18/01/2012, V Lara, Socialismo Revolucionario, Sevilla

Desde su llegada al gobierno y como previmos, el PP está asestando nuevos y más profundos ataques a los trabajadores y a los sectores más débiles, ataques que ya había emprendido el PSOE con la excusa de la crisis. A la congelación de salarios mínimos, las subidas de impuestos a los asalariados, y la bajada en términos reales de las pensiones (suben el 1%, menos que el IPC) se une un cruel ataque a las personas dependientes, con una moratoria de un año para que los dependientes moderados puedan recibir sus ayudas, afectando a unas 30.000 personas.

Esta espera se unirá casi por seguro a una larguísima espera que ya sufren los dependientes de grado superior en la tramitación de las ayudas. Desde que se solicita la ayuda hasta que se reconocen éstas (según grado de dependencia y nivel económico) lo normal es que pasen largos meses, e incluso más de un año. Y aún después de haberse reconocido la ayuda, ésta sigue en espera durante muchos meses más, tiempo durante el cual pueden aparecer desagradables “sorpresas”, como que el número de horas concedidas sea menor del que los técnicos de Servicios Sociales habían comunicado anteriormente, o que la residencia de la que iba a disfrutar un dependiente resulte no ser gratuita y la familia deba hacerse cargo de parte del coste.

La financiación insuficiente de la Ley de Dependencia y la política de continuos recortes ha dado lugar a esta larguísima lista de espera de más de 150.000 dependientes graves que aún están esperando que les lleguen sus ayudas (Público.es, 3-Ene-2012). Para el resto de dependientes, la ley preveía la implantación gradual de las ayudas, de los grados más graves a los más leves, pero ésta, gracias a la nueva medida del PP, se retrasará al menos un año más. Un total de 300.000 personas tienen reconocida su prestación y aún no la perciben, entre los dependientes graves en espera y el resto de los grados, lo que supone aproximadamente un tercio de todas las ayudas reconocidas.

Este ataque del nuevo gobierno afecta a colectivos muy vulnerables, como ha ocurrido con muchos otros ataques a los pobres y trabajadores que se están dando desde el principio de la crisis. Los solicitantes de ayudas bajo la Ley de Dependencia, por poner un ejemplo, son en gran parte pensionistas, sobre todo los de más edad. Aproximadamente el 50% de los solicitantes tienen más de 80 años, y el porcentaje sube hasta el 75% si se toman todos los solicitantes de más de 65. Literalmente, a muchas de estas personas se las está dejando morir antes de que perciban las ayudas, y los medios de comunicación están llenos de escándalos como el de familiares cuidadores que reciben la ayuda económica cuando su ser querido ya ha fallecido.

Además de los dependientes en sí, los retrasos y recortes afectan también de forma muy importante a las familias, los que asumen el papel de cuidador. Sobre todo en los casos más graves, el cuidador se ve obligado a abandonar su puesto de trabajo si es que lo tenía, lo que lleva a situaciones económicas dramáticas. En algunas comunidades, como en la Comunidad Valenciana, las ayudas económicas percibidas por los familiares cuidadores se están retrasando varios meses (El País, 3-Ene-2012). 9 de 10 personas que esperan una ayuda económica como cuidadores son mujeres, en general las que más sufren los recortes en otros servicios esenciales como sanidad y educación, porque normalmente se espera de ellas que llenen el vacío que dejan los recortes en servicios públicos.

Estos recortes, como muchos otros anunciados, solo sirven para deprimir aún más la economía y no solucionarán la crisis económica. CCOO menciona en su página web que se han creado unos 190.000 empleos desde 2009 relacionados con la Ley de Dependencia. Estos contratos generalmente no se realizan directamente con la administración sino con empresas que proveen este servicio, un tipo de privatización que se da en muchos otros sectores. Normalmente, a pesar de la gran necesidad que hay de este servicio, los contratos son muy precarios, temporales y con sueldos y horarios muy reducidos. Los nuevos recortes llevarán a estos trabajadores a situaciones aún más precarias, o directamente al paro.

El fracaso en la implementación de la Ley de Dependencia, que podría haber sido muy beneficiosa pero que solamente está en vigor desde 2006, es otro ejemplo más de la incapacidad del capitalismo de garantizar una vida, cuidados y empleos dignos para todos. Éste es un sistema que además genera pobreza, desempleo y guerras al mismo tiempo que concentra riquezas descomunales en una minoría. Es necesario una nueva sociedad, una sociedad socialista, que gestione los recursos en beneficiosos de todos, no de una minoría.