09/11/2013,
Juan Bértiz, SR Barcelona

El
1 de noviembre de 2005 los Mossos d´Esquadra, la policía autonómica
catalana, daba el salto cualitativo más importante desde el inicio
de su despliegue por el territorio de Cataluña, iniciado once años
antes: se desplegaba en Barcelona, sustituyendo a la Policía
Nacional salvo en unas pocas competencias que mantenía este último
cuerpo, del mismo modo que ocurría con la Guardia Civil. Tres
años después culminaba el proceso de despliegue en las comarcas de
Tarragona. Se terminaba así un lento proceso de sustitución por
parte de los Mossos d´Esquadra, una policía integral, constituida
en democracia, con un componente nuevo y un nuevo ideario, agentes
jóvenes, se decía, la mayoría de ellos nacidos mucho después de
la dictadura, con un carácter como cuerpo progresista y por tanto
una policía bien integrada en la sociedad catalana a la que iba a
servir con dedicación y empeño.

Así era la
imagen que se quería dar de la nueva policía.

Pero casi a
los veinte años de iniciado el proceso de despliegue y a los ocho
años de haber comenzado su andadura en la capital catalana nos
encontramos con una crisis profunda en la actuación y en la imagen,
sobre todo en la imagen idílica que se quiso dar, de los Mossos
d´Esquadra. Por de pronto, tres procedimientos judiciales graves se
siguen en estos momentos en los Juzgados de Barcelona. El primer es
el que afecta a Esther Quintana, una mujer a la que se hirió con
gravedad al terminar la manifestación de la última huelga general y
que como consecuencia, presuntamente, de una bala de goma, perdió un
ojo, de lo cual la Consejería de Interior y los propios Mossos han
dado nada menos que cinco versiones a medida que salían nuevas
pruebas, testimonios y vídeos que desmentían las anteriores,
dejando evidente la mala coordinación, por no decir nula o algo
peor, de la Conselleria. El segundo es el del periodista Bertrán
Cazorla, que fue detenido el pasado 15 de junio cuando recriminaba
una actuación policial junto a la comisaría de Ciutat Vella,
céntrico barrio de Barcelona. Y el último, y con peores
consecuencias, es el de la muerte de Juan Andrés Benítez el pasado
5 de octubre cuando fue reducido por ocho agentes de los mossos y de
lo cual también hubo vídeos y declaraciones que ha llevado al
Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona a abrir un procedimiento e
imputar a los ocho agentes y a tomar la propia policía autonómica
medidas cautelares sobre ellos.

Hay que añadir
a estos tres casos otras denuncias y sentencias condenatorias de
malos tratos que han recaído sobre agentes de los Mossos. Pero
también actuaciones cuanto menos cuestionables de la Policía
Autonómica como fueron, por dar algunos ejemplos, el desalojo de la
Universidad de Barcelona y posterior manifestación durante las
protestas por el plan Bolonia en 2009, las últimas huelgas generales
durante las correspondientes jornadas y manifestaciones –con las
impactantes imágenes de los agentes de la BRIMO (antidisturbios)
agrediendo a menores en Tarragona o disparando gases en una masiva
manifestación en el centro de Barcelona- o el desalojo de la Plaza
Cataluña de la capital catalana el 27 de mayo de 2011. Hay otros
casos sin tanta relevancia social o mediática, pero indicadores de
que algo pasa en este cuerpo policial, pero sobre todo en la gestión
de los mandos y de los responsables políticos.

Porque los
Mossos han recibido siempre el apoyo de sus responsables político.

Cuatro han
sido los Consejeros de Interior que han dirigido este cuerpo policial
desde su despliegue en Barcelona: Montserrat Tura (PSC), que fue
quien dirigió el cambio de policía en la capital, Joan Saura
(ICV-EUiA), tal vez quien tuvo más enfrentamientos con los Mossos en
parte por sus acciones de control de los malos tratos en comisaría
al colocar cámaras en las instalaciones policiales, Felip Puig
(CiU), que se vio especialmente salpicada por el asunto de Esther
Quintana y que, tras la dimisión de Sergi Plà, comisario general
del Área de Recursos Operativos de los Mossos, fue sustituido al
frente de la Consellería por Ramón Espadaler (CiU), todavía hoy en
su cargo.

Los cuatro han
sido cuestionados por los movimientos sociales y por numerosos
activistas al dejar un gran margen de maniobra a los Mossos,
amparando sus acciones, incluso cuando resultaban a todas luces
desmedidas, o reaccionando de un modo descontrolado, improvisando
incluso, como en el caso de Puig, cuando el desaguisado resultaba
evidente y nefasto en lo que se refería a Esther Quintana. Aún hoy,
ante el asunto de Juan Andrés Benítez, el Conseller Espadaler
defiende a los Mossos a capa y espada, lo que sería en cierto modo
lógico desde un punto de vista del sistema, pero sin un ápice de
crítica interna, intentando además desprestigiar el informe de la
Policía Nacional, cuerpo al que el Juez de Instrucción encargó la
investigación, acudiendo a la recurrente conspiración externa, y
sólo cuando se imputó a los agentes aceptó tomar medidas internas
contra los mismos, pero manteniendo en su cargo a Manel Prat,
Director General de los Mossos d´Esquadra, aun cuando todos los
partidos de la oposición cuestionan de diferente manera e intensidad
a este responsable y sólo CiU y, curiosamente, ERC lo apoyan.
Curiosamente porque ERC ha sido muy crítico en otros momentos con
los Mossos y ahora parece movido por su situación de apoyo desde
fuera al Gobierno de Mas, por mucho que ambas fuerzas hayan decidido
eliminar el año próximo las balas de goma, lo que es más bien una
cesión a los movimientos sociales que lo estaban reclamando en un
momento de profundo cuestionamiento de la Policía Autonómica.

La caída en
picado del prestigio de los Mossos está coincidiendo además con el
intenso debate soberanista y desde el nacionalismo conservador o
pseudoprogresista hay quien comenta que tal vez haya un intento de
desprestigiar las instituciones catalanas. De nuevo CiU echa balones
fuera para situar una vez más las causas de todo lo que sucede en el
país fuera de Cataluña en vez de asumir las responsabilidades en
una mala gestión, la suya propia y la de sus predecesores en el
cargo, incluida la de Joan Saura, en algún momento demonizado desde
la actual coalición gobernante. De nuevo la derecha catalana y sus
socios de ERC –por mucho que marquen distancia por razones
electoralistas son socios y corresponsables de la gestión de
gobierno- rechazan aceptar que su gestión es negativa, todo lo malo
que ocurre en el país procede de fuera, del Estado Español o de la
mala fe de los críticos, ellos al fin y al cabo, están convencidos
de eso, son el país y nada puede enturbiar su proyecto de sociedad
clasista y, por lo que se ve, autoritario.

Porque lo que
en definitiva se pone en la piqueta es, a todas luces, un modelo
policial.

Salta a la
vista que el modelo policial no es ni de lejos el de esa policía
cercana, democrática, progresista, servidora de la sociedad e
identificada con el país en el que se sirve que se ha querido dar en
un principio. Sobre todo porque no hay que engañarse: cualquier
cuerpo policial, reflejo del sistema político y social en el que se
encuadra, sirve a los intereses dominantes de la sociedad en la que
realiza sus funciones y, como en otros ámbitos, conseguir una mayor
democratización de la policía y un respeto de los derechos básicos
es fruto de una lucha social amplia, y en estos momentos estamos en
claro retroceso.

CiU, cuyos
responsables prepararon en los ochenta el terreno de lo que sería la
policía catalana, tenía en mente una idea de país y de sociedad
que no era otro que un país de orden, su orden capitalista, léase,
sin más disidencias que las autorizadas. La Policía Autonómica no
iba a ser, por tanto, muy diferente a otros modelos policiales que
imperaban e imperan en el resto de Europa Occidental. Esto lo saben
muy bien, por ejemplo, los trabajadores de PANRICO de Santa Perpetua
de la Moguda vigilados muy de cerca por la muy cuestionada BRIMO en
la realización de sus protestas, sin que nadie tenga en cuenta la
gestión empresarial de los propietarios actuales.

Esto lo
sabemos, como sabemos que la construcción de instituciones propias
en Cataluña, fruto de una reclamación legítima de autogobierno,
que en nuestra opinión debe de ser consecuencia de un derecho
inalienable de autodeterminación, ha servido a la derecha catalana y
a la burguesía del país para imponer su propio modelo de sociedad
en la que la represión de toda disidencia y la utilización del
miedo como herramienta política y social resultan evidentes.

Aun así,
resultan inaceptables ciertas prácticas.

Tenemos que
exigir el esclarecimiento de todos los casos abiertos y la depuración
de los responsables de malos tratos y torturas. Nos parece
inadmisible que algunos condenados por tortura hayan sido luego
indultados por el Gobierno del Estado, lo que se convierte en
impunidad. En un momento de crisis, además, hemos de rechazar la
represión contra el movimiento obrero y los movimientos sociales,
represión física y criminalización que busca mantener un orden
social en el que nosotros no cabemos.