04/07/2011, Victoria Lara, SR Sevilla

Desde que comenzó la crisis, el número de desahucios en España se ha multiplicado: casi 26.000 en 2007, más de 58.000 en 2008 y más de 93.000 en 2009 y 2010. Sin embargo, mientras la crisis se ceba con los trabajadores, a través de desahucios, despidos y EREs, reformas laborales, pensionazos y recortes salvajes en la educación y sanidad, la patronal, y la banca en particular, no dejan de acumular beneficios. Por ejemplo, los bancos ganaron, sólo en los primeros 3 meses de 2011, 3.741 millones de euros.

Esta misma banca se enriqueció durante los años del boom a través de la actividad especulativa y la concesión de créditos de manera desmedida e irresponsable, contribuyendo decididamente a la creación de la burbuja inmobiliaria cuyo estallido ha tenido consecuencias desastrosas para la economía. Y ahora pretende responsabilizar a los hipotecados de su situación, cuando son patentes las cláusulas y prácticas abusivas en las hipotecas. La más sangrante de éstas, es el hecho de que no pueda saldarse la deuda con la entrega de la vivienda (dación en pago), y que un impago de hipoteca no sólo suponga el desahucio, sino una deuda con el banco que puede llegar a ser de por vida.

Hay que tener en cuenta que lo habitual ahora, debido a la propia crisis del ladrillo y a la falta de compradores en subasta, es que el banco se quede con la vivienda por un porcentaje muy bajo de su valor de tasación, hasta hace poco por ley el 50%, y el 60% con las nuevas medidas anunciadas por el gobierno. El banco procurará por todos los medios, incluyendo embargo de nóminas de los hipotecados y bienes de los avalistas, cobrar el porcentaje restante, más 50.000 euros de media de los costes judiciales relacionados, e intereses abusivos de demora.

Ante esta situación, no es de extrañar la rabia de la clase trabajadora hacia los bancos, que se ha notado, por ejemplo, cuando las manifestaciones del movimiento 15-M pasaban por delante de sucursales bancarias, con cánticos como “Ahí está, la cueva Alí-Babá”. Pero además, ha surgido claramente la idea de defensa ante los atropellos de la banca, y ésta se ha materializado en acciones directas, como concentraciones para la detención de los desahucios a través de las redes sociales, con la ayuda de asociaciones de vecinos y de asambleas del movimiento 15-M. De esta manera se han frenado ya más de 40 desahucios, 5 de ellos en la última semana, y continúan apareciendo nuevas convocatorias (Plataforma de Afectados por la Hipoteca o PAH, http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/).  

Este movimiento tiene gran significación, no solamente para las personas que consiguen permanecer en sus hogares, sino también porque cuestiona de manera radical tanto las prácticas abusivas de la banca como también, en último término, el sistema que las sustenta, el capitalismo. Además, suponen un ejemplo de lo que la lucha y solidaridad de la clase trabajadora pueden conseguir, y rompe el aislamiento y la posible estigmatización de las personas que se encuentran en esta situación.  

Ya han tenido también la suficiente fuerza como para influir en las medidas anunciadas por el gobierno el pasado viernes, aunque éstas no dejen de ser medidas cosméticas que siguen sin tocar los beneficios de la banca. Por ejemplo, seguirán los embargos de nóminas, aunque la cantidad no embargable suba de 641 a 961 euros, y sigue también sin aprobarse la dación en pago.

Es por lo tanto esencial vincular las acciones directas para detener desahucios, con una estrategia de lucha a largo plazo, planteada democráticamente desde las asambleas de barrios y pueblos, por una serie de cambios en la sociedad que respondan a las necesidades de la mayoría, y no que solamente busquen el enriquecimiento de unos pocos.

Estas demandas deben ir dirigidas, en primer lugar, a la expropiación del enorme parque de viviendas vacías que existe en el estado español, con compensación sólo en caso de necesidad probada. Sólo en la Comunidad Valenciana, hay unas 200.000 viviendas nuevas sin vender, y al menos otras 78.000 viviendas vacías en Cataluña. Éstas se deben poner al servicio de un plan de alquiler social para garantizar el derecho a la vivienda de todos, incluyendo jóvenes, inmigrantes y parados.

Además, la banca debe ponerse inmediatamente al servicio de la sociedad, ya que las reformas no van a bastar para garantizar derechos como el de la vivienda. Por ejemplo, ya se está insinuando en medios de comunicación como El País (30-Jun-2011) que si se introduce la dación en pago se van a endurecer aún más las condiciones de las hipotecas para garantizar la “solvencia” de la banca.

La banca debe nacionalizarse bajo control de los trabajadores, tanto de los propios trabajadores del banco como de representantes del conjunto de la sociedad. Esto garantizará concesiones de créditos en condiciones justas, además de la gestión de los grandes recursos bancarios para garantizar el derecho a vivienda y empleo dignos, y la mejora de los servicios públicos.