En Latinoamérica ocurren el 75% de asesinatos contra defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Por Luisa Romero, Alternativa Socialista (ASI en México).

Entre 2002 y 2017 los asesinatos a defensores del medio ambiente se duplicaron en el mundo, el 75% de esas muertes ocurrieron en América Latina. La región es, después de Filipinas, el lugar más peligroso para este grupo de personas que incluye a activistas comunitarios, abogados, periodistas, miembros de movimientos sociales, personal de Organizaciones no Gubernamentales (ONGS) y pueblos indígenas. Desde el 2012 hasta el 2019 se estima que en México han ocurrido por lo menos 499 agresiones contra ambientalistas, entre las cuales cuales se encuentran hostigamiento, intimidación, difamación, amenazas, allanamiento, agresiones físicas, desalojo forzado, desplazamiento forzado, desaparición, robo, secuestro, intento de homicidio y homicidio. Estas agresiones han culminado en 83 asesinatos.

Tristemente, se piensa que puede haber más víctimas que no fueron reportadas, siendo así que las cifras pueden ser mayores. Lamentablemente, la mayoría de los casos reportados quedan impunes y muchos no han sido aclarados. El grado de impunidad es tal que, por ejemplo, en México el 90% de los homicidios no son resueltos.

El aumento de la violencia a las y los defensores ambientales tiene relación directa con la aprobación de megaproyectos en todo el país tales como gasoductos, explotaciones petroleras, explotaciones de energía renovable y plantas geotérmicas que ponen en riesgo el territorio, el agua, la alimentación, la salud y la vida de varias comunidades. Especialmente en el sector energético, con la contrarreforma que se aplicó en 2013 durante el gobierno de Peña Nieto, se han sobreexplotado los recursos naturales, dando como resultado el despojo de territorios a comunidades campesinas e indígenas.

México ha acelerado el desarrollo de megaproyectos desde entonces, lo cual ha generado varios conflictos tanto ambientales como sociales. Entre el 2012 y el 2018, los mayores ataques fueron causados por el sector de energía, particularmente el hidroeléctrico y eólico. Otros sectores con altos niveles de agresiones son el de minería y el hidráulico.

El Istmo de Tehuantepec es una de las zonas con mayor potencial eólico y durante estos años Oaxaca fue la entidad que sufrió más ataques (79), específicamente en la región de Juchitán de Zaragoza, donde se han construido proyectos eólicos en su mayoría. Las entidades que le siguieron en el nivel de asaltos son Sonora (49), el Estado de México (48) y Puebla (47). Igualmente, en 2019 Quintana Roo registró una agresión relacionada con la planeación del proyecto Tren Maya. Tan solo durante el 2020, 18 personas defensoras fueron asesinadas en nuestro país.

Los ataques han venido de parte de empresas, del crimen organizado y en general, de grupos con intereses dentro de las zonas afectadas. Para muchas de ellas no se conoce al culpable, pero una buena parte indica que el gobierno y sus instituciones han sido las responsables. El Centro Mexicano de Defensa Ambiental (CEMDA) aseguró que en 2019, funcionarios locales, policías y guardias nacionales fueron responsables de poco más del 40% de los ataques. La mayor parte de las víctimas son atacadas en lo individual, suelen ser personas con posiciones de liderazgo o con mayor visibilidad. Durante el 2019, 56.4% de los ataques fueron dirigidos a una persona, 23.1% contra dos o más personas, 15.4% hacia comunidades y 5.1% contra organizaciones de la sociedad civil.

Los megaproyectos sólo benefician a ciertos sectores de la población debido a que, como ya se ha mencionado, privan de muchos derechos a comunidades que ya se encuentran en estado de vulnerabilidad, además de que están en esta lucha para sobrevivir. No es ninguna coincidencia que el Estado y las empresas estén detrás de tantas muertes, sus intereses nunca han sido ni son por los grupos oprimidos.

Por ello indispensable impulsar una política que prevea este tipo de agresiones, que garanticen y protejan los derechos de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Son urgentes las investigaciones así como las debidas respuestas para las víctimas y sus familias, y las acciones concretas que tengan como objetivo reducir el número de víctimas. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos, los recursos y a su población, y aunque ya existen supuestos organismos de protección para este grupo –en 2012 fue creado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú)– las cifras hablan por sí solas.

El mecanismo mencionado anteriormente no cuenta con los recursos necesarios para poder funcionar efectivamente, ha sufrido muchos recortes, además de que el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral fueron eliminados en 2020. ¿Qué organismo va a cubrir realmente estas demandas cuando el propio Estado mata? ¿Qué gobierno va a proteger a su población cuando el mismo sobreexplota tanto recursos como personas y permite que las industrias lo hagan?

La lucha por los derechos, no solo los ambientales, es sumamente importante para el progreso de la sociedad, y aunque su conquista y defensa son un gran avance para los grupos oprimidos, es igual de importante mantener presente que nuestros derechos nunca terminarán de estar a salvo dentro de una sociedad fundada en la explotación.

Debemos de luchar por la seguridad de nuestras compañeras y compañeros ambientalistas, pero tenemos que entender que nuestra tarea no terminaría ahí, ni con eso los problemas ambientales se solucionarían. El capitalismo necesita seguir consumiendo recursos de forma voraz para poder mantenerse, ni nuestro planeta ni los seres humanos somos capaces de seguir produciendo al nivel que ese sistema requiere, es por ello que resulta urgente modificar los mecanismos de producción.

Mientras siga existiendo el capitalismo y Estados que lo sostengan, nuestro movimiento tiene que enfrentarlos para poder salvar al planeta y a las personas que lo habitamos.