Este
derecho de las mujeres se encuentran ahora en juego mientras siguen
las especulaciones y las luchas internas dentro del PP sobre cómo
modificar la actual ley.

07/06/2013, Socialismo Revolucionario Gran Canaria

El gobierno en general, y el
ministro de justicia en particular, llevan ya casi un año y medio
realizando declaraciones preocupantes sobre se pretende modificar la
actual ley de interrupción del embarazado. Sin embargo, se sigue sin
conocer el contenido concreto de esta modificación, que parece estar
ahora en manos de los intereses electoralistas y luchas internas del
PP, además de la gran influencia que sobre el gobierno tiene la
iglesia católica, como ha demostrado recientemente el Proyecto de la
LOMCE.

Todo apunta, sin embargo, a que la
nueva ley será mucho más restrictiva que la actual, volviendo a
leyes de supuestos de hace casi 30 años. En concreto, muchas voces
dentro del PP, y el propio Ruíz-Gallardón, han declarado que la ley
que pretenden aprobar se basa en la «la
doctrina del Tribunal Constitucional» sobre la ley de supuestos de
1985. Esta sentencia, al igual que la ley aprobada poco
después, considera la despenalización del aborto sólo en supuestos
extremos como el grave riesgo para la vida o la salud de la mujer, la
malformación del feto o una violación.

La sentencia de 1985 también
indicaba, además de la gran restricción de los supuestos, que éstos
se tenían que probar previamente, aumentando el control sobre el
cuerpo y la vida de las mujeres. En línea con lo anterior, Gallardón
declaró en un foro del diario La Razón, en abril de 2013, que el
riesgo para la salud de la mujer no puede ser un «pretexto»
sino que tiene que constatarse claramente, dando a entender que
anteriormente se había utilizado como algún tipo de coladero.
Además, Gallardón ponía al mismo nivel los derechos de las mujeres
con las del no nato, abriendo la puerta a que las mujeres sufran de
graves problemas de salud, incluso con desenlaces fatales… Y así
es al parecer como defiende el señor ministro el derecho a la vida.
En todo caso, las «constantaciones» que Gallardón quiere
incluir podrían suponer retrasos peligrosos (por temor de los
médicos de no cumplir la ley, trámites administrativos, etc.) en
situaciones que requieren decisiones exclusivamente médicas y
encaminados a salvaguardar la salud y la vida de la mujer.

Gallardón
fue aún más lejos, hasta extremos que sectores del propio PP no
aprueban, cuando se escudó en resoluciones de la ONU sobre igualdad
de derechos de discapacitados para poner en cuestión el supuesto de
malformación del feto. Sin embargo, el propio ministro de justicia y
el gobierno en general muestran claramente lo poco que le importan
los derechos de los discapacitados y los dependientes ya nacidos,
gravemente afectados por los recortes en sanidad y en la ley de
dependencia. Estos recortes están dando lugar a situaciones
dramáticas para muchos dependientes y su familias porque no pueden
acceder a los medicamentos u otros equipamientos sanitarios
necesarios, no cuentan con la asistencia para una vida digna o
sobreviven con pensiones de miseria.

En
cuanto a la ley actual, que entró en vigor en 2010, hay que tener en
cuenta que la mayoría de los países de la Unión Europea tienen
leyes de plazos similares. Y que estas leyes de plazos, al contrario
de los que nos quieren hacer creer los «pro-vida», no
aumentan espectacularmente el número de abortos. Desde 2010 a 2011,
que son los últimos datos oficiales que registra el Ministerio de
Sanidad, habría un incremento solamente de 113.000 a 118.000, que
incluso podría deberse a que menos mujeres durante este periodo
hayan abortado irregularmente o en el extranjero. Estas situaciones
aumentan claramente con leyes restrictivas: la mujer que puede
permitírselo abortará en el extranjero (quizá sin ningún apoyo o
compañía dependiendo de su situación económica o personal) y; lo
que es realmente grave, la que no pueda pagárselo acudirá a medios
clandestinos con graves riesgos a su vida.

Los
datos demuestran que en países como Nicaragua, donde el aborto está
completamente prohibido, se ha producido un aumento de muertes de
mujeres embarazadas, tanto por abortos ilegales, como incluso por el
temor de los médicos de ser juzgados por tratar otro tipo de
emergencias ginecológicas. Bien conocido es también el caso de la
salvadoreña Beatriz, a la que se le denegó el aborto a pesar de que
su vida corría serio peligro y de que su feto tenía una
malformación incompatible con la vida. Su vida valía menos que la
de este feto para las autoridades de El Salvador, incluido el
Tribunal Constitucional, a pesar de tener un hijo de 14 meses del que
ha estado separada durante todo su periplo hospitalario, y que podría
haber perdido a su madre por esta prohibición. Solamente con la
presión internacional se consiguió que Beatriz pudiera tener un
parto inducido (se encontraba ya entonces en una gestación bastante
avanzada) para salvaguardar su salud.

Además,
otros estudios realizados en EEUU indican que las mujeres que
solicitaron interrumpir su embarazo y se les denegó sufren mayores
porcentajes de pobreza, desempleo y empleo precario, y mayores
posibilidades de tener que recurrir a los servicios sociales para
sobrevivir. También, en un mayor porcentaje, permanecen con sus
parejas, incluso si son víctima de violencia machista. Y si bien las
mujeres que abortaron no sufren mayores porcentajes de depresión,
las mujeres a las que se les denegó sufrieron mayores niveles de
ansiedad durante el año siguiente.

Ideológicamente
limitar el derecho al aborto significa el control sobre la sexualidad
y sobre el cuerpo de las mujeres, como hemos visto antes hasta el
extremo de poner en peligro su vida. Además, los embarazos no
deseados pero que se llevan a término pueden llevar a situaciones de
discrimación, de estigmatización en zonas conservadoras e incluso a
situaciones de violencia machista. La ideología también está
detrás de las palabras de Gallardón el año pasado en las que
aseguraba que «La
libertad de maternidad es lo que a las mujeres les hace
auténticamente mujeres» (El Mundo, 28/03/2012).
Este pensamiento pone a todas las madres, sea el embarazo deseado o
no, en situaciones de desigualdad con respecto al hombre, ya que
considera el valor de las mujeres solamente desde el punto de vista
reproductivo, y justifica que caiga la carga de trabajo doméstico
sobre la mujer, al igual que el cuidado de niños y dependientes.

Por
último, el mayor trabajo doméstico y de cuidados se refleja en la
desigualdad también económica de las mujeres: una mujer embarazada
muy probablemente perderá su empleo, o intentará acceder a uno de
tiempo parcial, normalmente más precarizado y con peores sueldos,
que a la larga suponen también peores pensiones o prácticamente de
susbsistencia. A su vez, estas peores condiciones empujan las
condiciones a la baja de los empleos de los hombres. Todo esto juega
a favor de la clase capitalista para seguir aumentando sus
beneficios, como siguen haciendo las grandes empresas en la actual
situación económica.

Socialismo
Revolucionario defiende el derecho universal de las mujeres a
interrupir el embarazo, si así lo deciden, de forma segura, gratuita
y a través del servicio público de salud, eliminando los conciertos
con empresas privadas (al igual que otros conciertos y
privatizaciones que existen ahora como servicios de ambulancia,
laboratorios, etc).

Pero
además, debemos reclamar el derecho de tener el número de hijos que
deseen, si deciden ser madres, y cuando lo deseen, derecho que está
ahora claramente coartado por razones económicas y laborales. Para
esto es necesario políticas completamente contrarias a los recortes
en sanidad y educación, que solamente sirven para aumentar la
pobreza y cargar con más trabajo no remunerado a las familias en
general, y a las mujeres en particular. En su lugar se deben
fortalecer los servicios públicos, incluyendo medios
anticonceptivos, reproducción asistida, atención a los
dependientes, guarderías públicas y gratuitas, y una renta
universal y pensiones dignas para todos que garenticen la
independencia económica de las mujeres.

Fuera
de la lógica capitalista, tomando en manos públicas y organizando
democráticamente los recursos, se podrá acabar con la
discriminación y con la explotación tanto de hombres como de
mujeres, y garantizar estos derechos.