Shawn Tarver y John Hird, Alternativa Socialista Internacional

Mientras que a nivel nacional hay un sentido de unidad entre PP, Ciudadanos y Vox a nivel regional durante esta pandemia y la crisis económica en curso es donde hemos visto el verdadero maquillaje y la división entre la derecha ante la desastrosa actuación de la presidenta Ayuso. Durante la reunión de la Asamblea de Madrid el pasado miércoles se le preguntó qué iba a hacer el gobierno regional por las pequeñas ciudades y pueblos de Madrid, aquellas que varios alcaldes han dicho que se espera que hagan mucho sin recursos. Una gran pregunta que se presentó en esta misma asamblea regional es dónde están los 3 millones de euros que se destinaron a la Comunidad Autónoma ya que siete ciudades en poder del PSOE no han visto ni un solo céntimo. Estas mismas siete ciudades que han continuado unidas en contra del gobierno regional han mostrado su apoyo al cierre de sus ciudades, lo que Ayuso se opone a hacer.  Debido a la terrible situación que se está produciendo en Madrid estamos viendo que los partidos comienzan a distanciarse del PP. Empezaron a nivel regional, con Vox diciendo incluso que el PP no hace nada por los españoles, en un tono reaccionario. Pero esta división va más allá, con el distanciamiento de los representantes de Ciudadanos en el gobierno de la Comunidad de Madrid, de decisiones tomadas por Ayuso con respecto al coronavirus, especialmente cuando el PP votó en contra de unas medidas de restricción que había acordado con el ministro de sanidad solamente 24 horas antes.

El estado de ánimo en todo el estado español es que el gobierno central ha decidido intervenir debido a la falta de voluntad de Ayuso de poner en práctica las sugerencias del Ministerio de Sanidad, especialmente después de que el gobierno impusiera un estado de alarma justo antes del puente del 12 de octubre, para evitar que los madrileños abarrotaran playas y zonas turísticas cuando la situación sanitaria en Madrid es aún muy preocupante. De hecho, la opinión de buena parte de la clase trabajadora de todo el país es que el gobierno central debería haber aplicado hace tiempo el artículo 155 debido a la desastrosa situación causada por Ayuso y al peligro que suponía para el resto del estado que no se restringiera la movilidad en la Comunidad Autónoma de Madrid.

En este período de crisis del PP, además de ver las divisiones en la derecha que hemos comentado anteriormente, también estamos viendo un resurgimiento de las luchas de los barrios que se han visto predominantemente afectados por las tácticas de Ayuso de carácter clasista y racista. Estamos viendo enfermeras y médicos a los que se les está prohibiendo hablar con la prensa. Y tanto profesores como médicos de atención primaria ya han estado en huelga para demandar una mayor contratación en los sectores de educación y sanidad para luchar contra la pandemia.

Otro punto de conflicto es el desastroso manejo de la crisis del coronavirus en la capital, Madrid. El gobierno regional del PP de la derecha, bajo Isabel Díaz Ayuso y Ciudadanos, apuntalado por la extrema derecha Vox, está en abierto conflicto con el gobierno central del PSOE – Unidas Podemos. Ayuso confinó 37 distritos de Madrid que resultaban ser en su mayoría barrios de clase trabajadora. En una protesta frente al gobierno regional, la policía atacó brutalmente a los manifestantes. El gobierno central intervino para imponer mayores restricciones que suponen el bloqueo de localidades completas con el mayor número de incidencia acumulada, incluyendo la propia Madrid. Pero que estas restricciones fueran tumbadas por los tribunales madrileños justo antes del puente forzó al gobierno a decretar finalmente el estado de alarma.

En realidad, la clase obrera está pagando por los años de brutales recortes en el servicio de salud en Madrid por los anteriores gobiernos del PP. Los servicios de salud en el Estado Español están bajo control regional y por lo tanto las diferencias en la financiación y por consiguiente la calidad son marcadas.

La situación es un polvorín y el gobierno regional está tratando de amordazar a los trabajadores de la salud por hablar sobre el estado del servicio de salud en la capital.

La intervención del gobierno central puede tener un elemento político para desacreditar al PP, pero en general la población apoya al gobierno central. Es posible que el gobierno regional de Madrid se derrumbe ahora.

España sigue siendo una sociedad polarizada y la crisis de la covid-19 no ha hecho más que exacerbar esa polarización. El hecho de que haya un gobierno de «izquierda» (en palabras) significa que se verán sometidos a una enorme presión por parte de la clase obrera para revertir los recortes impuestos en los últimos años que han empeorado tanto la crisis del coronavirus. El gobierno PSOE-Unidas Podemos podría verse forzado a una situación en la que las normas económicas neoliberales se abandonen temporalmente. Esta sería la única manera de ganar futuras elecciones. Las últimas encuestas de opinión muestran que mientras el PSOE ganaría las elecciones, el PP está cerrando la brecha, lo cual es increíble dado su historial.

El sábado 3 de octubre dio una indicación de cómo podría desarrollarse la lucha de la clase obrera en el Estado español. Miles de personas marcharon en Sevilla y Bilbao exigiendo inversiones en sanidad, educación y servicios públicos. «España Vaciada», una plataforma que hace campaña por los servicios públicos en las zonas rurales, formó una cadena humana de kilómetros de largo, exigiendo una cobertura sanitaria decente en las aldeas descuidadas y sin fondos. Los médicos de Cataluña han formado un comité de huelga de 50 representantes de todos los hospitales y han convocado una huelga en octubre. Fue significativo que los sindicatos del País Vasco pidieran específicamente que se revocaran todos los recortes en el servicio de salud e inversiones masivas.

En un posible punto de conflicto entre Unidas Podemos y sus socios de coalición del PSOE, Pablo Iglesias ha pedido al gobierno que compre 10 millones de euros en acciones de los Astilleros Navales de Sestao en el País Vasco. El astillero fue privatizado en 2007 y ahora está amenazado de cierre. Iglesias asistió a una reciente manifestación detrás de pancartas que pedían «RESCATE» y «RENACIONALIZACIÓN», señal de que bajo la presión de los acontecimientos Podemos puede ser empujados a la izquierda. Más cierres de grandes industrias están en camino y la idea de la nacionalización como política ganará terreno.

Ante la situación de crisis sanitaria y económica actual que golpea especialmente a la clase trabajadora tanto en contagios y muertes como en pérdidas de puestos de trabajo y pobreza, la clase trabajadora no puede conformarse con las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno central. Necesitamos que llegue el Íngreso Mínimo Vital a todas las familias que lo necesitan, se protejan los puestos de trabajo con las nacionalización de las grandes empresas que amenacen su cierre, y sobre todo tiene que darse una inversión y contratación masiva en los sectores públicos y por supuesto sobre todo en el sector sanitario para luchar contra la pandemia. No vale como excusa que las competencias en sanidad las tengan las Comunidades Autónomas. Hay que evitar situaciones como que supuestos fondos de emergencia para luchar contra el coronavirus retraídos de la Junta de Andalucía de otras partidas como el Servicio Andaluz de Empleo o las universidades finalmente se hayan gastado en tapar el agujero de deuda de Canal Sur, mientras una cita telefónica con el médico de atención primaria puede tardar entre una y dos semanas.

Todas estas medidas se darán solamente a través de la lucha, y esto es lo que ya estamos viendo en varias comunidades autónomas. Unamos las luchas a nivel de todo el estado para hacerlas más efectivas y proteger nuestras vidas y nuestros servicios públicos.