Desde hace 3 semanas, miles de trabajadores y campesinos en Bolivia han paralizado el país, protestando contra la crisis de hidrocarburos e inflación provocada por el gobierno de Roberto Paz. A las movilizaciones de la Central Obrera de Bolivia exigiendo un incremento salarial contra el impacto de la inflación que ronda el 15%, se sumaron las movilizaciones de campesinos y transportistas contra la eliminación del subsidio en el diesel.

Por Christian Tello, PIMR en México

Las protestas en Bolivia se han intensificado durante las últimas semanas debido a una combinación de crisis económica, privatizaciones del sector agrario, las concesiones económicas al imperialismo americano, desabastecimiento de combustible, inflación y tensiones políticas entre el gobierno de Rodrigo Paz, el Movimiento Al Socialismo y las principales centrales obreras y campesinas. Las movilizaciones comenzaron a inicios de mayo con reclamos salariales de la Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos Tupac Katari. Pero rápidamente evolucionaron hacia bloqueos nacionales que ante el rechazo del diálogo y la represión por parte del gobierno, han exigido la renuncia de Rodrigo Paz. Las protestas han paralizado carreteras estratégicas y afectado el suministro de alimentos, gasolina y medicinas en La Paz y toda la región del Chaco.

En los últimos días, la tensión aumentó con enfrentamientos masivos entre trabajadores y fuerzas policiales en el centro de La Paz. El gobierno acusa a grupos vinculados a Evo Morales, la unión cocalera, la COB, la FCTK y el MAS de terrorismo mientras inicia una cacería de brujas contra líderes sindicales, indígenas y activistas políticos. Al momento, y después de los grandes enfrentamientos populares del 18 de mayo que tomaron por asalto los barrios de ricos paceños. Al momento de escribir el artículo existen 90 detenidos, 4 personas asesinadas por las fuerzas policiales y cientos de órdenes de aprehensión, una de ellas, contra Mario Argollo, el principal líder de la COB.

Aunque el Ejecutivo derogó recientemente la polémica ley agraria para intentar reducir el conflicto, las protestas continúan y se amplían con la participación de organizaciones indígenas, campesinas y de transporte. Pesé a la represión, otros grupos, poblados y organizaciones populares se han sumado a las movilizaciones. Los Ponchos Rojos, una organización de campesinos e indígenas aymaras, históricamente vinculada al liderazgo de Evo Morales, lidera y extiende las movilizaciones masivas en el altiplano de La Paz al llamado de un alzamiento general de las 36 naciones indígenas que conforman Bolivia. Junto a los Ponchos Rojos, miles de mineros, maestros, mujeres campesinas y estudiantes también están saliendo a las calles en contra de las reformas de privatización, los recortes a los subsidios sociales y el aumento del costo de vida básico.

El proletariado en Bolivia

Es inspirador observar, a través de las noticias, el nivel de organización y combatividad de las organizaciones obreras y campesinas que hoy desafían al gobierno de Paz, títere de los intereses estadounidenses y de la oligarquía racista del país. Sin embargo, esta situación no es nueva, pues la dinámica de los acontecimientos remite a las históricas luchas libradas en 2001 y 2003, durante las Guerras del Agua y del Gas, las centrales sindicales y campesinas lideraron una serie de insurrecciones populares contra las políticas de privatización de los recursos naturales que concluyeron con el triunfó del MAS en las elecciones.

De este modo, marcaron el inicio de una profunda transformación política en el país y redefinieron la soberanía sobre los recursos naturales en beneficio de las clases más desfavorecidas. Durante más de una década, su influencia política fue determinante en la ola de gobiernos progresistas de la región. Sin embargo, las limitaciones programáticas del gobierno de Evo Morales, que apostaron por desarrollar el capitalismo boliviano y a la burguesía andina, terminaron con la crisis del MAS, la derrota de este último en las pasadas elecciones y el triunfó de Paz.

A su vez, no es ninguna coincidencia que las movilizaciones sean lideradas por los mineros del estaño, quienes históricamente han constituido uno de los sectores más combativos y organizados de la clase trabajadora boliviana. Este fenómeno es resultado del desarrollo particular de la economía extractivista del altiplano, así como de las presiones y condiciones de explotación bajo las que han vivido históricamente los mineros y campesinos, sometidos al acecho de las potencias imperialistas y al desprecio social que la oligarquía boliviana ha ejercido durante siglos contra los pueblos indígenas. Ese contexto ha sido el fermento revolucionario que, desde las guerras campesinas y obreras del siglo XIX, ha forjado este rasgo distintivo de combatividad en una de las clases sociales más explotadas, expoliadas y oprimidas de América Latina.

Este hecho demuestra, que más allá de la derrota electoral del MAS y el triunfo de Paz en noviembre del 2025, la clase trabajadora y el campesinado indigena no han tomado una actitud pasiva, desmoralizante o de simpatía con la derecha. Contra todo análisis inmediatista sobre los límites del actual proceso de lucha, las tradiciones obreras de siglos de revueltas, el carácter de la explotación en el país y la actual composición de las protestas son un testimonio del poder de los trabajadores indígenas y la debilidad de la oligarquía, el gobierno de Rodrigo Paz y el imperialismo.

Es en este contexto que debemos referirnos a las formas en que se expresa la capacidad de acción y dirección de la clase obrera boliviana. Las asambleas populares organizadas desde las bases de la COB —cuya dirigencia, ausente de las calles, negocia actualmente a puertas cerradas con Paz— mantienen los bloqueos de carreteras y las luchas callejeras en La Paz. Esto constituye una muestra del potencial político de la clase obrera frente a los límites impuestos por su propia dirección. Asimismo, abre la posibilidad de construir alianzas más amplias más allá del ámbito sindical, como las establecidas con los ponchos rojos del campo.

La desaparición de la COB de las calles, así como la ausencia de la esperada columna minera de Colquiri, alertan sobre una posible nueva traición y remiten a lo ocurrido en enero, cuando Argollo se reunió con el gobierno empresarial de Rodrigo Paz para redactar un nuevo decreto de ajuste basado en imponer el aumento del precio del gas al pueblo trabajador. Sin embargo, el ejemplo de las asambleas, los bloqueos de carreteras y la acción desplegada en combates sin cuartel demuestra cuáles son los métodos de lucha que el proletariado boliviano debe seguir para garantizar el éxito del movimiento.

Las perspectivas de lucha en el mediano plazo

En Bolivia persiste un régimen neocolonial y profundamente desigual, cuya estructura política y económica continúa reproduciendo formas históricas de exclusión contra los pueblos indígenas y los campesinos. En ese marco, la quema y el pisoteo de la wiphala por parte de funcionarios y seguidores del presidente Rodrigo Paz durante las protestas del lunes no constituyen un hecho aislado, sino un ataque directo contra uno de los símbolos centrales de la identidad plurinacional del país. La wiphala representa mucho más que una bandera: expresa la memoria histórica de resistencia de los pueblos andinos, su derecho a la autodeterminación y la reivindicación de un carácter nacional construido desde las mayorías indígenas y populares.

El ataque contra este emblema revela el carácter reaccionario de la derecha boliviana que, mientras invocan un discurso de “pacificación”, despliegan prácticas de odio racial y violencia política contra los sectores populares. En este sentido, la defensa de la wiphala y la existencia de las naciones indígenas también adquiere un carácter antiimperialista. Lenin sostenía que el nacionalismo de las naciones oprimidas podía asumir un carácter progresivo cuando se enfrentaba a la dominación imperial y a las estructuras de opresión nacional impuestas por las potencias y las élites locales subordinadas a ellas. En la situación actual, la reivindicación indígena y popular de la wiphala en Bolivia no expresa un nacionalismo excluyente, sino una afirmación política de los sectores históricamente sometidos frente a la injerencia del imperialismo estadounidense y de las clases dominantes que actúan como sus intermediarias. Hoy, en las calles, la wiphala vuelve a convertirse en un símbolo de resistencia contra el racismo, el ajuste neoliberal y la subordinación al capital americano.

En un momento en que la lucha de clases vuelve a abrir en Bolivia un nuevo ciclo de revuelta obrera y popular, el derrocamiento del gobierno de Rodrigo Paz y de la oligarquía continúa siendo la principal consigna que atraviesa las movilizaciones y que probablemente acompañará las próximas batallas tanto en el campo como en la ciudad. Sin embargo, todavía no está definido el rumbo político que podría asumir un eventual triunfo del movimiento. Aunque sectores obreros y campesinos mantienen expectativas en un posible retorno del MAS y de Evo Morales al gobierno, esta perspectiva aparece hoy lejana y limitada por las profundas disputas internas que atraviesan al partido y por el desgaste acumulado de su dirección histórica. En este escenario, comienza a perfilarse la posibilidad de que emerjan nuevas organizaciones y referentes de izquierda capaces de superar la crisis política y estratégica en la que se encuentra actualmente el movimiento popular boliviano.

Las demandas que hoy levantan las calles —la defensa de las nacionalizaciones, el aumento general de salarios, la recuperación de los recursos estratégicos como el estaño y litio, el rechazo al ajuste neoliberal y la expulsión de la injerencia imperialista— difícilmente podrán concretarse bajo las actuales direcciones del MAS y de la COB. Su realización dependerá del surgimiento de un nuevo liderazgo forjado orgánicamente en la lucha, capaz no solo de derrotar al gobierno, sino también de superar los límites impuestos por las direcciones conciliadoras que han contenido la radicalización obrera y campesina. Solo retomando una perspectiva internacionalista y antiimperialista, vinculada a la defensa de las conquistas sociales obtenidas durante el ascenso popular de los años del MAS y posteriormente desmanteladas tras el golpe de Estado encabezado por Jeanine Áñez, podrá abrirse el camino para el desarrollo de una nueva izquierda revolucionaria en Bolivia, asentada en la autoorganización de las masas y en la independencia política de los trabajadores y los pueblos indígenas.

En este escenario, las protestas son también la posibilidad de reabrir un horizonte político de transformación social para toda la región. De consolidarse, este proceso podría convertirse en un ejemplo de resistencia continental y reanimar las luchas populares frente al avance de gobiernos de extrema derecha en países como Chile, Ecuador, Argentina y El Salvador.