11/11/2012, Victoria Lara, SR Gran Canaria

El 16
de agosto de este año, 34 mineros de la empresa Lonmin, en Marikana, que
estaban en huelga para aumentar su salario de miseria de 4.000 rand al mes
(aproximadamente, 357 euros) a 12.500 rand (unos 1.120 euros), murieron por
disparos de la policía. Otros muchos fueron heridos, y más de 200 arrestados. A
pesar de esta brutalidad policial, los mineros no retrocedieron en su lucha,
continuaron con la huelga, y a mediados de septiembre consiguieron un aumento
de salario del 22% y un pago de 2.000 rand en compensación por los salarios
perdidos durante el paro.

Pero
la lucha de los mineros sudafricanos, y de muchos otros trabajadores de otros
sectores, no ha hecho más que comenzar. El 13 de octubre se constituyó un
Comité Nacional de Coordinación de Huelga del sector de la minería, que ha
realizado también un llamamiento para una huelga general de todos los sectores,
y una marcha en Pretoria hasta la sede del gobierno en esta ciudad. La
propuesta es que la demanda principal de la huelga general sea la de un salario
mínimo de 12.500 rand al mes, pero entre muchos trabajadores se están
popularizando ya demandas como la nacionalización de la minería y otros
sectores claves de la economía, la planificación democrática de la economía por
los trabajadores, y también la idea de la creación de un partido de masas de
los trabajadores que verdaderamente defienda sus intereses.

En la
popularización de estas ideas y demandas y en la coordinación de las huelgas
del sector minero, está jugando un papel fundamental el DSM (siglas en inglés
de Movimiento Democrático Socialista), CIT en Sudáfrica. Además, el DSM sigue
insistiendo en la necesidad de presionar a la policía, y a los partidos
sudafricanos para que se haga justicia con las víctimas de la masacre de
Marikana y sus familias.

Aunque
se ha intentado tildar a los mineros de Marikana como violentos, y a su huelga
una simple muestra de rivalidad entre los sindicatos NUM (siglas en inglés de
Sindicato Nacional de Minería), y AMCU (en inglés, Asociación de Sindicatos de
Minería y Construcción), éste último una escisión de NUM, lo cierto es que los
trabajadores organizaron la huelga con independencia de los dos sindicatos. El
papel de NUM durante la huelga, que no apoyó a los mineros y dejó que la huelga
se considerara “ilegal”, y que más tarde intentó romperla, ha hecho que muchos
trabajadores hayan perdido la confianza en este sindicato, así como en la federación
sindical de la que forma parte, Cosatu. Lo cierto es que si NUM hubiera apoyado
la huelga, seguramente no hubiera existido una masacre de Marikana.

Un
total de seis trabajadores murieron en enfrentamientos con la policía o con la
seguridad de la empresa Lonmin entre el 10 de agosto, día que comenzó la
huelga, y el 16. También murieron en estos días dos guardias de seguridad y dos
policías, pero las circunstancias de estas últimas aún no están claras. Sin
embargo, esto sirvió para acusar a los mineros de ser los causantes de la
violencia. Esta propaganda, defendida por todas las fuerzas en la alianza
tripartita gobernante (el Congreso Nacional Africano, Cosatu y el Partido
Comunista de Sudáfrica) e incluso por NUM, llegó a sostener que el 16 de agosto
la policía había actuado en defensa propia.

Los
testimonios de los trabajadores confirman que se trató de una acción
premeditada para ahogar la huelga en un baño de sangre. Por ejemplo, los
trabajadores han comentado como la policía los cercó con alambres de espinos,
mientras que sobre la única salida a éstos llovían las balas. Además, se han
encontrado evidencias de disparos lejos de donde las cámaras de televisión se
encontraban, y de que algunos mineros huían o estaban con las manos en alto
cuando los dispararon.

Las
imágenes de esta masacre dieron la vuelta al mundo y provocaron acciones de
protestas por las muertes, y de solidaridad con los mineros a nivel
internacional. A su vez, la gran rabia que sentían los mineros por estas
muertes aumentó su determinación en la lucha y su unión, y su huelga no terminó
hasta que no se lograron los acuerdos de subida salarial que, dadas las
circunstancias de extrema represión, se consideraron un éxito.

Este
acuerdo, sin embargo, no devolvió la “paz social” a la zona o al sector de la
minería. El papel de los comités de huelga, incluyendo el nuevo comité
nacional, en el que ha tenido un papel destacado el DSM, ha sido fundamental
para saltar sobre un sistema sindical burocratizado que hacía las huelgas
prácticamente inviables o ilegales. En
octubre, 100.000 mineros de diferentes regiones se encontraban en huelga, otros
muchos trabajadores de otros sectores estaban en proceso de decidir sobre estas
acciones, y con el Comité Nacional de Coordinación de Huelga se abre la
perspectiva a los trabajadores de continuar la lucha a través de una huelga
general y de otras acciones coordinadas a nivel estatal. Su importancia los ha
hecho saltar incluso a los medios de comunicación, donde representantes como Mametlwe
Sebei, miembro del DSM y del Comité de Huelga en Marikana, han sido capaces de
defender las ideas de nacionalización de la industria minera bajo control
democrático de los trabajadores, y de una transformación socialista de la
sociedad.  

Al
mismo tiempo continúa la represión de las regiones mineras, con un estado de
emergencia no declarado oficialmente en el que abundan las detenciones y
torturas de activistas, disparos con pelotas de gomas sobre manifestantes, etc.
De esta forma los trabajadores han podido comprobar cuál es el verdadero
carácter del Congreso Nacional Africano: el de defensor de los intereses de una
nueva minoría rica, esta vez negra, y facilitador de la explotación de los
trabajadores a partir de políticas neoliberales y de medidas represivas
brutales sobre los trabajadores en huelga. El partido que fue considerado pieza
fundamental en la lucha contra el apartheid, y defensor de los trabajadores, ahora
se ve salpicado por escándalos de corrupción, y fuertemente dividido en
facciones, aunque no sobre principios sino simplemente en una lucha por el
poder.

La
reciente experiencia de los mineros, ha hecho que muchos trabajadores vean
claramente la necesidad de formar su propio partido, un partido que defienda
las demandas de los trabajadores, entre las que tiene un lugar primordial la
nacionalización de las grandes riquezas de Sudáfrica, para que pasen de las
manos de la minoría rica que las acumula al servicio de la sociedad a través de
una planificación democrática de la economía y acabar con las desigualdades y
la pobreza de este país. Con la formación de este partido, están comprometidos
tanto el DSM como el CIT.