ambiente.
• Control de los alquileres y precios asequibles para los productos de primera necesidad. Precios máximos.
• Indexación de salarios y pensiones por encima de la inflación, en los sectores público y privado. Aumento inmediato de todos los salarios en 1,5 euros/hora.
• Los salarios mínimos y las pensiones deben ser suficientes para vivir: ¡al menos 1.000 euros/mes ya!
• Fiscalidad progresiva de los beneficios y las grandes fortunas para financiar la inversión en servicios públicos gratuitos y una transición justa: transportes, guarderías, escuelas, comedores, viviendas, vivienda y sanidad.
• ¡La vivienda, la sanidad y la educación son derechos, no mercancías! Expropiación de los fondos y agencias inmobiliarias, de los grandes propietarios y de las viviendas vacías, así como de las grandes empresas y de las infraestructuras sanitarias y educativas.
• Viviendas públicas masivas bajo control de comités de vecinos y trabajadores: nacionalización de las grandes constructoras para rehabilitar, mantener y construir viviendas de calidad, confortables y con alquileres asequibles, garantizando una vivienda digna para todos.
• No controlamos lo que no nos pertenece: nacionalización de los sectores de la distribución y la energía bajo control democrático: por el control de los precios, energía 100% renovable y asequible.
• Interés cero en los préstamos para la primera vivienda. Nacionalización del sector financiero para controlar los intereses, el crédito y los flujos de capital y financiar las inversiones socialmente necesarias.