John Hird, Socialismo Revolucionario, Gasteiz

El Tribuno Supremo mantiene elevadas penas de prisión contra los jóvenes de Altsasu tras la vista de los recursos realizada el 18 de setiembre. La sentencia arroja una ligera rebaja al no aplicar el agravante de “discriminación” ni el de “abuso de superioridad”, pero ha mantenido penas de entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses por un altercado en un bar con dos guardias civiles y sus parejas.

La plataforma Altsasu Gurasoak y los madres y padres de los jóvenes denunciaron la sentencia del Tribunal Supremo porque mantener a sus hijos en prisión “da continuidad a la injusticia”. El pueblo de Altsasu también mostró una solidaridad masiva con los jóvenes y sus familias en una manifestación el día de la sentencia.

Edurne Goikoetxea, madre de Ainara Urkijo, una de los injustamente condenados, denunció que se «ha querido aparentar un poco de más de cordura, pero la conclusión es que hay chavales que llevan tres años en la cárcel y que van a seguir en la cárcel. No tienen intención de acabar con esto”.

No obstante, ha señalado que seguirá luchando por obtener justicia: «Por las hijas y los hijos nunca se tira la toalla, y si tienes un poco de principios, por las injusticias tampoco. Hoy nos toca asestar el golpe, resetear, y mañana estar otra vez al pie del cañón».

Sin duda, se convocarán más y mayores manifestaciones y la solidaridad internacional jugará un papel importante.

Campaña internacional del Comité por una Internacional de los Trabajadores

La campaña de solidaridad internacional con los jóvenes de Altsasu se extendió a través del CIT por todas partes. Además de recogerse cientos de firmas para la petición en Euskal Herria y en el Estado español, socialistas, sindicalistas y jóvenes de todo el mundo también mostraron su solidaridad, desde Hong Kong hasta los Estados Unidos. Socialismo Revolucionario hace un llamamiento a todas las secciones del CIT del mundo a continuar con esta campaña.

Hong Kong

Por iniciativa de un concejal de Solidarity y miembro del Socialist Party (CIT en Irlanda), el Ayuntamiento de Dublín aprobó una resolución en la que pedía la liberación de los jóvenes de Altsasu. La resolución deploraba la continua política del Estado español de dispersar a los prisioneros vascos hasta los puntos más lejanos del Estado español y obligaba al Jefe del Consejo Municipal de Dublín a escribir al embajador de España en Dublín y a la Comisión de Asuntos Exteriores del parlamento irlandés, lo que dio más publicidad y sacó los colores al poder establecido del Estado español y dio aliento a los presos, a los jóvenes de Altsasu y a sus respectivas familias.

Neuvo York

Instamos tanto a otros municipios, dentro o fuera del Estado español, así como a las organizaciones sindicales, a que aprueben mociones similares para aumentar la presión a favor de una solución al escándalo de la dispersión de presos y la liberación de los jóvenes de Altsasu.

Grecia

Envíen mensajes de solidaridad a través de Twitter @Altsasugurasoak #AltsasukoakASKE
Facebook – Altsasu Gurasoak

Cronología del Caso Altsasu

En la madrugada del 15 de octubre de 2016, en un bar del pequeño pueblo vasco de Altsasu, estalló una pelea entre dos guardias civiles fuera de servicio y jóvenes locales durante las fiestas.

La policía local asistió al incidente, pero no se efectuaron detenciones. Más tarde, ocho jóvenes fueron entrevistados por la policía de Pamplona, pero fueron puestos en libertad. Cuatro días más tarde, una asociación de derechas, COVITE, presentó una denuncia en la que acusaba a los jóvenes de «delitos de terrorismo».

Los agentes de la Guardia Civil y sus parejas afirmaron que habían sido agredidos brutalmente en un ataque en el que participaron de 20 a 30 personas. Los jóvenes negaron la acusación y dijeron que aunque algunos de ellos habían estado en el bar Koxka, otros habían estado en otros bares enfrente o cerca.

El tribunal regional de Pamplona rechazó los cargos de terrorismo y en su lugar acusó a los jóvenes de causar lesiones y de «desafiar a la autoridad», lo que conllevaba posibles penas de prisión de entre 2 y 4 años.

Pero el Tribunal Supremo español falló en contra del tribunal de Navarra y envió el caso para que fuera juzgado por la Audiencia Nacional, donde normalmente tienen lugar los juicios por terrorismo.

La fiscalía aceptó la acusación de COVITE de que como algunos de los jóvenes eran miembros de la asociación vasca OPSA y de la campaña Alde Hemendik, que pide a la Guardia Civil que se vaya de Altsasu, eran por lo tanto partidarios de ETA, ahora por cierto disuelta.

Ohian Arnanz Ziordia, Jokin Unamuno Goikoetxea, Jon Ander Cob Amilibia, Julen Goikoetxea Larraza, Adur Ramírez de Alda Pozueta, Aratz Urrizola Ortigosa, Iñaki Abad Olea y Ainara Urkijo Goikoetxea, todos ellos de veintitantos años, fueron juzgados en abril de 2018.

El juicio en la Audiencia Nacional estuvo lleno de irregularidades

Uno de los agentes de la Guardia Civil afirmó que Adur le había dado puñetazos repetidos y patadas en la cabeza y el cuerpo. Testificó que Adur llevaba puesta una camisa roja mientras que las fotografías y un vídeo de la noche en cuestión mostraban que llevaba una negra.

Aunque el agente de la Guardia Civil afirmó que fue víctima de un ataque brutal, se le ve en un video después de los supuestos hechos con una camisa blanca inmaculada, sin huellas visibles de agresión ni manchas de sangre. También se le ve robando agresivamente un teléfono móvil de la mano de uno de los acusados que estaba filmando el incidente.

Cuando la defensa pidió a la fiscalía pruebas definitivas de que la campaña OSPA estaba vinculada a ETA, les dijeron que no había ninguna.

Uno de los empleados del bar testificó que no hubo ninguna pelea en el bar y que no vio ningún herido de la Guardia Civil.

El dueño del bar fue presentado ante el tribunal con una declaración que supuestamente había hecho a la policía local en la que afirmaba que el «ataque fue premeditado». Pero este juró que no era su firma la que figuraba en la declaración, que se habían añadido cosas que él no había dicho y que otras se habían omitido.

La identificación de los 8 jóvenes como los líderes del supuesto ataque fue extremadamente sospechosa. La defensa señaló ante el tribunal que la Guardia Civil y sus parejas los habían identificado en una rueda de identificación fotográfica. Cada una de las fotos de los ocho jóvenes preparadas por la Guardia Civil se mostró junto a fotos de personas de edades, nacionalidades y orígenes étnicos drásticamente diferentes, lo que facilitaba su identificación.

Dos testigos médicos declararon claramente que las heridas leves sufridas por los agentes de la Guardia Civil «no eran compatibles» con un ataque de entre 20 y 30 personas, como se afirmaba.

La defensa solicitó la destitución de la jueza principal, Concepción Espejel, por estar casada con un coronel de la Guardia Civil y haber recibido ella misma una Medalla al Mérito de la Guardia Civil del Ministerio del Interior. Por supuesto, la petición fue rechazada.

Penas de prisión

Tres de los jóvenes ya han pasado más de 760 días en prisión en el régimen especial y estricto de la «FIES», reservado para terroristas peligrosos, en efecto una «prisión dentro de una prisión». Han sido encarcelados a cientos de kilómetros de sus familias durante dos años.

Como era de esperar, se dictaron sentencias de un total de 79 años y multas de 100.000 euros para los jóvenes de Altsasu, 13 años para Ohian e Iñaki; 12 para Jokin y Adur; 9 para Jon, Aratz y Julen; y 2 para Ainara. Hoy, Ainara está en libertad y el resto está encarcelado en Zaballa, en Euskal Herria.

Esta injusticia inhumana cometida contra ocho jóvenes vascos está a la altura de los casos más famosos del mundo, como el de los Seis de Birmingham y el de los Cuatro de Guildford. El caso ha provocado una ola de indignación y rabia en el Euskal Herria, Catalunya y el Estado español. Más de cien mil personas salieron a las calles de Iruñea/Pamplona para protestar contra esta injusticia.

La derecha española, incluido el nuevo partido fascista VOX, organizó en noviembre del 2018 un mitin en Altsasu bajo la protección de la Guardia Civil y la policía, pero sólo consiguió reunir a 200 personas mientras la población de la ciudad y el resto de Euskal Herria se movilizaban para enfrentarse a ellos. Su patético mitin se vio ahogado por el sonido de las campanas de la iglesia de la ciudad.

Más de 50 eurodiputados han condenado las sentencias y las irregularidades del caso, al igual que Amnistía Internacional.

El caso Altsasu no es un incidente aislado. El Estado español, cuyo poder judicial y policial están infestados de elementos reaccionarios de la derecha, quiere dar una lección a los jóvenes de hoy: que el Régimen de 1978 no puede ser cuestionado. Raperos y tuiteros que se han atrevido a criticar a la monarquía y a los políticos corruptos también han sido encarcelados, al igual que sindicalistas por ejercer su derecho a la huelga y al piquete.

Estos jóvenes han sido acusados, investigados y juzgados por la reaccionaria Guardia Civil y han recibido sentencias injustamente largas y ejemplares. ¡No podemos quedarnos quietos y dejar que pierdan su juventud en la cárcel!

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No se ha hecho justicia, se ha confirmado la injusticia. #Altsasu #Alsasua

El próximo 26 de octubre volveremos a #Iruñea para llenar de dignidad la plaza frente al Palacio de Justicia de #Nafarroa y denunciar la barbaridad que supone este caso. ¡OS NECESITAMOS! #AltsasukoakASKE