La pretendida reforma de ley del aborto del PP es un crimen contra la libertad, la salud y la vida de las mujeres.

31/12/2013, Victoria Lara, SR Gran Canaria

Las peores previsiones de los grupos feministas y de los que defendemos los derechos de las mujeres se han cumplido, y el pasado 20 de diciembre el consejo de ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Gallardón para reformar (más bien, para liquidar) el derecho al aborto de las mujeres en el estado español. Se trata de un ataque fundamental contra la libertad, la salud y la vida de las mujeres que se esconde tras una pretendida defensa del derecho a la vida.

Como ya indicamos en artículos anteriores (por ejemplo en http://srev.blogspot.com.es/2013/09/no-la-reforma-de-la-ley-del-aborto.html) las leyes restrictivas en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, no tienen una influencia significativa en el número de abortos, y esto se debe a varias razones. Por ejemplo, al igual que en épocas anteriores, todas las mujeres que quieran abortar y que puedan permitírselo viajarán a países con normas menos restrictivas (a casi todos los países de Europa, por ejemplo, que se rigen por leyes de plazos). También el dinero puede facilitar el acceso a los informes médicos requeridos para poder justificar el riesgo para la salud. Y por otra parte también hay que contar con las que decidan abortar aunque no puedan demostrar que se «ajustan» a las razones de Gallardón, y que opten por abortar clandestinamente o incluso, en situaciones desesperadas, a recurrir a remedios o técnicas peligrosas para su vida.

Burocracia e intimidación

Como ya se conoce, el proyecto de ley de Gallardón solamente despenaliza el aborto en los supuestos de violación, dentro de las primeras doce semanas de embarazo, o de grave peligro para la salud o la vida de la mujer, dentro de las primeras veintidós semanas. Es decir, se impide sin más el acceso al aborto en el estado español de forma segura a casi todas las mujeres con un embarazo no deseado. Recordemos que actualmente, más del 90% de las mujeres que abortan lo hace por su propia petición, y porque efectivamente se trataba de un embarazo no deseado, que se puede producir, simplemente, por fallos de métodos anticonceptivos.

Esta situación ahora arroja a la mujer a un calvario burocrático en el que debe explicar a extraños, diferentes de los que le atenderán en su interrupción del embarazo, por qué desea abortar. En el caso de violación se debe presentar denuncia previa, y en el caso de riesgo para la salud física o psíquica se necesitan dos informes médicos diferentes. (Como dijo en una ocasión Ruíz-Gallardón, este supuesto no iba a permitir que se convirtiera en un «coladero», y no lo será para las mujeres que no pueden contar con las influencias o recursos para conseguir el informe).

El número de trabas se antoja incalculable cuando se lee con detenimiento el proyecto de ley. En primer lugar, los médicos se enfrentan a penas de prisión o de inhabilitación por «imprudencias» que provoquen abortos, al igual que por realizar el aborto en sí, y se deja claro en la ley que ésta debe ser la última posibilidad que se dé a la mujer. Es decir, dependiendo de cómo se apliquen estas penas los médicos podrían temer hacer dictámenes en contra del aborto, incluso en situaciones de riesgos, porque antes hay que tomar cualquier otra medida médica posible, y además podría haber también temor a realizar otros tratamientos ginecológicos por miedo a provocar un aborto por «imprudencia».

El caso de las malformaciones del feto es aún más sangrante, ya que se tendrían que sumar los dos factores de una malformación que sea incompatible con la vida (considerando ésta como la que no superaría previsiblemente el periodo neonatal) y el informe que lo justifique, así como que la madre indique que eso supone un alto riesgo psicológico para ella, con el correspondiente informe psiquiátrico. Aún así, no se podrán acoger a esta medida las mujeres con embarazos con malformaciones graves, que se verían abocadas muy probablemente a ser la cuidadora de niños (que quizá no pasen siquiera a la edad adulta) con grados altos de dependencia. Y todo esto teniendo en cuenta el actual estado del sistema sanitario, lleno de copagos, y de una Ley de Dependencia en rápido proceso de desmantelamiento.

Otra humillación aún mayor sufrirían las menores de edad, ya que el cambio de ley supone que en lugar de informar a los padres, ahora deberá tener su consentimiento para abortar. En el caso de que los padres o tutores no dieran su consentimiento, o incluso de que fuera desaconsejable pedirlo (suponemos que hablemos de cuestiones tan serias como de maltratos) sería un juez el que decidiera sobre la cuestión. Y teniendo en cuenta de que se persona el Ministerio Fiscal (dependiente del gobierno) y de que la primera opinión que se tendrá en cuenta será la de los padres o tutores, podemos imaginar que los resultados serán en su mayoría en contra de la interrupción del embarazo. Recordemos que en todo caso estamos hablando de supuestos muy restringidos siempre: violación, y riesgo para la vida o salud de la mujer. ¿De verdad es necesario que un tribunal tenga que dictaminar en lugar de dejar la decisión en manos de menor, y teniendo en cuenta las toneladas de informes previos requeridos?

La ley no se queda aquí en cuanto a los obstáculos para abortar. Seguimos hablando de las mujeres violadas o con importantes riesgos para la salud, de las denuncias o informes previos, y aún así tendrá que enfrentar, tal y como lo describe la ley, a toda una batería de argumentos para hacerla cambiar de opinión y que desista de abortar. Estos van desde argumentarle que la Constitución protege «la vida del no nacido» y que a ella solamente se le permite abortar en circunstancias excepcionales (!), hasta intentar convencerla de que dé su hijo o hija en adopción una vez nazca, pasando por facilitarle el acceso a todas las ayudas o subsidios sociales que puedan corresponderle (no podemos esperar, sin embargo, que se alarguen mucho en este punto por la situación actual de recortes).

Las asociaciones de mujeres ya han alertado de que no queda claro en la ley quien va a dar esta información. En principio la proporcionarían los servicios públicos de salud, pero se teme que estos puedan privatizarse precisamente en favor de organizaciones religiosas u otras contrarias al aborto, que lleguen a ejercer una verdadera «tortura» contra la mujer que quiera abortar (El País, 28/12/2013).

Ataque ideológico

Como puede verse anteriormente, la propuesta de ley es todo un ataque ideológico a las mujeres, que solamente se consideran válidas socialmente, como no se ha cansado de repetir el ministro Ruiz-Gallardón, por su papel de madres.

Además, existen otros tipos de vejaciones o humillaciones: la repetición de informes, el paso por un juicio para las menores cuyos padres tengan una opinión contraria al aborto, el tener que pasar por un informe psiquiátrico cuando el feto presenta una malformación incompatible con la vida, etc.

Algunas voces además han alertado de que probablemente muchas mujeres intentarán alegar el daño psicológico para interrumpir el embarazo, lo que supone que se considera que la persona que aborta no puede ser «normal». Además, estos informes podrían pesar negativamente en el futuro de las mujeres, por ejemplo, en letigios por la custodia de sus hijos.

En los sectores más conservadores e impulsores de esta ley, se culpa además a las mujeres de abortar selectivamente para no tener hijos o hijas con malformaciones compatibles con la vida. Este punto de la ley, siendo el que afecta al menor número de mujeres (solamente alrededor de un 3% de las que abortan), es quizás el más grave. Normalmente en este caso no estamos hablando, como en la mayoría, de embarazos no deseados, y las decisiones que se tomaban en estos casos eran por seguro las más difíciles. Sin embargo, la prensa conservadora ha insistido en apuntar un dedo acusador a estas mujeres, y llamarlas frívolas.

La ley no deja absolutamente ningún resquicio a la idea de que las mujeres puedan controlar sus propios cuerpos, incluyendo incluso penas contra el que «indujere a la mujer a producir un aborto», lo que podría constituir un ataque contra centros de planificación familiar u otros donde se informe a las mujeres de los pasos a seguir para abortar legalmente en España o a que centros acudir en el extranjero, etc. También se prohíbe la publicidad sobre los centros donde se practique la interrupción voluntaria del embarazo, oscureciendo aún más esta cuestión.

Hipocresía y derecho a la vida

Los defensores de la ley, y en especial el gobierno, han acudido repetidamente al derecho a la vida y a la no discriminación de las personas con minusvalías para justificarse. Estos argumentos, sin embargo, chocan frontalmente con sus propias acciones de gobierno, y muestran su hipocresía: la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes, los copagos sanitarios que incluyen a dependientes, enfermos crónicos, y el caso conocido recientemente de las cuchillas instaladas en la verja de Melilla que causan graves heridas a los inmigrantes que intentan saltarla.

En cuanto al argumento de la Constitución, el artículo 15 nos habla del derecho a la vida, pero no especifícamente de la continuación del embarazo, pero además aquí se añade el derecho a la integridad física y moral, que se puede ver gravemente dañado por restricciones del aborto como las que quiere imponer Gallardón.

También se acude mucho a la Doctrina del Tribunal Constitucional de 1985. Aparte del tiempo transcurrido, y que se trata de una interpreción que quizá sería ahora diferente, ésta no es tan restrictiva como el anteproyecto de ley de Gallardón, ya que reconocía el derecho al aborto en situaciones de malformaciones graves (sin que la malformación fuera incompatible con la vida).

¿Cuestión de género o cuestión de clase?

El PSOE ha intentado convertir la cuestión del aborto en una simple cuestión de género, y ha pedido a las diputadas del PP que voten en contra de la reforma de la ley. Sin embargo, estas peticiones no pueden más que caer en saco roto. En primer lugar, porque ya hemos visto anteriormente que se trata de un ataque ideológico, y éste está en consononcia con la política general del PP, y sobre todo de sus sectores más cercanos a la iglesia católica o más «ultra». Otros ejemplos de esta ideología está en el refuerzo de la religión católica como asignatura a partir de la Ley Wert, el recurso ante el Tribunal Constitucional de los matrimonios homosexuales, etc. Por otra parte, las mujeres del PP nunca se sentirán restringidas por una ley que se podrán saltar las de su clase gracias a sus mayores recursos económicos y conexiones. De las opiniones en contra de la propuesta de Gallardón, la mayoría quiere volver a la ley de supuestos de 1985 (es decir, incluir el supuesto de malformación grave del feto, más allá de que éste no pueda sobrevivir), y solamente la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, se ha mostrado a favor de una ley de plazos.

El PSOE también ha prometido que si vuelven al poder, inmediatamente volverían a una ley de plazos. Sin embargo, no podemos esperar simpletemente a que lleguen las siguientes elecciones para derogar esta ley que por el camino puede dejar mucho dolor e incluso muertes, y desde luego tampoco lo podemos hacer confiando en el mal menor del partido capitalista «menos malo».

Sin subestimar el carácter progresista de la ley de plazos aprobada en 2010, con los gobiernos tanto del PP como del PSOE las mujeres estábamos muy lejos de conseguir una plena igualdad. La situación empeoró a partir de la crisis.

Ya con el gobierno de Zapatero se recortarón 15.000 millones de euros en servicios públicos , y en recortes que redundaron de manera muy importante en las mujeres a través de la supresión de los «cheque-bebé», los recortes en la ley de dependencia que suponen una mayor carga de cuidados para las mujeres, etc. Posteriormente se llegan a recortes en sanidad y educación, por ejemplo en el año 2012, que llegan a ser del 13% y del 21% respectivamente. Estos recortes afectan a las mujeres en una doble vertiente: por una parte, sigue habiendo más carga del trabajo doméstico cuando se recortan en estos servicios básicos; y por la otra se han perdido muchos puestos de trabajo en sectores con muchas mujeres trabajando como son cuidados sanitarios, educación, limpienza, etc.

Las mujeres siguen siendo las que acumulan el mayor porcentaje de trabajo a tiempo parcial y siguen teniendo peores salarios a igual trabajo. Y aunque las cifras de desempleo se están igualando debido a la crisis y a la pérdida de puestos de trabajo en la construcción y la industria, hay que tener en cuenta que hay un millón y medio menos de mujeres activas que hombres, la mayoría de ellas porque se dedican a tareas de cuidados en el hogar.

La situación de las mujeres de menor entrada en el mundo laboral, menores salarios, mayores porcentajes en general de paro, y mayor porcentaje de trabajo a tiempo parcial, significa que las mujeres, por términos generales, llegan a la jubilación con menores pensiones.

La crisis muestra como las peores condiciones de algunos trabajadores (inmigrantes, mujeres, etc), las utiliza el capitalismo para empujar a la baja las condiciones de todas los trabajadores. Las reformas laborales, por ejemplo, ha servido para destruir el trabajo más típicamente masculino, también tradicionalmente más seguro, como en la construcción y la industria, imponiendo condiciones más precarias y menores salarios al conjunto de los trabajadores.

Tenemos que luchar contra este gobierno corrupto e hipócrita del PP, pero para conseguir un gobierno de los trabajadores y trabajadoras que gobierne para nuestras necesidades y no para los de una minoría, y que rompa con el sistema de explotación capitalista.

Desde Socialismo Revolucionario demandamos:

• Aborto libre, gratuito, público y seguro. Acceso gratuito a los anticonceptivos a través del sistema público de salud. Las mujeres debemos ser completamente libres para decidir sobre nuestra maternidad, tanto si seremos madres, como el número de hijos y cuándo tenerlos.

• Una lucha sostenida contra las pretensiones del PP de acabar con el derecho al aborto. En esta deben involucrarse los sindicatos, ya que no se trata solamente de una cuestión de género sino también de clase. Esta lucha debe incluir una Huelga General contra los continuos recortes y ataques a los derechos democráticos y laborales y para derrocar al PP.

• Fin de todos los recortes en Educación, Sanidad, Ley de Dependencia, Prestaciones de Desempleo, guarderías, etc. Se necesita una gran inversión en estos servicios para garantizar todas las necesidades de la sociedad, incluyendo la conciliación de la vida familiar y laboral y un verdadero apoyo a las familias, y la creación de puestos de trabajo estables.

• Nacionalización de la banca y de sectores estratégicos de la economía como la energía y el transporte. Con estos recursos se pueden realizar las inversiones del punto anterior, además de acabar con problemas como el de la pobreza energética, los desahucios y los problemas de acceso a la vivienda.