21/02/2011, Victorino Roux, SR Murcia

Tras la huelga general del pasado 29 de Septiembre se abría un nuevo periodo histórico para la clase trabajadora en el Estado español. Se trataba de la primera convocatoria de este tipo en más de 8 años, en un escenario objetivo de crisis económica sin precedentes. El 29S se presentaba así como una oportunidad única para difundir nuestras ideas entre los trabajadores en lucha pero, sobre todo, para evaluar el grado de conciencia de la clase trabajadora española y la solidez de las propuestas de otras organizaciones de izquierda. 

En nuestro análisis inmediatamente después de la huelga subrayamos el éxito de la convocatoria, a pesar de la intensísima campaña lanzada por la prensa burguesa para desprestigiar a los sindicatos y mantener a la población desinformada sobre los efectos de la reforma laboral. Más de 10 millones de personas secundaron la huelga. 1 millón y medio de personas participaron en las manifestaciones celebradas el 29S. Coreando slogans contra la reforma, la crisis y el gobierno marcharon numerosos trabajadores sindicados, pero también muchos parados, jóvenes sin acceso a un empleo, estudiantes, inmigrantes y otros colectivos en situación precaria.

Aunque las manifestaciones fueron masivas y el seguimiento de la huelga demostró la vitalidad del movimiento obrero, también resultó patente que quedaba mucho trabajo por hacer. En primer lugar, el seguimiento de las movilizaciones fue desigual: mientras que casi el 100% de los obreros industriales y de los sectores mejor organizados como el de los trabajadores del transporte secundaron la huelga, su seguimiento fue muy bajo entre los autónomos y los empleados precarios del pequeño y mediano comercio. Los trabajadores públicos también secundaron tímidamente la huelga al considerar que los sindicatos no habían hecho lo suficiente cuando el gobierno redujo sus salarios arbitrariamente antes del verano.

Las dificultades parecían sin embargo naturales tras un largo periodo de “paz social” y no deberían ser motivo de alarma en un país que contara con organizaciones políticas y sindicales capaces de llevar a cabo un trabajo de información y movilización sostenido y eficaz. Es este último punto el que genera más preocupación en el escenario español. La huelga general pudo ser el pistoletazo de salida a una estrategia de lucha. Sin embargo, aunque la desesperación y la rabia han siguen creciendo, esto no se ha traducido en movilizaciones masivas tras la huelga. Ello es responsabilidad directa, como veremos, de las carencias estructurales y errores ideológicos de la izquierda política y social en el Estado español.

Entre la izquierda política la única fuerza con una tradición e implantación suficiente para desempeñar a corto plazo el rol de un partido de masas transformador, Izquierda Unida, llegó tarde a esta crisis. Tras el fracaso de las últimas elecciones parlamentarias la formación se embarcó en un estético proceso de refundación, lejano a las inquietudes de la calle. En este proceso ha habido algo positivo: los comunistas del PCE han aumentado su peso y han conseguido desalojar de muchos de sus feudos a los reformistas del ala llamazarista, que convirtieron en los últimos años a Izquierda Unida en una versión “verde” del PSOE. Sin embargo, el precio pagado ha sido altísimo: la fracturación y la falta de conexión con los problemas cotidianos de la gente han privado al movimiento social contra los recortes de una dirección política ampliamente reconocida por la clase trabajadora. Aunque IU ha subido su intención de voto en las encuentas, pasando del 5 al 8 por ciento, esta subida es ridícula si consideramos el potencial revolucionario que podrían despertar los ataques generalizados a las condiciones de vida de amplias capas de la población.

Más grave aún ha sido la triste actuación de las organizaciones sindicales. A lo largo de estos meses los sindicatos mayoritarios del Estado español, CCOO y UGT, han mostrado su escasa capacidad de reacción frente a la agenda de recortes de patronal y gobierno, una inoperancia rayana en el servilismo. La dirección de estos sindicatos no cuenta a día de hoy con el apoyo de los más afectados por la crisis, no posee tampoco un análisis correcto del contexto histórico que atraviesa la economía española e internacional y, por último, tampoco posee la voluntad de luchar contra un gobierno al que le unen demasiados lazos.

En primer lugar, como demostró el seguimiento desigual de la huelga general, los sindicatos mayoritarios no han sabido organizar ni tienen capacidad de movilización entre el moderno “precariado” urbano. Trabajadores flexibles con contratos cortos, a tiempo parcial, que cambian frecuentemente de centro de trabajo y son empleados en pequeñas tiendas y bares (filiales frecuentemente de cadenas multinacionales) donde no existe por ley ninguna representación sindical. Empresas que fuerzan a sus trabajadores a figurar como autónomos, sin derecho a paro ni prestación por enfermedad y obligados a contratar un plan de pensiones privado. Este perfil, cada vez más común entre la clase trabajadora del Estado español, no ha encontrado refugio en el movimiento sindical. Sin embargo, es en esta clase precaria en la que reside el mayor potencial revolucionario. La imposible movilidad social de esta clase cada vez más hegemónica la convierte en punta de lanza de cualquier aspiración de cambio. Esto debe ser reconocido por aquellas organizaciones políticas que, con una organización más flexible, pueden movilizar a este importante sector.

En segundo lugar, los sindicatos no juzgan correctamente la coyuntura histórica actual. Es como si la crisis del capitalismo, alargada y global, nunca hubiera existido para ellos. El paro ha seguido subiendo a lo largo de 2010 (un 1’49% hasta alcanzar el 20’33%). Alcanza un 43% entre la población joven. Es innegable que el sistema capitalista no puede generar a día de hoy riqueza y crecimiento suficientes para satisfacer la dictadura de los accionistas (que esperan beneficios cada vez más generosos) y las aspiraciones de prosperidad de la población. Los sindicatos miran hacia otro lado cuando hablan de “reformar el sistema” o de “domesticar a los mercados”. A los trabajadores españoles les esperan 20 años de paro masivo y condiciones de trabajo propias de Estados autoritarios del tercer mundo si no son capaces de vencer el pulso con los capitalistas. En esta lucha no existen árbitros imparciales ni terceras vías.

Por último, no debemos olvidar el papel que desempeñan los líderes sindicales y su disposición a luchar. En Enero Ignacio Fernández Toxo, líder de CCOO, afirmaba que era necesario “elevar la mirada” a la hora de negociar con el gobierno. Cándido Méndez, secretario general de UGT, pedía aparcar “la tensión y la confrontación”, cuando todo el mundo esperaba una nueva huelga general. No debemos engañarnos. Los sindicalistas profesionales de UGT anclados en la dirección desempeñan una doble militancia sindical y política, esta última en el PSOE, el partido en el gobierno. Nunca se enfrentarían a la mano que les da de comer. Ante el enorme esfuerzo que supondría convocar una huelga general en solitario, la dirección de CCOO también se ha echado atrás, desilusionando profundamente a su militancia. La segunda huelga general que debía apuntar directamente a la caída de un gobierno cómplice, se ha quedado, a excepción del País Vasco, en agua de borrajas. El reciente pacto para alargar la edad de jubilación, jaleado por gobierno, patronal y sindicatos, supone el final de un recorrido que comenzó el 29 de Septiembre y que concluye con una derrota pactada.

¿Existe una alternativa? Por supuesto. Sus posibilidades de éxito son incluso mayores que antes del 29 de Septiembre. La legitimidad del capitalismo se encuentra bajo mínimos, la situación objetiva de los trabajadores españoles es dramática y la rabia sigue creciendo. Nuestro objetivo es sentar las bases de una organización política que sea capaz de encarnar esa rabia. Esa organización debe contar con los miembros más conscientes del proletariado industrial y del incipiente “precariado”, debe reconocer como irreversible la crisis actual del capitalismo y, en consecuencia, debe estar lista para combatir sin tregua a patronal y gobierno, defendiendo un plan de lucha activo y de movilizaciones sostenidas contra los recortes. Esta tarea debe llevarse a cabo entre los movimientos sociales, pero también en el seno de organizaciones sindicales y políticas donde las bases críticas esperan aliados con urgencia. Aunque muchos trabajadores desconfían de UGT y CCOO por la traición de sus líderes, los sindicatos son hoy más que nunca necesarios para defendernos de los ataques sistemáticos de patronal y gobierno. Es el momento de presionar desde las bases y despedir a una dirección cobarde. Es también el momento de construir un movimiento sindical diferente, organizado democráticamente, constituyendo comités de lucha en cada centro de trabajo, listos para luchar ante cada ataque y definir sus propias aspiraciones sin tener que esperar órdenes de arriba.

En el seno de estas organizaciones y ante los trabajadores del Estado español debemos difundir además un programa político que ofrezca una auténtica alternativa a la política capitalista y la dictadura de los mercados. Es imprescindible concienciar a amplias capas de la sociedad de que no habrá prosperidad si no se nacionaliza la banca y el Estado no invierte masivamente para transformar nuestro sistema productivo. No se creará empleo si no se pone bajo el control democrático de los trabajadores a los sectores principales de la economía, imponiendo la jornada laboral de 35 horas y adelantando la edad de jubilación. La izquierda debe poner sobre la mesa un plan de transición hacia una sociedad socialista en el que los trabajadores vean reflejadas sus ansias de acabar con la dictadura económica del capitalismo. Es con este programa con el que las fuerzas de izquierda han de presentarse en las calles y en las próximas elecciones municipales, transformándolas en un amplio referéndum no sólo sobre el futuro de Zapatero sino sobre la vigencia misma del sistema capitalista.