11/02/2014, publicado originalmente en el número de Febrero de «La Brecha», publicación de Socialismo Revolucionario. 

Victor Egío, SR Murcia.

Desde que en 2011 estallara el llamado caso de los ERE en Andalucía los llamados sindicatos mayoritarios se han visto sacudidos un mes tras otro por nuevas acusaciones de corrupción (facturas falsas, financiación ilegal,…) que han contribuido sin duda a hundir progresivamente su reputación. No faltarán entre la izquierda quienes se alegren de ver en horas bajas a unas organizaciones a las que se ha acusado con frecuencia de haber perdido por completo su carácter de clase y de no ser más que los gerentes amables de una paz social construida sobre renuncias y más renuncias por parte de la clase trabajadora. Sin embargo, no debemos perder de vista el contexto histórico general que atravesamos y los intereses de clase en juego. 

Entre 2010 y 2012 CCOO y UGT secundaron la convocatoria en el Estado Español de hasta 3 huelgas generales (29S 2010, 29M 2012, 14N 2012), tras casi una década de absoluta desmovilización. ¿Es casual que salgan a la luz precisamente ahora estas acusaciones, que apuntan en el fondo a un modelo de financiación basado en las subvenciones a los cursos de formación, modelo que durante los últimos 20 años parecía aceptado por sindicatos, partidos políticos y patronal? Sin duda que no. La extraordinaria cobertura mediática de estos casos de corrupción, ni mucho menos tan importantes como los que han sacudido al sector bancario y financiero, persigue un objetivo claro: maniatar a aquellas organizaciones en las que reside el arma más poderosa de la clase trabajadora organizada, la huelga general. El mensaje de los medios al servicio del poder es claro: a más huelgas generales, mayor contundencia contra la «corrupción» sindical…¡más les vale estarse quietos!

Pero más allá de este chantaje esta campaña persigue también poner en cuestión la existencia misma de los sindicatos y su necesidad. Individualizar la relación entre patrón y trabajador, sin embargo, sería el principio del fin de los derechos sociales que tantas décadas costó conquistar: un trabajador por sí mismo no tiene ninguna posibilidad de obtener un trato favorable en la negociación individual con su patrón. En un país en el que 1 de cada 3 ciudadanos se encuentran en paro y amenazados por una pobreza galopante que les llevaría a aceptar condiciones laborables indignas, la negociación colectiva resulta un derecho irrenunciable.

Esta crisis implica por otro lado, y ésta es la conclusión positiva que merece la pena extraer, la absoluta necesidad de repensar el modelo sindical y volver a empezar sobre nuevas bases incorruptibles. Los sindicatos no pueden seguir basando su financiación en unas subvenciones estatales que, si bien preveía la Constitución, se han convertido con los años en la zanahoria con la que el gobierno de turno ha comprado la paz social. Renunciar a esta fuente no supone sin embargo su final. Las organizaciones de clase disponen de otra fuente de financiación más valiosa y fundamental: las cuotas de sus militantes y los frutos de su labor (p.ej. a través de la venta de periódicos, merchandising o la organización de eventos solidarios). Sin embargo, solo un sindicato permanente movilizado y a la vanguardia del conflicto social puede sumar militantes e incentivar su activismo. Ese es el verdadero reto para salir reforzados en esta hora crucial.