El
parlamentario del Socialist Party se enfrenta al cargo de detención
ilegal por protestar contra las tasas de agua

14/08/2015,
reporteros de Socialist Party (CIT en Irlanda)

En
la noche del 12 de agosto varios medios de comunicación nacionales
informaron de que se presentarán cargos contra 23 personas del
barrio obrero de Jobstown en Dublín, incluyendo a Paul Murphy,
parlamentario irlandés, y a los concejales Kieran Mahon y Mick
Murphy de la Alianza Anti-Austeridad (AAA) y el Socialist Party. La
información fue filtrada, lo más probable desde fuentes policiales,
antes de que cualquiera de los acusados fuera notificado.

Los
cargos están relacionas con una protesta local que tuvo lugar en
noviembre de 2014, cuando una protesta con sentada retrasó el coche
de la Vice Primera Ministra y Ministra de Protección Social, Joan
Burton, durante aproximadamente dos horas, e incluyen alegaciones de
desórdenes violentos, daño criminal y detención ilegal. Estos
cargos son extremadamente serios. Por ejemplo, la detención ilegal
puede ser penada hasta con cadena perpetua. El caso será juzgado en
la Corte de Circuito, lo que significa que decidirá un jurado, en
lugar de un juez. No está claro cuando comenzarán los juicios, y
podrían darse después de las elecciones generales. Lo que es
incuestionable es que serán los juicios políticos más
significativos en Irlanda en décadas.

En
respuesta a estos acontecimientos, representantes de la AAA han
condenado esta decisión como claramente motivada políticamente.
Aparecen cuando las encuestas de opinión son lúgubres para el
gobierno y cuando sus planes de implementar las tasas de agua están
en ruinas, después de no pasar el test del Eurostat (una parte
central de su modelo de financiación) y con un impresionante
porcentaje de boicot al pago del 57% en la primera factura.

En
febrero, durante un periodo de 2 semanas, 40 personas de Jobstown
fueron detenidas en redadas al amanacer con fuerzas excesivas de la
Garda (policía irlandensa). Estas acciones no convencionales tenían
obviamente la intención de aterrorizar a las comunidades para que no
realizaran protestas efectivas contra la «Ministra de Protección
Social» (la líder del Partido Laborista es vista popularmente
como la culpable de ataques a las secciones más pobres de la
sociedad, particularmente beneficiarios de ayudas sociales y familias
monoparentales), y enviar un aviso a toda la clase trabajadora para
no seguir el ejemplo de Jobstown.

El
acto de filtrar informes vagos sobre posibles cargos a los medios de
comunicación también tiene la intención de provocar el miedo de
las comunidades en protesta. También contradice los anteriores
argumentos espurios de que los sospechosos presentaban «riesgo
de fuga» y que se dieron para justificar las redadas al
amanecer.

La
protesta relacionada con estos cargos fue un acontecimiento
significativo en el movimiento de masas que ha tenido lugar contra
las tasas del agua el año pasado. Ésta involucró a 700 personas
del barrio que se concentraron en una escuela donde la ministra
estaba dando una presentación, después de que se extendiera la
noticia de que se encontraba en la zona. Además de la indignación
por las tasas del agua, existe una ira comprensible en Jobstown, que
ha sido completamente abandonado por los dirigentes políticos
durante muchos años, y traicionado por el Partido Laborista que ha
tenido tradicionalmente un gran apoyo aquí.

Pero
estos acontecimientos, y la reacción violenta del sistema, reflejan
la polarización de la sociedad irlandesa entre los más afectados
por la austeridad y aquellos que se han beneficiado de ella, y
también muestran el grado en el que se ha descompuesto el Partido
Laborista. La perspectiva de un juicio del que Joan Burton será un
testigo clave testificando contra las víctimas de sus salvajes
políticas de austeridad, y en el que el derecho fundamental a la
protesta será el tema político principal, solamente significará
que el odio al Partido Laborista se enraizará.

La
Alianza Anti-Austeridad junto con la comunidad de Jobstown lanzará
una gran campaña política por la supresión de los cargos contra
los manifestantes. Hará de este tema un asunto fundamental en las
elecciones generales, junto con las tasas del agua y las políticas
de austeridad. Si efectivamente se llega a juicio nos aseguraremos de
que la austeridad se siente en el banquillo y defenderá el derecho a
la protesta efectiva.