22/10/2013, Juan
Bértiz, SR Barcelona. Publicado originalmente en el número de octubre de «La Brecha», periódico de Socialismo Revolucionario.

Desde
el estallido de la crisis se ha acelerado el proceso de recortes y
desmontaje de los derechos sociales y laborales, ganados durante
decenios, gracias principalmente a luchas sindicales de los
trabajadores, muchas veces en circunstancias adversas. A pesar de la
intensidad de dichos recortes, se pensaba que las pensiones iban a
quedar al margen de este proceso, que se iba a respetar a un sector
ya de por sí débil, pero que se había ganado, en buena medida por
los muchos años de trabajo y de cotizaciones, sus pensiones de las
que dependen en gran medida la seguridad económica de personas que,
nos parece importante reiterarlo, han quedado fuera del mercado
laboral.

Asistimos
sin embargo a una nueva vuelta de tuerca, una medida que bien podemos
considerar la medida más grave de la política de austeridad y una
verdadera ofensiva contra los trabajadores en general, ante lo cual
los sindicatos no pueden quedar al margen ni mantener la misma
actitud hasta cierto punto pasiva que han tenido hasta ahora. El
Gobierno de Rajoy plantea ahorrar, según datos propios, 30.000
millones de euros con esta política, a partir de una variación en
el índice de revalorización de las pensiones, que se aplicará a
todos los pensionistas a partir de 2014, y que ya no se basará en la
inflación sino en un conjunto de factores como previsiones de gastos
e ingresos, y en el denominado factor de sostenibilidad, que se
aplicaría a los nuevos pensionistas a partir de 2019 y que se basa
en la esperanza de vida como factor adicional a la baja en el cálculo
de la pensión. Otros analistas sostienen que con predicciones más
realistas de inflación, el «ahorro» ascendería… ¡a más
de 60 mil millones!

Si
el gobierno quiere ahorrar dinero, ha de buscar en otros ámbitos –
recortando los millones que se gasta en la monarquía parásita, por
ejemplo – nunca en el de unos derechos que no son superfluos, sino
básicos para millones de personas, para sus vidas y su dignidad como
personas.

No
se puede olvidar tampoco que las pensiones, en los últimos años,
apenas se han revalorizado, por lo que ha habido una pérdida del
poder adquisitivo de los pensionistas. Y con este recorte el actual
gobierno va a golpear unos derechos básicos. Se calcula que la
bajada podrá llegar a ser hasta de doscientos euros en pensiones de
mil euros, una verdadera sangría para miles de personas, en un
momento, además, en que muchas familias se han quedado sin empleo y
buena parte de ellas sin ningún ingreso, pues también los subsidios
y ayudas sociales se han visto afectados por los recortes.

Nos
resulta evidente que el gobierno de PP pretende dar un paso peligroso
para todos los trabajadores y buena parte de las clases medias. Está
aprovechando la puerta abierta facilitada por el gobierno anterior,
de Zapatero, al aumentar la edad de jubilación a los 67 años y
congelar las pensiones, con lo que iniciaba una peligrosa deriva,
como lo vemos ahora, para ahondar todavía más en esta política de
austeridad que es, sobre todo, un retroceso social sin paliativos.

Hay
que tener en cuenta que afecta a todos los trabajadores, cualesquiera
que sean sus condición, pero sobre todo a los más jóvenes y a los
sectores que cuentan ahora con contratos reducidos y/o precarios. Han
aumentado los periodos de cotización necesarios para cobrar unas
pensiones mínimas, a lo que se suma estas medidas: el resultado es
mayor pobreza e incluso miseria en un sector, repetimos, que posee
menos mecanismos de supervivencia, que en muchos casos se estaban
volviendo un factor de contención social y cuya repercusión será
gravísima.

Se
trata de toda una agresión ante la cual los sindicatos, la
izquierda, la clase trabajadora y los jóvenes han de responder sin
el mínimo género de dudas, porque una derrota en este ámbito,
sobre todo una derrota sin haber combatido, supondría el mayor de
los fracasos sociales de los últimos años del que no nos
repondríamos en lustros. Ante un ataque tan generalizado que
pretende acabar con los derechos conquistados de toda la clase
trabajadora, los dirigentes sindicales no pueden seguir bloqueando el
paso a una vuelta de movilizaciones generales, y han de convocar un
plan de lucha que incluya una huelga general como punto de partida
para acabar con este gobierno y toda su agenda de miseria y
empobrecimiento planificado. Si no se muestran dispuestos, los
trabajadores nos tenemos que ir organizando desde abajo para exigir
un plan de lucha como hace falta.