Enric Catalá / goo.gl/t5osRW

03/09/2015, Juan Bértiz y Shawn
Tarver. Socialismo Revolucionario, Barcelona

Català

El pasado 11 de Agosto
moría en Salou, durante un registro de los Mossos d´Esquadra en un piso
habitado por inmigrantes africanos, un hombre senegalés que se dedicaba al Top
Manta. Se cuestionó el operativo policial, se crearon dudas sobre el accidente
que le produjo la muerte al intentar escapar y se produjeron incidentes en esa
localidad tarraconense protagonizados por la comunidad africana, la mayoritaria
en este tipo de actividad, lo que ha puesto dicho tema, la venta ambulante
ilegal y las personas que se dedican a ello, en el centro de un arduo debate
que, esta vez, ha afectado de lleno a la administración, más en concreto al
ayuntamiento de Barcelona dirigido por Ada Colau.

En un verano en el que
la migración ha estado en primera línea de la información, con los refugiados
sirios que han llegado a la Europa del este y la vergonzante sangría de todos
los años en el Mediterráneo, aquí el debate adquiere también su importancia y
su especificidad. Los medios de comunicación no tardaron en crear alarmismo al
recordar que detrás de estos vendedores callejeros existen mafias (así las
denominaban con toda su connotación de violencia y peligrosidad). Éstas se encargarían de repartir la mercancía –bolsos, cinturones, gafas, zapatos de marcas
de lujo, sin serlo en realidad, meras imitaciones, así como falsas copias
musicales y cintas de cine- provocando las quejas de los comerciantes y del
sector audiovisual que no pueden, afirman, competir con los precios tirados y
unos vendedores, recuerdan, que no tienen licencia de venta, no pagan cuotas de
autónomos ni impuestos, sin que nadie pueda cuantificar a ciencia cierta el
perjuicio económico que dicha actividad les pudiera causar.

Aun cuando es cierto
que detrás de estos vendedores hay quien imita productos de lujo o copia música
o películas sin permiso, y los distribuye, sin duda de un modo organizado, y
también que los vendedores top manta no pagan impuestos de ningún tipo, no
podemos olvidar que este colectivo lo forman personas que en su mayoría carecen
de papeles, por tanto sin facilidades para el acceso al mercado de trabajo, que
ya está de por sí difícil para los europeos y migrantes con papeles. Pero
además, al poseer muchos de ellos antecedentes penales por delitos contra la
propiedad industrial y/o intelectual, su acceso a la documentación legal ya les
es vedada. Estamos a todas luces ante la parte más débil de la cadena, algo que
reconocen los expertos en extranjería e incluso la propia policía y buena parte
de la judicatura que se enfrenta con este “delito”. Una cadena que está formada
por gente joven, en su mayoría hombres, con iniciativa y muchos de ellos con un
nivel medio de estudios. Vinieron a Europa con la avenencia de sus familias, con
frecuencia tras enormes esfuerzos económicos y humanos, todo ello por mejorar
su situación, conscientes de que aquí, en Europa, podían lograr un dinero con
el que poder prosperar después en sus países de origen (un fenómenos que nos
debería sonar por ser muy parecido a los de los países del sur de Europa hace
cincuenta años).

Por tanto, estamos
ante una consecuencia de un capitalismo despiadado que lanza a miles de hombres
y mujeres jóvenes a migrar para buscarse la vida en circunstancias adversas y
cuyo trabajo, legal o ilegal, sirve para que sus países prosperen gracias al
dinero que transfieren desde el extranjero y también para que se enriquezcan
los países de acogida: son mano de obra barata, acostumbrada al trabajo duro.
La migración, de este modo, se convierte en fuente de riqueza para los Estados
y en ocasiones incluso en arma arrojadiza entre los gobiernos. Recuérdese si no
como España comenzó a exigir visado a los ciudadanos bolivianos cuando el
gobierno de Evo Morales decidió la nacionalización del gas, algo que afectó a
algunas grandes empresas españolas del sector.

El principal problema
al que se enfrenta una mayoría de los manteros es la falta de papeles, lo que
les vuelve vulnerables y un sector aún más marginalizado, sobre todo cuando
crece el desempleo entre los trabajadores y cuesta que las empresas, en este
momento, se arriesguen a dar trabajo a personas sin permiso de residencia. De
ahí que muchos de ellos hayan optado por la venta ambulante ilegal. El que se
dediquen a esta actividad es por tanto una consecuencia de la falta de papeles
y de la imposibilidad para muchos de ellos de regularizar su situación.

Darse cuenta de esta
realidad es lo que ha llevado a muchas asociaciones a cuestionar el carácter
meramente policial con que se intenta paliar la venta ilegal. No sólo no se
consigue erradicar dicha práctica, sino que además empeora en muchos casos la
situación de los vendedores por lo referido antes: el que dispongan de
antecedentes penales les impide durante un plazo mayor acceder a los papeles,
lo que les mantiene en la marginalidad, cuando resulta además imposible en la
práctica aplicar las expulsiones ya sea por falta de documentación que acredite
la nacionalidad y sea por el gran número de personas con carta de expulsión.

Barcelona y la costa
mediterránea, al ser un destino turístico por excelencia, se han vuelto focos
de dicha actividad. De allí que la nueva alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y
su plataforma electoral, Barcelona en Comú, hayan entrado en el debate tras los
sucesos de Salou y se hayan decantado por hacer hincapié en la necesidad de una
política más social y menos represiva. El nuevo equipo municipal se ha
comprometido a estudiar mecanismos de inserción que permita a los vendedores
poder reciclarse en el plano laboral, algo criticado tanto por CDC como por PP.
Pero no podemos olvidar que sólo podrán reciclarse realmente aquellos migrantes
que dispongan de papeles de residencia y trabajo, con lo que no los tengan van
a tener que mantenerse en una actividad irregular, algo contra lo que Ada Colau
y su equipo nada puede hacer ya que la competencia de extranjería recae en el
Estado (aunque en Cataluña se ha cedido al gobierno autónomo una parte de esta
competencia que tiene que ver con los permisos de trabajo). En consecuencia, el
ayuntamiento sólo puede incidir una ínfima parte en la realidad de estas
personas.

Nos parece detestable
que todo el peso de la ley recaiga sobre el colectivo más débil, el de los
vendedores que acuden a este mercado para buscarse la vida (en un artículo
aparecido en El Periódico el vienes 28 de Agosto, Xavie Bru de Sala se
preguntaba por qué no se multaba, por ejemplo, a los compradores que acuden al
top manta aun a sabiendas de que adquieren una imitación y fomentan con su
compra un delito). Rechazamos la criminalización de todo un colectivo marginado
y separado del resto de la sociedad por trabas burocráticas en el marco de una
legislación de extranjería que convierte a los seres humanos en mera
mercancías. Se impone la solidaridad con estos trabajadores y exigimos
políticas sociales reales, comenzando por el reconocimiento de todos sus
derechos, entre ellos los de residencia y trabajo.