Fue un asesinato, uno más. ¡Violencia social, racista y policial: todo el sistema es culpable!

¡Transformar la rabia en un movimiento de masas en barrios y lugares de trabajo!

El horrible asesinato racista del joven Nahel a manos de un agente de policía en Nanterre el 27 de junio desató una ola de indignación y revuelta contra el racismo sistémico y la implacable violencia policial, en particular contra los jóvenes de origen magrebí o subsahariano. El poderoso movimiento social contra la reforma de las pensiones debe servir de base para organizar y construir una lucha de masas contra la violencia racista y policial, y contra el sistema capitalista.

Declaración de Alternative Socialiste Internationale – Francia

Los hechos son bien conocidos. Durante un control policial, Nahel Merzouk, un adolescente de 17 años, recibió un disparo mortal de un agente de policía. Éste le había amenazado con su arma unos segundos antes, diciéndole que apagara el motor o «te dispararé en la cabeza». Asustado y presa del pánico, Nahel arrancó su coche. Recibió un disparo directo en el hombro y el pecho, que le dejó sin posibilidades de sobrevivir. La historia podría haber acabado ahí, como tantas otras veces. La policía habría alegado legítima defensa ante la «embestida» de un vehículo contra un agente. Pero un vídeo captó la escena y reveló inmediatamente la mentira policial.

Nahel se suma a una larga lista de jóvenes de origen magrebí o subsahariano muertos durante una acción policial. 15 días antes que Nahel, otro joven, Alhoussein, de 19 años, fue asesinado por la policía en Angulema cuando salía para el trabajo.

Para estos jóvenes, la injusticia no es sólo un sentimiento. A menudo se archivan los casos y rara vez se condena a los asesinos de la policía. El miedo a enfrentarse a un control policial sólo tiene parangón en el odio a las instituciones de un sistema que sólo existe para oprimir y humillar a estos jóvenes de barrios populares.

Esta revuelta es la voz de los que no son escuchados. Para que se les escuche a ellos y a todas las demás víctimas de la violencia policial, y para obtener justicia, es necesario construir un movimiento de lucha de masas. La izquierda sindical y política debe comprometerse con la solidaridad activa.

Macron acumula crisis

El asesinato de Nahel representa una nueva crisis para el Gobierno de Macron, que se ha visto obligado a admitir que existe un problema. «Inexplicable» e «inexcusable», se vio obligado a declarar Macron tras el asesinato filmado del joven. Está claro que esto no gustó a los sindicatos reaccionarios de la policía, como Alliance, que se sintieron defraudados por el Presidente. Una crisis más para Macron.

El asesinato de Nahel también ha puesto a la extrema derecha en una posición difícil. El programa de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen incluye, por ejemplo, permitir a los policías y gendarmes usar la fuerza bajo la presunción de legítima defensa. Esa presunción ya existe en muchos casos, pero la RN quiere hacerla indiscutible en todos los casos, así como, por ejemplo, imposibilitar la presentación de una denuncia contra los policías. Baste decir que, cuando los periodistas le entregaron el micrófono tras la muerte de Nahel, Le Pen no se mostró orgullosa y respondió que hablaría más tarde, porque supuestamente «aún no había visto el vídeo»…

Pero para la derecha y la extrema derecha, toda crisis suele presentar una oportunidad. Y esta oportunidad para ellos no se hizo esperar, con la instrumentalización de las revueltas que se iniciaron en los barrios tras este nuevo asesinato policial.

«La revuelta es el lenguaje de los que no son escuchados». – Martin Luther King

Desde la primera noche tras el asesinato de Nahel, miles de jóvenes, en su mayoría de origen inmigrante, se amotinaron en los barrios populares de las grandes ciudades. Hay muchas referencias a las revueltas de 2005 tras la muerte de los jóvenes Zyed Benna y Bouna Traoré durante una acción policial en Clichy-sous-Bois.

Pero estas comparaciones a menudo pasan por alto un punto importante: muchas cosas han cambiado desde 2005, y no sólo la omnipresencia de las redes sociales.

Sobre todo, en los últimos 20 años se ha agravado la falta de inversión en servicios públicos, de forma exponencial año tras año. Las políticas de austeridad y recortes presupuestarios que han atravesado el periodo del neoliberalismo desde principios de la década de 1980 han causado un daño inconmensurable. Sobre todo para los más vulnerables económicamente. Tanto es así que, en algunos barrios, las personas jubiladas que viven en viviendas sociales con ingresos insuficientes para pagar el alquiler reciben ayuda económica de personas más jóvenes para que puedan seguir viviendo en la urbanización.

Esta falta de perspectivas positivas de futuro ya era patente en 2005 para amplios sectores de jóvenes que viven en estos barrios, sobre todo los de origen inmigrante. Pero, ¿de qué perspectivas hablamos hoy? Todo ha empeorado. La frustración y el enfado son mayores y están más extendidos que nunca. Reducir la actual explosión de cólera a las redes sociales o a los «videojuegos» (como ridículamente dijo Macron) es ante todo una forma de minimizar sus causas sociales. Y si esta cólera se ha extendido tan rápidamente por toda Francia, y no sólo a las ciudades más grandes, es porque estas causas sociales son sistémicas y se pueden encontrar en todas partes.

En las revueltas vecinales de hoy en día, la policía se enfrenta a jóvenes que han sido discriminados y humillados desde una edad temprana, un proceso que se acentuó durante la pandemia del covid-19. Sin duda, estos jóvenes no han sido objeto de perfiles raciales hasta hace poco.

Pero la respuesta de las autoridades ha sido «más de lo mismo». Una vez más, más «seguridad», con movilizaciones policiales récord, tanques desfilando arrogantes por las calles de los barrios, e incluso el envío de unidades dedicadas a la gestión de rehenes o a la lucha antiterrorista (BRI, GIGN, RAID). También habrá toques de queda y cierre de los transportes públicos por la noche. Al mismo tiempo, el Ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, ha enviado una circular a los fiscales en la que pide «una respuesta penal rápida, firme y sistemática» para los jóvenes detenidos durante las manifestaciones.

No hay mejor manera de avivar el fuego, cuando apenas han pasado unos días de la muerte del joven Nahel. Como si más seguridad fuera a solucionar un cóctel explosivo de discriminación y humillación racista creado por las instituciones y la pérdida de rumbo y de futuro.

Con la violencia policial, las autoridades pretenden muy conscientemente estimular más violencia por parte de los jóvenes en revuelta para desviar la atención e intentar sembrar la discordia en nuestra clase social.

Esta respuesta autoritaria del gobierno da alas a las organizaciones de extrema derecha. Los reaccionarios sindicatos de policía Alianza y Unsa echaron aún más leña al fuego, con una declaración racista el 30 de junio en la que llamaban a endurecer la represión: «Frente a estas hordas salvajes, ya no basta con pedir calma, hay que imponerla»; «Ahora no es el momento de la acción sindical, sino de la lucha contra estas ‘plagas'»; «Hoy la policía está en combate porque estamos en guerra. Mañana estaremos en resistencia, y el gobierno tendrá que darse cuenta de ello». (Nótese que Educación y el Secretario General de la UNSA condenaron el comunicado de prensa). Esto es un reflejo de la polarización que existe y que se está estimulando: un fondo de apoyo al policía que efectuó el disparo mortal ha recaudado más de 1 millón de euros de más de 50.000 donantes (a 3 de julio); fue lanzado por el político de extrema derecha Jean Messiha, antiguo miembro de la RN y luego antiguo partidario de Éric Zemmour.

Violencia racista y social; violencia policial; y violencia del movimiento

Las revueltas en los barrios incluyen episodios de robos, incendios provocados y saqueos. Ante todo, es importante aclarar que la violencia primaria es racista y socioeconómica, y se deriva de las políticas aplicadas por el sistema y ahora por Macron. Estas son las políticas que estimulan la ira y su expresión de diferentes maneras, y por lo tanto también estimulan la violencia por parte de algunos de los sublevados.

En segundo lugar, la violencia proviene de las fuerzas del orden: la violencia policial racista. Todo esto estimula también la violencia de los barrios.

El gobierno y la extrema derecha se aprovechan hoy de ello, pero es demasiado fácil ocultar los problemas del sistema detrás de estos estallidos. También son consecuencia de las políticas aplicadas en las últimas décadas y acentuadas por Macron, y por tanto del odio que existe hacia las instituciones. Los principales objetivos son los edificios más representativos de las instituciones del sistema, como ayuntamientos y comisarías, así como los edificios de las grandes cadenas comerciales, junto a otras cosas rotas o incendiadas.

Que la violencia provenga de una parte de la juventud sublevada es en gran medida comprensible; es una expresión de rabia ciega contra el sistema, pero no es, por supuesto, la solución. Para estos barrios, que sufren la relegación social y la pobreza, y que ya están abandonados a los servicios públicos, es un doble golpe: a menudo son los bienes públicos los que se ven afectados, como autobuses, centros comunitarios, escuelas y farmacias, pero también los coches que pertenecen a los residentes de estos mismos barrios. Tristemente, es nuestra clase, nuestros barrios, los que sufren las consecuencias de los ataques a bienes que pueden beneficiar a toda la comunidad, abriendo una brecha entre nuestras filas.

Estos robos, incendios y saqueos también pueden ser aprovechados por el bando contrario, para dividirnos y endurecer su enfoque liberticida y el aparato represivo del Estado. La clase dominante puede entonces utilizar precisamente estas debilidades de estas revueltas, movilizando todo su arsenal y en particular los medios de comunicación dominantes para dirigirlos contra la revuelta, hacia la división e incluso el olvido de aquello para lo que existen estas revueltas.

Al final, todos estos destrozos, incendios y saqueos debilitan la protesta. Es a través de la fuerza en los números y la unidad en la lucha de toda la clase obrera y la juventud como podremos arrancar soluciones reales.

Cuando el Estado se ocupa de estos jóvenes, lo hace para humillarlos

Desde que asumió el cargo en 2017, Macron lanzó de inmediato un ataque frontal contra los trabajadores y los jóvenes con políticas de austeridad y restricciones a los derechos sindicales. Pero también acompañó esta guerra de clases con un aumento del autoritarismo del Estado y sus fuerzas del orden, al tiempo que alentó el racismo sistémico inherente al sistema capitalista. Cuando se ataca a la mayoría de la población, es mejor dividir y conquistar.

La brutalidad política de Macron contra los trabajadores y los jóvenes ha sido un verdadero trampolín para el crecimiento de la RN. El racismo de Estado y la estigmatización constante han aumentado: de la ley global de securitý a la ley sobre el separatismo y la caza del «islamo-gauchismo»… Macron y sus gobiernos no han dejado de alimentar la división y de acumular promesas a la extrema derecha.

Por eso no sorprende que Marine Le Pen lidere las encuestas, a pesar del poderoso movimiento social contra la reforma de las pensiones. Macron y sus ministros quieren que la RN sea vista como la «verdadera» oposición. Por eso ellos, mucho más que la RN, destilan ahora conscientemente racismo y división, en particular con la ley de los Juegos Olímpicos de 2024, la próxima ley de inmigración y la operación militar racista contra los inmigrantes comoranos en Mayotte («Operación Wuambushu»), y por supuesto hoy de nuevo con la respuesta autoritaria y racista de Darmanin y su policía a las revueltas en los barrios obreros (ver más abajo).

Las políticas neoliberales aplicadas en particular desde el «giro de austeridad» de Mitterrand en 1983 y en las décadas siguientes han destruido los servicios públicos, con consecuencias tangibles que se sienten en todas partes, pero especialmente en los barrios obreros, donde la pobreza va en aumento. Viviendas insalubres, perspectivas de empleo difíciles, falta de acceso a la sanidad y a los servicios públicos básicos: allí más que en ninguna otra parte, la desinversión en todos los aspectos de la vida se deja sentir cruelmente. La falta de perspectivas de futuro es el denominador común de gran parte de los jóvenes que viven en estos barrios. Y para intentar enmascarar esta pobreza y esta falta de perspectivas, el sistema necesita aún más el arma de la división, en particular el racismo.

La actitud agresiva de la policía en los barrios pobres, donde las personas de origen inmigrante están sobrerrepresentadas, está diseñada para mantener a la gente atrapada en viviendas y escuelas deficientes y para mantenerlos en una forma de segregación. Y los políticos racistas intentan presentar a estas poblaciones como una amenaza para los estratos «blancos» de las clases medias y trabajadoras con el fin de conseguir un mayor apoyo para sus políticas represivas.

«No hay capitalismo sin racismo» – Malcolm X

En esta sociedad, el racismo es sistémico. Al igual que otras opresiones de la sociedad (en particular el sexismo y la LGBTQIA+fobia), el racismo es un arma utilizada conscientemente por la clase dominante y sus instrumentos políticos para imponer sus políticas más fácilmente evitando tener que enfrentarse a una clase trabajadora unificada.

El Estado francés siempre ha destacado en este sentido. Desde la introducción de la esclavitud sobre la base del comercio triangular con las Antillas hasta el asesinato de Nahel, las autoridades francesas siempre han aplicado políticas que confinan a las personas de «color» a un estatus de inferioridad, durante mucho tiempo abiertamente, ahora ya no de palabra pero siempre en la práctica.

El perfil racial no es un mito: en Francia, una persona negra o de origen magrebí tiene entre 6 y 7 veces más probabilidades de ser detenida que una persona blanca. Si a esto añadimos que los jóvenes de entre 18 y 25 años tienen 7 veces más probabilidades de ser parados que la media, las estadísticas muestran que un joven de origen negro o magrebí tiene 20 veces más probabilidades de ser parado. Y eso es sólo un estudio, que probablemente subestima la realidad.

El racismo es sistémico, y no sólo en los controles policiales: discriminación en la contratación y el acceso a la vivienda, infrarrepresentación en la educación y la formación que conducen a empleos con mejores condiciones laborales y salariales, sobrerrepresentación en los trabajos no cualificados peor pagados, etc.

Violencia racista y policial: la promesa de la injusticia

Es un hecho que el uso de armas por parte de la policía, así como los asesinatos, han aumentado bajo Macron, a pesar de que la adopción de la ley sobre el uso de armas por parte de la policía fue introducida en febrero de 2017 bajo Hollande, por el primer ministro Bernard Cazeneuve, justo antes de que Macron llegara al poder. De 2017 a 2021, el uso de armas por parte de los agentes de policía aumentó un 26% en comparación con 2012-2016. Incluso hubo un aumento del 39% en el uso de armas contra un vehículo.

Pero el cambio de la ley no es el único factor que acelera la violencia policial. La llegada de Gérald Darmanin al Ministerio del Interior ha dado un vuelco a la violencia mortal: como señala la revista online Basta!, desde 2020 se ha duplicado el número de personas muertas por disparos de la policía y se ha triplicado el número de fallecidos tras una detención.

Las condenas de policías asesinos son extremadamente raras. Podemos imaginar que el asesino de Nahel, dada la existencia de este vídeo y dada la presión, probablemente debería ser condenado. Sobre todo porque ha sido abandonado por una parte de su jerarquía y por las autoridades políticas, que juegan a la estrategia del «policía violento aislado», en un intento de evitar que se señale a toda la institución. Pero los jóvenes de los barrios populares saben muy bien que no se trata de un problema de individuos dentro de la policía, sino de una violencia racista generalizada, estimulada por las autoridades políticas y dentro de la propia policía.

El gobierno puede escudarse en el invariable «dejemos que la ley haga su trabajo», pero muchos sabemos que en este tipo de casos, como en muchos otros, la ley no hace lo que se espera de ella. En una sociedad formada por diferentes clases sociales con intereses antagónicos, el papel de las distintas instituciones es, en última instancia, defender a la clase dominante. En nuestra sociedad, ésta es la clase capitalista. Y es de justicia de clase de lo que estamos tratando.

El papel del Estado; el papel de las fuerzas del orden

Como explicó Friedrich Engels hace más de cien años, la aparición del aparato represivo del Estado -ejército, policía, prisiones, etc.- refleja históricamente la división de la sociedad en clases sociales con intereses antagónicos que no pueden conciliarse. El Estado está formado, en palabras de Engels, por «destacamentos especiales de hombres armados», que mantienen el conflicto de clases «dentro de los límites del orden» pero que, en última instancia, defienden los intereses de la clase dominante (para más información: El Estado y la revolución, de Lenin). La represión y la amenaza de la violencia son parte integrante de la protección de la riqueza y la dominación de la clase dominante en una sociedad tan desigual como la nuestra.

Por eso, la represión por parte del brazo armado del Estado capitalista es generalizada contra cualquier movimiento social que amenace los intereses de la clase dominante. La embestida policial contra el movimiento de los Gilets Jaunes a finales de 2018 y en 2019 hirió a 25.000 manifestantes, entre ellos 353 en la cabeza, 30 que resultaron rozados y 6 manos arrancadas; así como la muerte de Zineb Redouane, un octogenario argelino que vivía en Marsella.

El poderoso movimiento social contra la reforma de las pensiones también fue objeto de una impresionante represión policial: una granada disuasoria voló el párpado de un sindicalista ferroviario de SUD Rail en París, y una granada arrancó el pulgar a un trabajador de apoyo a los alumnos discapacitados (AESH) en Ruán. En los sectores y empresas donde el personal ha estado en huelga renovable (refinerías, recogida y tratamiento de residuos, etc.), la violencia del Estado capitalista también se ha puesto de manifiesto, a través de sus fuerzas de justicia y policía, con el forzamiento de los piquetes y la requisa del personal para reanudar el trabajo.

Durante la pandemia, los trabajadores sanitarios fueron aplaudidos oficialmente por las autoridades, pero cuando se manifestaron para pedir más medios y personal, la respuesta fue invariablemente porras y gases lacrimógenos.

También los jóvenes, sobre todo en los últimos años, son un objetivo prioritario de la represión policial. La clase dominante conoce el riesgo de que los jóvenes se levanten y arrastren tras de sí a sectores enteros de la clase obrera. Cuando se movilizan contra las políticas antiecológicas, o contra la arrogancia antidemocrática de Macron durante el movimiento contra la reforma de las pensiones, son atacados directamente. Gases lacrimógenos, cargas con porras, disparos de LBD, granadas de disuasión, cargas policiales contra las procesiones, atrapamientos arbitrarios y detenciones policiales…

En marzo, una grabación de audio mostró que jóvenes manifestantes detenidos habían sido abofeteados, intimidados, insultados (incluidos insultos racistas) y amenazados físicamente por agentes de policía de la BRAV-M (Brigada de Represión de la Acción Violenta – motorizada). También se denunciaron abusos sexuales a mujeres jóvenes mientras las llevaban a comisaría. El objetivo de todo esto es atemorizar a la gente y silenciar a los movimientos sociales.

La policía no puede ser «abolida» en una sociedad capitalista. Mientras los capitalistas estén en el poder, tendrán que encontrar la manera de proteger sus intereses y sus propiedades. Tampoco es posible crear una policía «no racista» mientras el racismo institucional y la segregación permanezcan intactos en la sociedad. A veces se pueden conseguir pequeñas mejoras, a base de lucha, pero la solución es deshacerse del propio capitalismo.

¡Por un movimiento de masas de la clase obrera y la juventud contra la violencia del sistema!

Toda la rabia y la energía empleadas en destrozos y saqueos deben ser organizadas y canalizadas por el movimiento obrero. Esta rabia no debe dirigirse contra los edificios públicos y las grandes superficies, sino contra lo que hay detrás de ellos: el propio sistema, que crea las condiciones para que exista la violencia y que se alimenta de ella.

A mediados de junio, los sindicatos acordaron poner fin al movimiento contra la reforma de las pensiones. Se trataba de un poderoso movimiento social, que no consiguió la retirada de la reforma, pero que ha pesado y pesará en el ambiente social y político durante los 4 años que le quedan a Macron en el poder. En realidad, la batalla sobre las pensiones no ha terminado, y septiembre podría marcar la renovación de la lucha sindical, sobre las pensiones u otras cuestiones. El potencial de lucha seguirá siendo explosivo, con una vanguardia reforzada numérica y cualitativamente junto a amplias capas de trabajadores enriquecidos por esta lucha histórica y que han recuperado la confianza en la fuerza de la lucha colectiva. Todo este potencial debe comprometerse en una lucha de masas contra la humillación y la violencia racista y policial.

A finales de mayo de 2020, el asesinato racista de George Floyd por la policía en Estados Unidos relanzó el movimiento #BlackLivesMatter. Decenas de miles de personas se manifestaron para oponerse al racismo sistémico y a la violencia policial en Francia, en particular en respuesta al llamamiento del comité «Verdad para Adama». Un año después, otras 150.000 personas salieron a la calle en toda Francia. El carácter estructural del racismo y la violencia policial es cada vez más visible y ampliamente reconocido. El movimiento Black Lives Matter ha permitido cuestionar la propaganda oficial. Es una base sobre la que seguir construyendo.

Los miles de personas que participaron en la Marcha Blanca organizada en Nanterre el 29 de junio en homenaje a Nahel reflejan el deseo de luchar por la verdad y la justicia, y por el cambio. Estas movilizaciones pueden servir de ejemplo. El movimiento obrero organizado debe dirigirse a estos jóvenes, que a menudo no están organizados en sindicatos, para ampliar la lucha e incluir a todos los sectores de la clase obrera, proporcionar métodos de lucha y mostrar las perspectivas para hacer retroceder a las autoridades y a la extrema derecha, y avanzar hacia la victoria.

Para construir una buena relación de fuerzas, debemos tratar de reunir y organizar a todos los que quieren luchar contra el racismo, porque es a través de la acción colectiva y la movilización de masas como se pueden conseguir victorias. Y lo que nos une es que todos somos víctimas, en mayor o menor medida, de las carencias sociales (falta de vivienda social, falta de empleos decentes, falta de recursos en los servicios públicos, etc.) y de la explotación resultante del sistema capitalista de beneficios.

Un programa que no deje a nadie atrás

Los sindicatos siguen concentrándose con demasiada frecuencia en sus «bastiones», pero aunque éstos pueden y deben desempeñar el papel principal, es absolutamente crucial intentar atraer a su paso a los sectores y capas menos movilizados, y sobre todo a los jóvenes, especialmente en los barrios periféricos. Este es uno de los puntos débiles de la resistencia contra la reforma de las pensiones, y es también la clave de una campaña antirracista ambiciosa.

Durante el movimiento contra la reforma de las pensiones, propusimos crear comités de huelga anti-Macron en todas partes, en los lugares de trabajo, las escuelas y las universidades, pero también en los barrios obreros. Deben ser comités amplios, abiertos a todos, que puedan construir la lucha democráticamente a nivel de base, implicando a todos activamente en su preparación y organización. Si se hubieran creado comités de este tipo, ahora podrían servir de trampolín para llevar la revuelta contra el racismo de Estado a otro nivel.

En los sindicatos, muchos activistas están ahora implicados en la solidaridad con las víctimas de la violencia policial racista. Pero no ocurre lo mismo con las propias organizaciones sindicales. Los sindicatos y sus activistas tienen un importante papel que desempeñar en la construcción de un movimiento de masas que implique activamente a todas las capas de la clase trabajadora, la juventud y las poblaciones oprimidas.

A cada ataque racista hay que responder con la movilización: una movilización de masas del conjunto que debe oponerse de hecho a todas las políticas racistas cotidianas de las que los barrios obreros son las principales víctimas, así como las poblaciones de «Ultramar», cuya gestión por el Estado francés es un vestigio directo de su imperio colonial. «La revuelta es el lenguaje de los que no son escuchados» decía Martin Luther King. Demos voz a los que no son escuchados mediante la solidaridad activa y la construcción de un movimiento de masas contra las políticas racistas estructurales. El problema no puede resolverse confiando en las instituciones del Estado que perpetúan el racismo sistémico.

Hay que aglutinar la rabia en torno al movimiento obrero defendiendo un programa que combata la austeridad y el racismo a través de la solidaridad: una lucha unitaria masiva de la clase obrera, la juventud y las poblaciones oprimidas, armada con un programa de reivindicaciones ofensivas para imponer lo que el campo de enfrente se niega a poner en marcha: verdad y justicia para todas las víctimas de la violencia policial racista; la desmilitarización de la policía, el desmantelamiento de las unidades más reaccionarias como las Brigadas Anticrimen (BAC) y el BRAV-M, y la puesta bajo control democrático de la policía por parte de las comunidades de la clase trabajadora y los barrios desfavorecidos, los sectores laborales clave y los sindicatos para poner fin a la brutalidad policial.

Una reivindicación crucial es la inversión pública masiva en los barrios desfavorecidos: en servicios públicos, vivienda y acceso a empleos bien remunerados para todos; en educación, acceso a la sanidad, la cultura y el deporte; en asociaciones y centros sociales. France Insoumise hace bien en plantear estas reivindicaciones, que figuran en su plan de urgencia «Justicia en todas partes» (ver aquí).

Las condiciones laborales y salariales deben cambiar. Como mínimo, hay que defender un aumento inmediato del 10% de todos los salarios y la vuelta de la escala salarial móvil suprimida por Mitterrand en 1983 para seguir el ritmo de la inflación. Garantizar el acceso de todos a la educación pasa también por instaurar un salario de estudiante equivalente al salario mínimo. En cuanto a los sectores mal pagados, pongámoslos bajo control público para garantizar al personal un estatuto real, con buenos salarios y condiciones de trabajo. Necesitamos un empleo y un tiempo de vida garantizados, y eso pasa por una reducción colectiva de la jornada laboral, sin reducción salarial, con contrataciones compensatorias y una reducción del ritmo de trabajo.

Los militantes de FI y los sindicalistas tienen un papel que desempeñar en la construcción de un movimiento de lucha unificado. Mélenchon obtuvo unos resultados excepcionales en los barrios populares en las elecciones presidenciales de 2022, incluso si la alianza NUPES que le siguió minó parte del apoyo, un acuerdo que no era compartido por todos en los barrios populares en particular, ya que contenía elementos que se habían distinguido en la gestión del sistema, que habían llevado a cabo políticas locales contrarias a los intereses de los habitantes de estos barrios.

Por una lucha socialista revolucionaria

Vivir en una sociedad en la que nadie tenga que temer la represión estatal y el racismo significa acabar con el capitalismo. La única manera de satisfacer las necesidades sociales de todos sin discriminación será devolver el poder a la mayoría social.

Acabemos con la explotación capitalista de las dos fuentes de toda riqueza, los trabajadores y la naturaleza, nacionalizando sectores clave de la economía bajo control y gestión democráticos. De este modo, sería posible avanzar hacia una economía planificada democráticamente que sentaría las bases para la aniquilación de toda opresión, explotación, violencia, desigualdad e injusticia. Este es el proyecto del socialismo revolucionario: derrocar el capitalismo y relegar el racismo, el sexismo, la LGTBIQ+fobia y otras formas de discriminación y opresión al basurero de la historia.