El 8 de marzo del año pasado, si bien no vio otra Huelga Feminista de las proporciones de 2018 y 2019, sí que fue otra jornada de lucha masiva con huelga convocada en algunas zonas entre el propio domingo 8 de marzo y el lunes siguiente, y millones de mujeres y hombres protestando contra la violencia machista, y contra el machismo y la discriminación que sufrimos las mujeres trabajadoras como cuidadoras, en las calles, en nuestros trabajos, ante los tribunales, etc.

Durante la semana siguiente no vimos solamente como se multiplicaban los casos de COVID-19, se saturaban los hospitales y llegaban en cascadas las restricciones hasta el confinamiento que se impuso sobre todo el estado, uno de los más restrictivos de Europa y el mundo. También tuvimos que sufrir por feministas los ataques habituales de la derecha, esta vez culpándonos de la multiplicación de la pandemia por las protestas del 8 de marzo, unos ataques especialmente hipócritas ya que éramos precisamente las mujeres las que más decisivamente estábamos luchando contra la pandemia.

Al fin y al cabo, las mujeres somos la mayoría del sector sanitario (por supuesto las enfermeras por abrumadora mayoría, pero también son mayoría las médicas sobre los médicos), al igual que en otros muchos sectores en primera línea de lucha contra el coronavirus o esenciales durante el periodo de confinamiento como las cajeras de supermercados.

La pandemia destapó las carencias de servicios esenciales que se deberían realizar de manera pública, como las residencias de ancianos y la ayuda a domicilio. Estos servicios están en muchos casos privatizados y bajo el control de empresas que explotan a sus trabajadoras con sueldos y condiciones miserables, mientras los usuarios reciben servicios insuficientes. Estas trabajadoras tuvieron además una gran carencia de equipos de protección (EPIs) contra el coronavirus. Pero también se destapó que incluso en la sanidad pública hubo esta falta de EPIs, además de contratos también muy precarios en el caso de las enfermeras.

Las mujeres además estamos siendo las principales víctimas de la crisis económica no causada pero sí desencadenada por la pandemia. Durante el confinamiento, se perdieron más de 900.000 puestos de trabajo que no percibieron ni ERTE ni prestación por desempleo, y en su mayoría se trataba de mujeres, ya que nosotras solemos tener los trabajos más precarios y con peores condiciones, muchas veces ni siquiera con contrato. Aún hoy, hay aproximadamente medio millón de trabajadores en ERTE (por lo tanto, contando como activos a pesar de no estar trabajando), pero aún así el desempleo se sitúa en más de 16%, más del 18% en el caso de las mujeres. Estas condiciones de precariedad y desempleo masivo están aumentando la pobreza extrema, incluyendo las colas del hambre a las puertas de los “bancos de alimentos”.

Y al igual que durante el confinamiento aumentó la violencia machista ante la situación de unas víctimas que pasaban las 24 horas del día con su maltratador, ahora nos podemos encontrar con las mismas situaciones de maltrato y que las mujeres no se vean capaces de salir de estas relaciones, pero esta vez por causa de las condiciones de pobreza y dependencia económica y desempleo afectando principalmente a las mujeres (y también a las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por una mujer). Las mismas causas pueden llevar a mujeres a no denunciar abusos o agresiones sexuales en sus puestos de trabajo, por miedo a perder el empleo en medio de una brutal crisis económicas, o en otras situaciones de dependencia como en de arrendadores, etc. 

Los gobiernos de todos los signos a nivel municipal, autonómico e incluyendo el gobierno estatal de PSOE-Unidas Podemos (que se dice progresista y feminista) se han mostrado completamente incapaces de gestionar la pandemia, al poner la apertura económica sobre la salud, no aumentar el personal sanitario y educativo, y tampoco han evitado la situación de extrema pobreza. Mientras algunas medidas como la introducción de una renta mínima vital o la subida del salario mínimo han sido bienvenidas por los trabajadores, estas mejoras no llegan por trabas burocráticas o se retrasan nuevas subidas del salario mínimo bajo la presión de la patronal.

Es más necesario que nunca continuar la lucha del movimiento feminista, de forma decidida y coordinada a nivel estatal para cambiar estas realidades. No nos basta con esperar las reformas tardías e insuficientes del gobierno, sino que necesitamos un cambio de sistema que ponga las necesidades de las personas sobre los beneficios empresariales y que termine con todo tipo de discriminación y opresión.