11/11/2015, Viki Lara, SR Sevilla

Català

Más de 20 personas, incluyendo el parlamentario Paul Murphy y dos concejales de la Alianza Antiausteridad (AAA), empezaron a declarar ante el juez el pasado 2 de noviembre. Su delito: una protesta con sentada en el barrio dublinés de Jobstown que retrasó el coche de la Vice-Primera Ministra durante 2 horas.

Cientos
de personas se manifestaron el propio 2 de noviembre a la puerta de
los juzgados contra esta criminalización de la protesta y de la
lucha contra la austeridad, ya que los hechos juzgados están
relacionados con la lucha en numerosos barrios y localidades en
Irlanda contra la nueva tasa del agua que está intentando imponer el
gobierno irlandés. Se da además la circunstancias de que otros 13
manifestantes, incluyendo la parlamentaria de la Alianza de la
Izquierda Unida, Joan Collins, declararon el mismo día en relación
con otra protesta contra la instalación de contadores de agua en el
barrio de Crumlin.

La
tasa del agua, junto con otros muchos recortes y nuevos impuestos de
los últimos años, tiene como objetivo hacer pagar a la clase
trabajadora irlandesa por la crisis económica y el subsiguiente
rescate, y por otra parte facilitar la futura privatización del agua
para el beneficio de grandes empresas. Sin embargo, la amplia
organización desde las bases que se ha dado en toda Irlanda ha
conseguido un boicot masivo de esta tasa que alcanza actualmente el
52%.

En
un comunicado de prensa, la AAA calificó el juicio y la vigilancia
policial a la que se han sometido varios de sus militantes y
representantes como un intento desesperado de atemorizar la protesta
y de castigar a una comunidad que se atrevió a oponerse a la
austeridad. Además, condenan los intentos de debilitar las
posibilidades electorales de AAA y de distorsionar el proceso
democrático a través de una prohibición de recoger donativos en
las circunscripciones electorales donde se presentan, lo que es
práctica habitual en Irlanda.

Hay
que tener en cuenta que Irlanda probablemente celebrará sus próximas
elecciones generales a principios del 2016, mientras que al mismo
tiempo se prevé que el juicio podría tardar incluso un año en
concluir. Si Paul Murphy es elegido de nuevo al parlamento irlandés,
se podría estar ante la situación de un representante político que
debe dejar su cargo precisamente por una condenada de cárcel
motivada políticamente, con todo lo que eso representa en cuanto a
destrucción de derechos democráticos.

Antes
de entrar a declarar, Paul Murphy dijo a los manifestantes que
ninguno de los que participaron en la protesta de Jobstown son
culpables de ningún delito, y que lejos de tomar una posición
meramente defensiva, la AAA acusa al capitalismo y al gobierno
irlandés por la devastación económica y social que está sufriendo
Irlanda, los recortes y ataques a la clase trabajadora y una supuesta
salida de la crisis que solamente lo es para la minoría más rica de
la sociedad.