En 2020, durante la crisis COVID19 la economía española sufrió un descenso de la producción del 10,8%, el mayor desde la Guerra Civil. El FMI prevé un aumento del 6,2% para 2021, lo que sólo hará que la economía española vuelva a los niveles anteriores a la pandemia. En septiembre de 2021, la economía española es la más rezagada de la UE en la recuperación de la pandemia. Ha perdido un 22% de su actividad y está ahora 8,4 puntos porcentuales por debajo del nivel anterior a la pandemia.

Por John Hird, ASI en el Estado Español

Según el Banco de España, la economía española recuperará sus niveles pre-COVID-19 a mediados de 2022, medio año más tarde que la zona euro. La última revisión sobre la salud económica en España parece indicar que el camino hacia la recuperación podría incluso tardar aún más, lo que supondría importantes afectaciones políticas.

El futuro económico está lejos de ser seguro. Aunque 235.000 personas más empezaron a trabajar durante los meses de verano, debido a la flexibilización de las normas sobre viajes al extranjero, todavía no está claro si muchos de los trabajadores que permanecen en el plan de mantenimiento del empleo del ERTE del Gobierno, que se ha prolongado hasta febrero de 2022, junto con los trabajadores del sector turístico que fueron contratados para la temporada de verano, mantendrán sus puestos de trabajo.

En 2020, el Gobierno PSOE – UP elevó el límite de gasto en un 53% para cubrir los gastos extraordinarios derivados de la pandemia de coronavirus, entre los que se encuentran el plan ERTE, las ayudas financieras a las pequeñas empresas y las transferencias a las administraciones locales y autonómicas para ayudarles en con las medidas sanitarias y educativas.

El techo de gasto para 2022 se ha limitado a 196.100 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,02% respecto al año anterior y el más alto registrado. El déficit representa ahora el 11% del PIB, es decir, unos 125.000 millones de euros. El plan es reducir el déficit al 5% en 2022, lo que tiene implicaciones políticas y sociales. Por ello, la UE ha propuesto suspender las normas de déficit y deuda para todos los Estados miembros en 2022, al igual que en 2020 y 2021. Sin embargo, la UE intentará, más adelante, controlar el gasto del gobierno español, pero en la nueva situación, habrá que ver qué éxito tienen.

La pobreza aumenta

La realidad social para la clase trabajadora y ahora también para un creciente número de personas de clase media que viven bajo el débil capitalismo español es otra historia. Se acaban de publicar las estadísticas de los niveles de pobreza para 2021. En el estado español el 9,5% o es decir, 4,5 millones de personas viven en situación de pobreza severa. Eso es UN MILLÓN de personas más que en 2008, antes de las explosiones sociales surgidas en torno a los ‘indignados’.

Cola en unl banco de alimentos de Madrid

Canarias, Valencia y Asturias tienen los porcentajes más altos de personas en situación de pobreza absoluta, que van del 12,2% al 16,7% de su población total.

La pandemia ha afectado más a los “working poor” (pobreza de los ocupados). La probabilidad de contagio y las profundas consecuencias económicas afectan más a los más pobres. Las personas que viven en la pobreza, se alimentan peor, tienen más enfermedades, viven en viviendas mal equipadas o pequeñas y la mayoría de los que consiguen trabajar, lo hacen en trabajos que requieren una actividad cara a cara que les expone a la infección. Los conductores de autobús, los trabajadores de supermercados y las limpiadoras no pueden permitirse el lujo de trabajar desde casa.

Esto les ha hecho más susceptibles al virus y a los efectos económicos de las medidas de control social lo que lleva a un aumento significativo de los índices de pobreza y pobreza severa y a un deterioro de las condiciones materiales de vida durante la crisis de la COVID19.

La pobreza alcanza cada vez a más capas de la sociedad que antes estaban inmunes. El perfil de las personas en situación de pobreza severa es muy diferente al que plantean PP y VOX: el 72% son españoles, con un nivel de estudios medio (53%) o alto (17,9%), con trabajo (27,5%) y con vivienda (95,2%).

Protestas por todas partes

La debilidad del capitalismo español se ha vuelto a poner de manifiesto durante el verano de 2021. En apenas un mes la vida de los ciudadanos ha dado un vuelco por la subida del precio de la energía. El precio mayorista de la electricidad se disparó hasta su quinto récord histórico consecutivo. La anarquía del libre mercado y la especulación han amontonado miseria sobre miseria en medio de la crisis COVID19. Las protestas estallan por todas partes y el gobierno se ha visto obligado a intervenir, tal es el enfado por las subidas de precios.

Protesta en Madrid contra los precios de la energía

Este es el contexto del empuje contra la ortodoxia neoliberal, impuesta hasta la crisis del COVID19, por la UE a estados como España. El dogma neoliberal dominante en la Unión Europea desde hace décadas ha mantenido la tesis de que el “éxito” de la actividad económica debía basarse en la austeridad del gasto público social, lograda a través de recortes que han dejado a los países afectados por la pandemia como España sin los medios necesarios -como la sanidad y los servicios sociales- para protegerse. No es de extrañar que, en general, aquellos países en los que estas políticas neoliberales se han aplicado con mayor severidad sean ahora también los países en los que los daños causados por la pandemia son mayores. Este hecho no ha pasado desapercibido para los trabajadores sanitarios de primera línea y para la clase trabajadora en su conjunto, que a partir de ahora no van a tolerar los negocios neoliberales de siempre.

La flagrante insuficiencia de las políticas neoliberales destructivas ha sido expuesta ante millones de personas y está provocando una protesta popular generalizada, que exige un cambio de “prioridades”. La simple reivindicación de unos servicios sanitarios bien financiados y de titularidad pública está teniendo un enorme impacto en el orden político y económico y está haciendo caer la ideología neoliberal, ya que la realidad vivida durante la crisis de COVID-19 por la clase trabajadora, choca con el discurso de austeridad de las grandes empresas y sus representantes políticos.

Ya existe una creciente demanda popular para que los poderes públicos antepongan el bien común a todo lo demás. Esto se reflejó en el aplauso diario de las 8 de la tarde, durante los peores días de la pandemia, en honor a los profesionales de la salud arriesgan sus vidas para salvar las de los enfermos de coronavirus. Pero esto sólo será posible si se hace lo que antes era impensable, es decir, romper con la camisa de fuerza económica de la mentalidad neoliberal. La idea de que las personas, los enfermos, los ancianos y la sociedad en general están antes que los beneficios nunca desapareció, pero ahora se expresa con más fuerza y confianza.

Es cierto que los dirigentes de la vieja socialdemocracia e incluso los sindicatos de países como España aceptaron las normas neoliberales y marcaron el límite de las políticas aceptables. El neoliberalismo no sólo ha sido una política económica, sino también un regulador del pensamiento político. Los economistas que propusieron políticas de inversión pública fueron tratados como herejes y Los economistas que propusieron políticas de inversión pública fueron tratados como herejes, mientras antiguos partidos de la clase obrera como el PSOE fueron los que privatizaron en realidad los servicios públicos ¿Es de extrañar que la pandemia haya sido tan devastadora en España?

Los primeros golpes contra el neoliberalismo

Sin embargo, ideológicamente, la doctrina del neoliberalismo ya había sufrido importantes golpes a su credibilidad, antes del COVID19 y la idea de que el mercado puede decidirlo todo. El primer golpe fue en 2008 con el colapso de Lehman Brothers y la consiguiente reacción en cadena en todo el mundo. Los gobiernos rescataron a los bancos y sólo los creyentes más fanáticos del neoliberalismo dijeron que había que dejar que los bancos quebraran.

Estos acontecimientos dieron lugar al movimiento Occupy en todo el mundo y a los “Indignados” en España. Se formaron nuevos partidos de izquierda como Syriza en Grecia y PODEMOS en España, que gozaron de un apoyo espectacular. El eslogan “¡Somos el 99%!” se convirtió en un lenguaje común en todo el mundo en las protestas. Es un eslogan importante porque resume la rabia por la hiper desigualdad entre ricos y pobres que han traído las políticas neoliberales.

Ocupación de la Puerta del Sol en 2011

Hoy en día, en España, los representantes del 1% que se han beneficiado de las privatizaciones de las últimas décadas han ido con la gorra en la mano a un gobierno PSOE-PODEMOS pidiendo limosnas. El significado y la ironía de esto no se le escapa a la clase trabajadora, a la que se le dijo que su inseguridad y pobreza se debían a su “inflexibilidad”.

Según el Informe Mundial sobre la Desigualdad, los gobiernos de todo el mundo han perdido casi todo el capital público en favor del sector privado. España es el país con más riqueza privada en comparación con los recursos públicos.

Este aumento de la riqueza privada se ha producido en todos los países, pero España es el país que ha experimentado un mayor aumento de la riqueza privada, que ha crecido casi un 700%, frente a la riqueza pública, que es negativa.

El número de millonarios sigue aumentando. A pesar de que la pandemia hizo que los más pobres perdieran, proporcionalmente, hasta siete veces más ingresos que los más ricos. Increíblemente, se ha anunciado durante la pandemia que España tiene ahora más de un millón de millonarios. La riqueza nunca ha estado concentrada en menos manos. La idea de que “nos ha tocado a todos juntos” durante la crisis COVID-19 es una broma de mal gusto y millones de personas de la clase trabajadora no se ríen.

Sólo cinco multimillonarios poseen el 55% de la riqueza del Estado español

Como siempre, la clase capitalista necesita recuperar la rentabilidad para mantener su sistema a largo plazo. En general, no invierten porque no obtienen la rentabilidad. Pero el dinero existe y está ahí parado.

Los paraísos fiscales cuestan colectivamente a los gobiernos entre 500.000 y 600.000 millones de dólares al año en ingresos perdidos por el impuesto de sociedades. La Encuesta Coordinada de Inversión Directa del FMI en 2018 encontró que la asombrosa cantidad de 12 billones de dólares- casi el 40% de toda la inversión directa a nivel mundial- es completamente artificial: consiste en inversiones financieras que pasan por empresas fantasma sin actividad productiva real.

Los socialistas no se hacen ilusiones con las políticas económicas keynesianas. Alejarse de las normas neoliberales no resolverá el problema de la rentabilidad a largo plazo del capitalismo. Más inversión estatal en servicios públicos y otras medidas parecen probables tras la crisis de COVID-19 por dos razones principales: el neoliberalismo no está funcionando para la clase capitalista y también temen los antagonismos de clase que están siendo provocados por el desnudo “la codicia es buena” de las políticas neoliberales.

La lucha de clases decidirá quién paga

Quién paga las inversiones estatales y las infraestructuras es, al fin y al cabo, una cuestión política. Una lucha viva entre la clase capitalista y la clase trabajadora. La cuestión es si el movimiento obrero y los sindicatos pueden intervenir para ofrecer una alternativa socialista a las masas o si es inevitable que, tras un respiro adecuado debido a la crisis de COVID-19, el capitalismo intente reanudar el servicio neoliberal normal.

Existe existe la teoría de que debido al fracaso de las nuevas formaciones de izquierda como Syriza y PODEMOS y la derrota de Jeremy Corbyn, no hay ningún lugar para que hacia el que canalizar la ira y probablemente los partidos de ultraderecha como VOX ganarán en España, como lo han hecho en partes de Europa del Este. VOX lanzó un “sindicato” de esquiroles amarillos que señala su deseo de llevar su política de ultraderecha a las calles. Tienen una gran presencia en el parlamento español y en algunas asambleas regionales y pueden seguir creciendo electoralmente.

Sin embargo, todo proceso tiene su dialéctica y el ascenso de VOX está provocando una radicalización entre los jóvenes especialmente en el País Vasco y Cataluña. En 2018 cuando Ciudadanos, PP y VOX celebraron de forma provocadora una concentración en la localidad vasca de Alsasua en apoyo a la Guardia Civil por el encarcelamiento de un grupo de jóvenes inocentes por parte del Estado español bajo cargos inventados, todo el pueblo se levantó contra la derecha. En una manifestación posterior, la ciudad fue tomada por el pueblo y las fuerzas del Estado optaron por no entrar en la zona. La seguridad de la marcha fue organizada por los propios ciudadanos.

Santiago Abascal

Cuando VOX consiguió inicialmente un puesto electoral en el parlamento regional andaluz, fueron los jóvenes y los estudiantes quienes se movilizaron inmediatamente en las calles contra ellos. La particular historia de España hace que las formaciones abiertamente fascistas polarizan rápidamente la situación política. El intento de VOX de introducirse en el movimiento obrero no quedará sin respuesta, especialmente por parte de los jóvenes trabajadores.

Recientemente se ha producido una oleada de agresiones homófobas en el Estado español. También han aumentado todos los delitos de odio y la violencia doméstica contra las mujeres es una epidemia.

La narrativa de VOX es un intento de “normalizar” los delitos de odio y el papel del PP de excusar a sus socios es otro factor de polarización.

¿Aparecerá necesariamente una nueva formación de izquierdas en el próximo periodo?

Los socialistas hacen campaña y jugarán un papel en la formación de nuevos partidos socialistas y de izquierdas en todo el mundo, pero este proceso no es igual en todas partes y no está nada claro cómo se producirá en este momento en el Estado español.

Sin embargo, nada es automático o preordenado en la lucha de clases o en la política. No hay porque esperar a que haya nuevos partidos obreros completamente formados para que estallen luchas serias. El fracaso de partidos como Syriza y PODEMOS no significa que volvamos a la casilla de salida en lo que a conciencia se refiere. En el Estado español todos los pilares de la Constitución de 1978 están desacreditados, incluida la monarquía que está envuelta en escándalos de corrupción. Los sindicatos están intactos y empiezan a luchar contra los despidos y miles de personas nuevas, especialmente mujeres y jóvenes, se han activado en las campañas contra los desahucios, por los derechos de las mujeres y el cambio climático. Podemos decir que la balanza de fuerzas de clase está potencialmente a favor de la clase obrera en esta etapa. Aunque la clase en su conjunto no es consciente de ello.

El levantamiento mundial de las mujeres, la juventud sobre el cambio climático y BLM muestran que los sectores más oprimidos de la clase obrera están tratando de encontrar una manera de luchar contra el sistema. También hay un importante elemento internacional en estas luchas. Las protestas de BLM se extendieron como un reguero de pólvora por todo el mundo durante la pandemia de EEUU. Estas luchas no pueden verse de forma aislada y al margen de la necesidad de nuevos partidos obreros, sino que son una parte integral del proceso. No hay que anteponer una a la otra de forma mecánica.

¿Qué se puede aprender de las lecciones de PODEMOS en España?

¿Cómo se formaron? ¿De dónde vienen? La recesión de 2008 hizo surgir el movimiento de los “Indignados” y el 15 de mayo, que tuvo eco en todo el mundo. Las plazas de las ciudades de todo el país fueron ocupadas. El paro se situaba entonces en casi 5 millones de personas, con un 43,5% de desempleo juvenil. El gobierno propuso “reformas” laborales que facilitaban el despido de trabajadores y la aplicación de contratos basura. También propuso aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Al principio, los principales sindicatos se opusieron a las medidas y convocaron una huelga general en 2010. Sin embargo, llegaron a un acuerdo sobre la edad de jubilación y el Gobierno del PP sacó adelante sus “reformas” poco a poco, utilizando la táctica del salami.

De ‘Indignados’ a ‘Podemos’

La juventud estalló en las calles y en 2011 nació el movimiento de los “Indignados”. Había muchos factores en la mezcla, incluyendo la sensación de que la juventud no tenía futuro bajo el sistema, la corrupción endémica y la falta de democracia real. Un factor importante fue que los jóvenes se sentían defraudados por los partidos oficiales e incluso por los sindicatos. En aquel momento se observó que, aunque Izquierda Unida apoyaba públicamente el movimiento, era incapaz de conectar con él, ya que se le consideraba “parte del problema”, y había un sentimiento “anti partido” palpable entre los jóvenes.

Por ello, un grupo de intelectuales en torno a Pablo Iglesias lanzó PODEMOS. Se dieron cuenta de que era necesario algo completamente nuevo para aprovechar el movimiento de los “Indignados”. PODEMOS tuvo un éxito y un apoyo inicial espectacular, especialmente entre los jóvenes, que pasaron al plano político después de que el movimiento fuera desalojado de las calles por el Estado.

Un punto importante a tener en cuenta es que aunque PODEMOS nació del movimiento de los Indignados, fue un reflejo más pálido y seguro del movimiento que había tenido elementos revolucionarios. En el punto álgido del movimiento de los Indignados había más de 8 millones de personas, en su inmensa mayoría jóvenes, que participaban en manifestaciones y ocupaciones de plazas. La gente se organizó en “grupos de trabajo” y debatió y desarrolló políticas radicales en las calles.

En última instancia, la dirección de PODEMOS nunca desarrolló un programa socialista claro ni basó el partido en la clase obrera organizada. Todos estos acontecimientos trascendentales sólo se produjeron en los últimos años. Los jóvenes y trabajadores que participaron en la lucha como “Indignados” y en PODEMOS habrán aprendido bien las lecciones. Nada se pierde en la naturaleza ni en la política. Lo importante de PODEMOS, que ahora está en un gobierno de coalición con el PSOE, es que nació de una lucha en la calle que nadie predijo, pero que sacudió duramente al Estado español.

Para poner las cosas en perspectiva, no se ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales que encendieron el movimiento y en muchos aspectos la situación es peor después de 10 años. La crisis de COVID-19 no ha hecho más que agudizar las divisiones de la sociedad española. El potencial para otra explosión de la juventud, especialmente, está siempre en el fondo. Las mujeres también se han levantado. Los jóvenes quieren salvar el planeta, organizarse contra los bajos salarios y luchar por su futuro. Aunque no fue tan grande como en años anteriores, la Huelga Climática de 2021 en el Estado español fue significativa.

No podemos predecir la marcha exacta de los acontecimientos, pero está claro que las secuelas de la crisis de COVID-19, que están en curso, provocarán movimientos de mayor nivel que los que se produjeron después de 2008.

La lucha contra la privatización

En los años posteriores al movimiento de los “Indignados” también hubo una oleada tras otra de trabajadores que lucharon contra la privatización de los servicios públicos. El movimiento fue especialmente fuerte en Madrid, sin embargo el gobierno regional del PP consiguió privatizar los hospitales, dando como resultado el lamentable estado en que se encuentra hoy la sanidad pública madrileña, que tanta miseria ha causado en la crisis de COVID-19 a la clase trabajadora. El perverso escándalo de los ancianos abandonados a su suerte en las residencias privadas al inicio de la crisis está provocando una ardiente indignación en la sociedad.

Los pensionistas del País Vasco han sido los más combativos en la movilización por unas pensiones y condiciones dignas para los jubilados. La idea de que un sistema económico que ha dejado literalmente a los ancianos morir solos y desatendidos en sus camas siga como hasta ahora es impensable. Los pensionistas celebraron una exitosa manifestación en Madrid en octubre.

La cuestión nacional fluye y refluye

La cuestión nacional surgirá una y otra vez en el Estado español, al igual que en otros lugares. Hace sólo tres años, el 1 de octubre de 2017, el pueblo catalán votó por la independencia en un referéndum que el Estado español, a pesar de la brutal represión, no pudo detener. La posterior ‘semi declaración’ de independencia por parte de los dirigentes catalanes provocó una crisis constitucional que llevó al encarcelamiento de políticos electos y a otros al exilio. Las tensiones entre el pueblo catalán y el Estado español continúan. En la base, el deseo de una Cataluña independiente ha sido el anhelo de una vida mejor, especialmente por parte de la juventud. Los partidos independentistas catalanes capitalistas, como Convergència y JxCat, habían llevado a cabo anteriormente políticas neoliberales viciosas cuando estaban en el gobierno.

Cataluña sigue siendo ‘desobediente’

Una perspectiva es que la actual crisis de COVID-19 y sus secuelas encenderán la lucha catalana una vez más. Si alguno de los diversos partidos de la izquierda catalana desarrolla un programa socialista claro y audaz vinculado al derecho de autodeterminación y a una república socialista catalana, podría llenar el vacío. En Cataluña hay un enfado permanente por los presos políticos y el atropello de los derechos democráticos. El Tribunal Supremo español destituyó al presidente electo de Cataluña, Quim Torra, por “desobediencia”. Torra calificó la acción de golpe de Estado y pidió nuevas elecciones y una “ruptura democrática” como “única forma de avanzar” hacia la independencia. Una mayor represión por parte del Estado español podría desencadenar una nueva crisis política.

El 11 de septiembre de 2021 más de 400.000 personas salieron a la calle en Cataluña en la Diada, la fiesta nacional catalana. Las diferencias políticas están saliendo a la luz en el gobierno catalán, sobre la mejor manera de lograr la independencia.

Diada de Catalunya 2021

En este contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha iniciado conversaciones con el Gobierno catalán, liderado por Izquierda Republicana de Cataluña (ERC). Antes de estas conversaciones, Sánchez tomó la decisión de indultar a los líderes independentistas que habían sido juzgados y condenados por el Tribunal Supremo por su papel en los atentados de 2017 de la independencia. Entre los políticos y líderes civiles encarcelados se encuentra el líder de ERC y ex viceprimer ministro de Cataluña, Oriol Junqueras. El PP y VOX gritaron “traición”, condenaron a Sánchez y polarizaron aún más la situación.

El gobierno PSOE – UP no tiene mayoría parlamentaria y se apoya en partidos más pequeños como ERC para conseguir la aprobación de las leyes. El próximo presupuesto es otra de las razones por las que Sánchez ha iniciado conversaciones con Cataluña.

La situación se complicó aún más cuando el ex presidente del gobierno catalán Carles Puigdemont, que hizo la declaración de independencia (luego retirada) en 2017, y que ha estado prófugo en Bélgica fue detenido durante una visita a Cerdeña.

El líder del derechista Partido Popular (PP), Pablo Casado, publicó un mensaje en Twitter en el que pedía que Puigdemont fuera juzgado en España por su “golpe de estado contra la ley constitucional.”

Puigdemont es uno de los líderes de Junts per Catalunya, que va en coalición con ERC en Cataluña y que defiende un discurso un poco más duro respecto a la cuestión de la independencia catalana.

El ambiente en la Diada era muy escéptico respecto a las conversaciones y muchos en el entorno de la CUP de izquierdas se oponen totalmente a ellas. Dolors Sabater, diputada anticapitalista, subrayó que “la detención es un ejemplo más de represión y la posición de La Moncloa es un disparate”. “Su posición demuestra que no quieren resolver el conflicto. La alternativa es la lucha por la amnistía y la autodeterminación”, dijo. “Con este marco de represión no es posible el diálogo”, ha añadido Carles Riera, otro diputado de la CUP.

Los movimientos sociales impulsores del movimiento independentista de 2017 también se muestran muy críticos con las conversaciones en un momento en el que hasta tres mil personas siguen enfrentándose a la posibilidad de ser juzgadas y sancionadas por los papeles que desempeñaron. Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), dijo que la detención es un episodio de “intensificación” de la represión y llamó a la movilización. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, declaró que “es una detención incomprensible, una persecución del Estado español”.

En diciembre de 2021, el Tribunal Supremo español (TSJC) publicó una sentencia que ataca los derechos lingüísticos del catalán, que ya está provocando protestas.

Euskal Herria

Históricamente, las diversas cuestiones nacionales no resueltas en el Estado español han sido un enorme problema para el capitalismo español y lo siguen siendo. Los acontecimientos en Cataluña alimentan la situación en Euskal Herria y viceversa. Actualmente gobierna un partido neoliberal vasco, el PNV, pero a la izquierda está Euskal Herria Bildu, (antigua Herri Batasuna). Desde que ETA renunció a la lucha armada, Bildu ha ido ganando electorado. En teoría, defienden una Euskal Herria independiente y socialista, pero en los últimos años se han acercado al PNV, reclamando un “consenso nacional vasco” y una hoja de ruta hacia la independencia. Los socialistas se oponen a los pactos con partidos neoliberales como el PNV y hacen campaña para que BILDU no diluya su programa.

Euskal Herria siempre ha sido una de las zonas más industrializadas del Estado español y todavía existen importantes industrias como la automoción, la aeronáutica y la ingeniería. La zona está fuertemente sindicalizada y es muy combativa, los sindicatos de lucha como ELA tienen la mayoría de los delegados en los centros de trabajo (delegados sindicales), especialmente en la educación y los servicios públicos. En el sector de la educación ya hubo una exitosa huelga general en protesta por las condiciones de inseguridad cuando los trabajadores de la educación y los niños fueron obligados a volver a la escuela en medio de la pandemia.También se están produciendo una serie de conflictos por los despidos forzosos a través del plan gubernamental ERTE. Una plantilla, Tubacex en Vitoria-Gasteiz, estuvo en huelga durante más de 255 días y los trabajadores se han enfrentado a violentos ataques policiales en sus piquetes. Muchas trabajadoras de las residencias de ancianos y de las empresas de limpieza también están en huelga en todo el País Vasco para conseguir un salario decente y mejores condiciones.

Los trabajadores de otros sectores se están movilizando para defender sus puestos de trabajo amenazados en la actual ronda de despidos. Se ha producido un fuerte aumento de los días perdidos en las huelgas. Siempre existe la posibilidad de que las tensiones nacionales vuelvan a surgir en una situación tan volátil.

Derrota de Pablo Iglesias y PODEMOS en Madrid

Como se explicó en su momento, la derrota de Pablo Iglesias en las elecciones autonómicas de Madrid fue un golpe para la izquierda y plantea algunas cuestiones fundamentales que los marxistas deben abordar seriamente. Hay que preguntarse si los resultados electorales representan un giro a la derecha en Madrid y en el Estado español.

ISA en el Estado español argumentó en el momento de la formación del gobierno de coalición PSOE / UP, que en lugar de unirse, UP debería haber apoyado la formación de un gobierno del PSOE desde fuera para bloquear a la derecha, manteniendo su independencia política en la oposición.

Los sondeos de opinión del Gobierno a finales de agosto de 2021 mostraban una clara ventaja de entre el 4% y el 5% del PP sobre el PSOE, lo que abriría las posibilidades de un gobierno del PP con el apoyo de VOX, situación que tendría enormes implicaciones políticas y sociales en el Estado español. Sin embargo, la volátil situación política y social no garantiza una victoria de la derecha en las próximas elecciones. En el PP ha estallado una batalla abierta entre el líder nacional Casado y el líder en Madrid, Ayuso, por el control del partido. Esto ha afectado a la posición del PP en las encuestas, que pronostican que no habrá mayoría global para el escenario de pesadilla para la clase trabajadora, es decir, una coalición PP/VOX. En un intento de atraer a los votantes de VOX, Casado y el PP dieron un giro brusco a la derecha en su último congreso. Se trata de un juego arriesgado dada la fuerte oposición a un gobierno PP/VOX, especialmente en el País Vasco y Cataluña. Sin embargo, en las últimas encuestas de 2021, el PP sólo mantenía una ventaja del 0,7% sobre el PSOE. VOX se beneficia de la crisis del PP. Los comentaristas hablan de “un escenario de enorme inestabilidad política”.

¿Qué tipo de luchas se avecinan en España?

España sigue siendo una sociedad muy polarizada y la crisis de COVID-19 no ha hecho más que exacerbar esa polarización. El hecho de que el PP/VOX pueda ganar las futuras elecciones no es una indicación del rechazo a las ideas de izquierdas o del deseo de un cambio fundamental, sino una señal del fracaso de las ideas reformistas y especialmente del proyecto PODEMOS.

El último gobierno del PP introdujo una ley represiva de gran alcance en 2015 que ha llegado a ser conocida como, ‘La Ley de Mordaza”. Ha dado lugar a multas masivas e incluso a la cárcel para raperos, cantantes de punk rock, actores y muchos ciudadanos de a pie por publicaciones en Facebook, bromas en Twitter y críticas a la monarquía y a la policía. En un giro buñuelesco, ¡incluso se ha multado a personas por manifestarse en contra de dicha ley! La policía tiene libertad plena para registrar a las personas e imponer multas por mostrar “falta de respeto” a la policía, lo que ha incluido a personas que preguntan por qué se les detiene y registra.

Antes de la pandemia, solía sancionar a casi 80 personas al día utilizando las partes más represivas de la ley. Durante la pandemia, la ley se ha utilizado ampliamente para reprimir las protestas. Amnistía Internacional ha señalado que si España solicitara el ingreso en la UE en 2021 esta ley impediría su entrada. La ley es incluso demasiado represiva para la UE. Pero debido a las tormentas de protesta que se avecinan en muchos temas, la clase dirigente española considera necesario mantener estas leyes represivas y antidemocráticas. Cuanto más profunda es la crisis económica y social, más recurre el Estado a sus herramientas represivas.

La ley se ha utilizado para proteger a la familia real de las críticas sobre los numerosos escándalos financieros en los que están implicados el cuñado, la hermana y el padre del actual rey, Juan Carlos, que recibió millones de euros en sobornos del régimen teocrático saudí. Según su amante de entonces, el ex Rey solía viajar con una máquina de contar dinero en sus viajes al extranjero. El cuñado del Rey fue encarcelado por malversación de fondos públicos y su hermana, la infanta Cristina, se libró por poco y convenientemente de la cárcel por un tecnicismo.

Las instituciones capitalistas y estatales están desacreditadas, por lo que la clase dirigente ha recurrido a leyes represivas para intentar frenar la protesta, pero esto no funcionará para siempre, como demostraron las protestas callejeras que estallaron en torno a los “Indignados” hace una década.

Desgraciadamente, el PSOE votó con el PP, Vox y Ciudadanos en el actual parlamento, para bloquear un intento de eliminar la sedición de la ley mordaza.

Es muy posible que se produzcan poderosos movimientos en el periodo posterior al COVID19, incluyendo explosiones masivas de la escala de los ‘Indignados’ y el movimiento independentista catalán.

La crisis del coronavirus ha revelado una vez más la debilidad fundamental del capitalismo español y se empiezan a vislumbrar los contornos de lo que serán las convulsiones políticas masivas.

Un informe recientemente publicado sobre la pobreza en España describe gráficamente las condiciones miserables en las que viven millones de personas en 2021.

Los más afectados son los más jóvenes. La pobreza severa es mayor entre los niños y los jóvenes. El 14,1 % de los menores de 17 años se encuentra en situación de pobreza severa, frente al 8,6 % del resto de la población. Estas son las condiciones que están creando una bomba de relojería para el capitalismo español.

Las mujeres de todas las edades también están sufriendo de forma desproporcionada. La pobreza severa es también extraordinariamente alta entre las personas que forman parte de familias monoparentales, la gran mayoría de las cuales están encabezadas por mujeres. En 2020, el 18,7% de las familias monoparentales se encontraban en situación de pobreza severa. Esto ha sido un factor de la rabia ardiente de las mujeres, como se muestra en el movimiento feminista que ha estallado en las calles del Estado español. Las mujeres no sólo sufren la misoginia y la violencia sexista, sino que también son discriminadas económicamente en el ámbito laboral y social. Las mujeres del Estado español han estado en primera línea en el movimiento feminista en ascenso. Sin duda, si no hubiera sido por la pandemia, el 8 de marzo se habría convertido en una jornada de huelga.

25 de noviembre Barcelona: Protesta contra la violencia de género

Hubo otra señal de lo que vendría cuando 3.500 trabajadores de Mercedes, tanto mujeres como hombres, protagonizaron la primera huelga simbólica por la violencia machista, cuando una trabajadora de la fábrica de la capital vasca, Vitoria-Gasteiz, Erika Tavares, fue asesinada por su ex pareja. Este seguirá siendo uno de los temas centrales que los socialistas tienen que abordar y hacer campaña con urgencia.

El informe “El estado de la pobreza” de 2020 mostró que el 33% de las personas pobres en edad de trabajar están realmente trabajando. Estas elevadas cifras demuestran que incluso cuando las personas consiguen un trabajo, éste no les permite salir de la pobreza extrema. Más de 988.000 personas, en su mayoría jóvenes y mujeres, trabajan y al mismo tiempo se encuentran en situación de pobreza severa. Al salir de la pandemia, las luchas de los trabajadores mal pagados por un salario mínimo estarán en la agenda.

Sin embargo, hay que señalar que la depresión económica y la pobreza no provocan automáticamente movimientos masivos de la clase obrera, pero la incertidumbre general que reina en la sociedad puede tener y ha tenido ya importantes repercusiones políticas, incluso durante la pandemia. Las huelgas y las luchas por la defensa de los puestos de trabajo, especialmente las que se están produciendo en el País Vasco en estos momentos, podrían ser la música del futuro en el conjunto del Estado español.

De hecho, hubo una clara señal de lo que está por venir en la magnífica huelga de los trabajadores del metal en Cádiz en noviembre. Los trabajadores del metal de Cádiz muestran el camino a seguir para toda la clase obrera del Estado español La huelga fue muy significativa porque fue una revuelta de los trabajadores desde abajo por todo lo que han sufrido durante la pandemia. Los trabajadores del metal y sus familias se apretaron el cinturón por el bien común, pero la patronal siguió obteniendo beneficios. La huelga se intensificó muy rápidamente y tuvo un apoyo del 98%. El gobierno del PSOE/UP envió policías antidisturbios e increíblemente, tanques para restringir el derecho a los piquetes y extender la huelga.

Toda la ciudad y la región se levantó y los estudiantes salieron a la huelga en apoyo. Los peluqueros se atrincheraron en sus salones de la ciudad protestando al 21% de IVA que se ven obligados a pagar. Este es un problema enorme en el Estado español, ya que hay miles de “falsos” autónomos, como las limpiadoras, que pagan una quinta parte de sus escasos ingresos al Estado, mientras que las cadenas hoteleras de lujo sólo pagan el 10%.

El gobierno se dio cuenta de que la lucha de Cádiz estaba actuando como un catalizador en la sociedad, por lo que puso todo su empeño en sabotearla. Se presionó masivamente a los burócratas sindicales para que desconvocaran la huelga y lo consiguieron forzando anti democráticamente un preacuerdo. Sin embargo, no se ha dicho la última palabra y sigue existiendo la posibilidad de nuevos movimientos de huelga.

Tras la huelga, la policía nacional realizó un gran despliegue en el barrio de Río San Pedro (Puerto Real) para detener a los trabajadores que participaron en la gran huelga del metal. Esta represión es un intento de criminalizar a los trabajadores y a los sindicatos que luchan. Esta represión se lleva a cabo bajo un gobierno supuestamente “progresista”. Es una señal más de que la clase dominante siente que tiene que “ponerse dura” ahora en preparación para las inevitables luchas que se avecinan en el Estado español.

En el País Vasco había un compromiso desde el 1 de mayo de 2021 de convocar una huelga general debido a las numerosas y variadas huelgas que se estaban llevando a cabo en la industria y a la demanda de unos servicios públicos bien financiados. Los dos principales sindicatos vascos no pudieron acordar una fecha para 2021, pero tarde o temprano tendrán que hacerlo, dada la rabia que hay bajo la superficie.

Como dijimos anteriormente, no podemos predecir con precisión el curso de los acontecimientos políticos derivados de la nueva crisis económica y política, pero sobre la base de los acontecimientos posteriores a 2008, está claro que habrá cambios fundamentales. Después de 2008, además del movimiento de los “Indignados”, se produjo el histórico enfrentamiento entre las masas catalanas y el Estado español. Es posible una combinación de luchas que se entrecruzan y se superponen. Las recientes protestas ecologistas contra la ampliación del aeropuerto de El Prat, cerca de Barcelona, alimentan el movimiento independentista catalán.

El aparente fracaso del proyecto de Podemos en esta etapa necesita ser analizado y discutido más profundamente y por capas más amplias. Sindicalistas, jóvenes y activistas de izquierda sienten la amenaza del partido de extrema derecha Vox, que está llevando a cabo acciones más audaces en las calles manifestándose y acosando a la izquierda, con su mensaje sexista, homófobo, antiinmigrante y proempresarial. La amenaza real y presente de un gobierno del PP/VOX ya está teniendo un efecto polarizador y radicalizador.

Las tareas de la ASI en el Estado español son discutir y analizar a fondo los acontecimientos para orientarnos mejor y estar prevenidos contra las “sorpresas” y salir a la calle en apoyo de todos los movimientos de la juventud, las mujeres y los grupos oprimidos y el conjunto de la clase obrera con un programa socialista claro para la unión de todas las luchas y para la transformación socialista de la sociedad y reconstruir nuestras fuerzas marxistas.

 

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