¡Huelga General del sector público a nivel estatal en defensa de nuestros servicios!

21/10/2020, Socialismo Revolucionario

La segunda ola de la pandemia de la COVID-19 está azotando con fuerza el estado español, donde estamos ya cerca (en el momento de escribir estas líneas) al millón de contagios. A pesar de las dudas y complicaciones en relación con los datos, estos arrojan que cada día miles de personas son diagnosticadas mediante PCR, y más de 100 e incluso más de 200 personas mueren al día por COVID-19.

La clase trabajadora, como hemos señalado desde el principio de la pandemia, sigue sufriendo de manera más importante las consecuencias de la pandemia. Los barrios de la clase obrera son los más castigados en cuanto a contagios y muertes, debido a las peores condiciones de vivienda y las dificultades para aislarse del resto de la familia en caso de estar contagiados, utilizar mayoritariamente unos transportes públicos abarrotados y al ser los que estamos más expuestos en empleos que no se pueden realizar teletrabajando. Somos también lo que más estamos sufriendo las consecuencias económicas de la crisis: paro o bajada de ingresos, en muchos casos sin derecho a subsidio de desempleo o ERTEs debido a la precariedad de los empleos, o en el caso de los más desprotegidos por estar trabajando sin contrato.

Además, a esto hay que sumarle que la situación de los barrios más humildes de unos servicios públicos debilitados por años de recortes y privatizaciones, y que no se han reforzado o no lo han hecho lo suficiente después de la primera ola. No se han contratado ni suficiente personal sanitario, incluyendo la falta de rastreadores o el colapso de la atención primaria, y en la educación pública las ratios en las aulas son completamente inadecuadas no ya para una situación de pandemia sino para una educación de calidad.

Raíces de la crisis

La clase trabajadora y masas oprimidas en el Estado español llevamos más de una década sufriendo las devastadoras consecuencias del estallido de la crisis económica de 2008-9 y los recortes y medidas de austeridad que vinieron después, impuestas por las condiciones de los rescates al sistema bancario y la consecuente subida de la deuda pública. Al aumento escandaloso del paro, fruto de la altísima precariedad y temporalidad del mercado laboral, hubo que sumarle una reforma laboral que atacaba los derechos de los trabajadores y llevó a numerosos despidos y bajadas de salarios, el aumento de los desahucios, y unos recortes salvajes en educación, sanidad y dependencia entre otros sectores, congelación de las pensiones y salarios en el sector público, bajada de las prestaciones por desempleo, subida de las tasas universitarias, etc.  

Todavía no se habían recuperado ni los niveles de inversión en los servicios públicos ni la tasa de desempleo a niveles anteriores al estallido de la crisis, cuando la pandemia del coronavirus se extendió globalmente, causando millones de contagios y más de un millón de muertes hasta el momento. En el estado español el sistema sanitario colapsó completamente, con los hospitales completamente volcados en intentar paliar la crisis, retrasando otros tratamientos, incluso urgentes, que han  generado aún más sufrimiento y muertes. Aún así, más de 30.000 personas, según cifras oficiales, han muerto en el estado español, con muchas otras miles de personas mayores fallecidas en las residencias de ancianos sin tratamiento médico, sin prueba que confirmarse su contagio de COVID-19 y en completa soledad.

La crisis sanitaria ha dejado al descubierto la debilidad del capitalismo español, con casi un millón de trabajadores, y sobre todo trabajadoras precarias perdiendo su puesto de trabajo sin derecho a ERTE o prestación, la dependencia de sectores como el turístico y la de los mercados internacionales para suministros fundamentales como tests, EPIs, mascarillas o vacunas. Por otra parte, también se muestra el estado lamentable de los servicios públicos después de décadas de recortes y privatizaciones, acentuadas por la crisis y recortes por la crisis de 2008. De ahí la saturación del sistema sanitario, la falta de rastreadores y tests, las casi nulas medidas para una vuelta segura a las clases en la escuela pública, la falta de inspecciones de trabajo para garantizar que no tenemos que enfermar o morir para subsistir, el estado aún lamentable de demasiadas residencias de mayores, etc.

Cómo responder a la crisis

Ante esta situación, los trabajadores y trabajadoras de servicios públicos están comenzando a manifestarse y a luchar por mejorar su situación laboral y los servicios públicos para luchar con garantías contra la pandemia. Ya se han dado movilizaciones de los MIR en Catalunya, Atención Primaria en otras comunidades como Madrid y Andalucía, y huelga también de profesores en diferentes Comunidades Autónomas para bajar las ratios en las aulas y contratar a más personal (Murcia, Madrid, Catalunya, Andalucía). 

Estas huelgas y luchas deben coordinarse a nivel estatal y con el resto de la clase trabajadora en defensa de sus servicios públicos y contra las consecuencias de la crisis económica. Es necesario llamar ya a una Huelga General del sector público en defensa de estos servicios esenciales, siguiendo el ejemplo de la huelga general en la educación del día 15 de septiembre en Euskadi convocada por LAB, ELA, CCOO y UGT. Este es el camino a seguir, y no el de los pactos que todavía siguen los sindicatos mayoritarios en el resto del estado. Por ejemplo, en Andalucía esta estrategia ha llevado a CCOO a aceptar una contratación de nuevos profesores solamente temporal con la misma Consejería de Educación que está abriendo la puerta a nuevas privatizaciones vía concierto en FP y Bachillerato. 

Otro avance importante es que los trabajadores se están movilizando contra el cierre de fábricas desde que estalló la crisis de la COVID-19. Los trabajadores en Catalunya de Nissan se manifestaron e hicieron huelga por defender sus puestos de trabajo y pidieron la nacionalización de la empresa, aunque finalmente aceptaron un acuerdo que respeta sus puestos de trabajo solo hasta final del año 2021. Los trabajadores de Astilleros Navales de Sestao en el País Vasco, en concurso de acreedores, se han manifestado también por su nacionalización y han obtenido el apoyo de Unidas Podemos, que a su vez ha presionado a PSOE para que el gobierno compre con dinero público los activos de la empresa privatizada en 2006. Los trabajadores de Alcoa en Galicia hicieron una huelga indefinida a principios de octubre. En el sector aeronáutico los trabajadores de Andalucía, Madrid y Euskadi se han unido a la lucha contra los despidos en su industria en Alestis en lucha/Alestis borrokan. Alestis aeroespacial quiere llevar a cabo un despido colectivo de 585 trabajadores.

Todas estas luchas deben estar vinculadas y unidas en defensa de los puestos de trabajo bajo amenaza en todo el estado. SR dice : ¡No a la pérdida de puestos de trabajo con la excusa de la pandemia! Muchas de estas empresas han recibido millones de euros en subvenciones, ¡ahora es el momento de nacionalizarlas!

Nuestras propuestas contra la crisis

Socialismo Revolucionario defiende las siguiente medidas urgentes para luchar contra la crisis del coronavirus y la crisis económica:

– Un programa masivo de inversión pública para la creación de puestos de trabajo con condiciones dignas, y socialmente útiles, como en los servicios de sanidad, educación y dependencia y la recuperación de la economía productiva. Servicios públicos gratuitos y de calidad. 

– El fin de las privatizaciones y de los conciertos de servicios públicos, que solamente sirven para desviar fondos públicos a empresas privadas. La recuperación completa en manos públicas de estos servicios esenciales (educación, sanidad, Ley de la Dependencia, guarderías, etc) incluyendo servicios auxiliares como autobuses y comedores escolares, limpieza y lavandería de hospitales, servicios de ambulancia, etc.

– Nacionalización, sin compensación y bajo control de los trabajadores, residentes y familias, de todas las residencias privadas para ancianos y acabar inmediatamente con la gestión privada de las que son de propiedad pública. ¡Acaben con el chanchullo y dejen que nuestros ancianos vivan con dignidad!

– Defender y ampliar el servicio de salud pública. Revertir todos los recortes y privatizaciones inmediatamente y traer hospitales privados, proveedores y recursos al sistema público. Nacionalizar todos los servicios subcontratados como la limpieza. ¡Pago decente y contratos para las limpiadoras! 

– Contratación inmediata del número necesario de profesionales de la salud para hacer frente a esta crisis, además de suficiente personal para garantizar una atención rápida y de calidad desde Atención Primaria, hasta especialistas u hospitales. Todos los recursos materiales y equipos de seguridad necesarios para los trabajadores de la salud y otros trabajadores esenciales deben estar disponibles de inmediato.

– Nacionalización del sector farmacéutico.

– Contratación de personal en los colegios (docentes y no docentes) para garantizar la bajada de ratios en el sistema educativo y la seguridad en las aulas contra la COVID-19. 

– No a la pérdida de puestos de trabajo debido a la crisis de la COVID-19. Nacionalización de las grandes empresas que amenacen con despidos y gestión democrática de estas por los trabajadores para ponerlas al servicio de la sociedad y de la lucha contra el coronavirus. Cancelar todos los pagos de la seguridad social para los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas (como los propietarios de bares). 

– Las últimas subidas del salario mínimo han sido necesarias, pero no suficientes. Lo que se requiere y lo que necesitamos son subidas del salario mínimo que estén acordes con el coste de vida actual (a partir de 1600 euros). 

– Inspecciones de trabajo que garanticen que este salario mínimo se hace de verdad efectivo y que se trabaja con las suficientes medidas de seguridad en todos los sectores. Fin de la precariedad laboral y de los contratos fraudulentos.

– La reducción de la jornada laboral a 35 horas sin pérdida de salario para repartir el trabajo. La reducción de la edad de jubilación a los 60 años.

– Dignidad para los parados y pobres. Derecho universal para todos los desempleados de prestaciones dignas sin fecha de caducidad.

– Cancelar todos los pagos de hipoteca y de alquiler mientras dure la crisis para los trabajadores que no tengan un salario o que lo tengan reducido.

– Regulación de los alquileres e hipotecas para poner fin a las subidas especulativas.