El estado penaliza el derecho a la protesta

24/09/2016, Paul Murphy, diputado del Partido Socialista (CIT en Irlanda). Original publicado 19/09/2016 en socialistparty.ie. 

Los «juicios de Josbstown», vinculados a una famosa protesta en un barrio de clase trabajadora de Dublín, que detuvo durante dos horas el coche de la entonces viceprimera ministra, Joan Burton, están programadas para comenzar hoy con el juicio de un joven de 17 años bajo falsas acusaciones de «detención ilegal». Secciones del CIT en varios países se manifestarán hoy en solidaridad con la campaña #JobstownNotGuilty (Jobstown no culpable) y exigiendo que se retiren todos los cargos contra los manifestantes. 

Mientras tanto, decenas de miles de personas salieron a las calles de Dublín el sábado en la última marcha en contra de las tarifas de agua. Paul Murphy – que está entre las decenas de activistas amenazados con la cárcel – se dirigió a la manifestación (ver video aquí) y el eslogan #JobstownNotGuilty fue destacado durante el evento.

A pesar de las expectativas de muchos de que los manifestantes #JobstownNotGuilty no irían a juicio, el primer acusado por detención ilegal se enfrenta al inicio del juicio el 19 de septiembre. El próximo año, otros 18 acusados deberán enfrentar cargos que podrían resultar en una condena máxima de cadena perpetua.

Estos son los más graves juicios políticos en décadas y amenazan el derecho de la gente a protestar.

La clase dominante continúa su ofensiva

Las acciones del estado que conducen a estos juicios ponen al descubierto la forma en que opera la defensa de los intereses del 1%. El contexto es el de un movimiento masivo de desobediencia civil contra las tarifas de agua, que ha logrado forzar la suspensión de ésta y el colapso de los partidos políticos tradicionales.

La clase dominante en Irlanda está mirando con miedo otros movimientos sociales, el ascenso de la izquierda y la posibilidad de más victorias para los trabajadores, lo que los impulsará aún más. Por lo tanto, llevó a cabo cientos de detenciones, el encarcelamiento de las protestas contra la instalación de contadores de agua y los manifestantes de Jobstown, para enviar un mensaje y tratar de desalentar esa protesta.

La coreografía de dos semanas de redadas en febrero de 2015, con 6, 8 o 10 Gardai (policía irlandesa) en cada detención de manifestantes fue una parte clave de esto. Las filtraciones de la policía a la RTE (empresa de radio y televisión pública en Irlanda) también fueron diseñados para criminalizar a los manifestantes a los ojos de la gente.

Esto ocurrió al mismo tiempo que las revelaciones sobre la Operación de Mizen, que fue una operación de espionaje dirigida por la Policía Irlandesa contra manifestantes contra las tasas de agua. Las fuerzas del estado se alinearon y se utilizaron para tratar de ayudar a la imposición de las tarifas de agua – un punto clave de la agenda de la clase dominante para desplazar la carga fiscal e impulsar la privatización.

Los medios de comunicación no pueden contener su sesgo

Una característica particular de este proceso ha sido el juicio por los medios de comunicación y los políticos ya desplegados para tratar de dar forma a la opinión pública. Esto va desde Claire Byrne declarando que «Ustedes encarcelaron ilegalmente a la vice-primera ministra» en el primer día de las redadas, a Olivia Mitchell declarando unos días más tarde que «se trataba de actos de violencia y terrorismo».

Esta campaña de medios alcanzó su cenit con Ryan Tubridy en su programa «Late, Late Show» declarando que «lo que todos en casa acabamos de ver, como ya saben, es a la Tanáiste, la viceprimera ministra, atrapada en un coche durante dos horas, en contra de su voluntad.»

Los juicios contra Jobstown tienen un papel clave para impedir que siguiera creciendo la confianza entre los manifestantes, enviando el mensaje de que la protesta es criminal y que los activistas son criminales. Es por eso que el viejo dicho «un ataque contra uno es un ataque contra todos» es aplicable en este caso.

Frente a unos medios de comunicación y estado hostiles, la comunidad de Jobstown necesita toda la ayuda y solidaridad que se pueda obtener. Esto tiene que convertirse en un movimiento importante de las comunidades de trabajadores y jóvenes para defender a los manifestantes. ¡Cualquier persona que quiera el derecho a la protesta en el futuro tiene que defender el derecho a protestar ahora, mediante la defensa de Jobstown!