30/01/2014, Ricardo Montesinos, SR Barcelona

A partir de enero la factura de
la luz será más cara para los españoles. Este incremento, que podría ser hasta
del 11%, es el resultado de la subasta de energía celebrada el pasado 19 de
diciembre, que se cerró con una subida del 25’6% para los primeros tres meses
de 2014. Además, el Gobierno del PP ha anunciado que subirá los peajes
eléctricos hasta un 2%.

Para entender cómo funciona el
mercado eléctrico español hay que remontarse hasta el año 1997. Hasta entonces
era el Gobierno el que fijaba las tarifas eléctricas. Pero ese año, durante el
primer gobierno de Aznar y en el marco de la implantación de políticas
neoliberales, se promulgó la ley 54/1997 del Sector Eléctrico, que liberalizaba
el mercado eléctrico español. Éste pasó a ser un mercado de compra-venta en el
que la oferta y la demanda determinan el precio de la electricidad. El mercado
actual es un oligopolio repartido entre cinco grandes compañías (Iberdrola, Gas
Natural Fenosa, Endesa, EDP-Energías de Portugal y E.ON) que generan el 80% y
comercializan el 90%  de la electricidad
consumida.

Dentro de este mercado de
compra-venta de electricidad hay dos tipos de tarifas: la de libre mercado (en
la que el consumidor negocia directamente con la empresa distribuidora que más
le convenga) y la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), que corresponde a los
clientes con una potencia contratada igual o menor a 10KW, que es la práctica
totalidad de consumidores domésticos y pequeñas empresas, unos 20 millones de
contratos en total.

El importe de la factura de la
TUR está compuesto de tres partes: Impuestos, peajes o tarifas de acceso y el
precio de la energía, que se determina en la subasta trimestral mencionada
antes.

Estas
subastas están gestionadas por una empresa privada (OMEL) y supervisadas por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A ellas concurren las empresas
generadoras y las comercializadoras y establecen el precio de la electricidad
mediante una serie de pujas. También participan agentes financieros (bancos,
banca comercial o banca de inversión) queactúan como intermediarios entre
las compañías eléctricas. Esta intervención, en realidad pura especulación,
puede llegar a suponer un sobrecoste anual de hasta 500 millones de euros.

Los peajes o tarifas de acceso
son fijados por el Gobierno y sirven para cubrir los costes fijos del sistema
eléctrico: el transporte y distribución de la electricidad, las primas que se
pagan a las energías renovables o la financiación del llamado déficit
tarifario, otro punto clave para entender la subida del coste de la luz.

El déficit tarifario es la
supuesta diferencia entre los ingresos que las compañías eléctricas perciben de
los consumidores y los costes que la
regulación les reconoce por suministrar electricidad. Es preciso hacer
hincapié en que no hablamos de los costes reales, sino costes reconocidos por
la regulación. Los costes reales son probablemente inferiores, aunque es
difícil estimar en cuánto porque las mismas compañías se niegan a someterse a
auditorías públicas de costes.

Este déficit tarifario ha sido
reconocido por los sucesivos gobiernos desde el año 2000, cuando empezó a
generarse, y asumido como deuda pública: las eléctricas titularizan esta deuda
con el aval del estado, que se compromete a saldarla cobrándola en la factura
de la luz a través de los citados peajes de la TUR.

Como vemos, la totalidad del
mercado eléctrico español se asienta sobre una burbuja, un agujero de 26.000
millones de euros (el agujero de Bankia era de 15.000 millones) que se supone
que deben pagar en el futuro los consumidores a las compañías. Resulta evidente
que la lógica del Mercado no puede regular el suministro a la población de un
bien esencial como la energía eléctrica y que el gobierno no actúa para
defender los intereses de los trabajadores, sino los de las grandes compañías
eléctricas, a las que permite seguir inflando la burbuja del déficit tarifario
que acabarán pagando los mismos de siempre. Si queremos terminar con esta
dinámica es necesaria la nacionalización del sector energético, para que esté
al servicio de los intereses de la clase trabajadora y no al revés.

Desde Socialismo Revolucionario
demandamos:

• Una
  auditoria que aclare el coste real de la generación de energía eléctrica.
• Expropiación y socialización, bajo
  control democrático de los trabajadores, de compañías eléctricas y sector
  energético. Nacionalización sin indemnización a los grandes accionistas.
• Una
  planificación ordenada de la política energética bajo control democrático de
  los trabajadores que tenga en cuenta las necesidades energéticas reales de la
  población, así como su impacto social y ecológico.