Artur Mas la emprende con la Sanidad y la Educación públicas

João. Socialismo Revolucionario, Barcelona

Artículo publicado en el boletín de Socialismo Revolucionario, edición de Diciembre, 2011.

Asistimos en Cataluña al desmantelamiento de los servicios públicos. Tras su llegada al gobierno, CiU comenzó a aplicar una política restrictiva que afectaba incluso servicios básicos y provocó protestas enormes. Tras las elecciones del 20-N, una vez superada la campaña y con la victoria de CiU en tres de las cuatro provincias del territorio, el gobierno de Artur Mas, legitimado en su política según afirmó él mismo, sólo tardó cuarenta y ocho horas para anunciar nuevos recortes que afectarán a la administración pública, la Universidad, la educación, la sanidad de nuevo y el transporte público.

En la red pública sanitaria se han aplicado unos recortes que ponen en peligro la salud y la vida de la población entera. El Gobierno de CiU, insensible en un momento de crisis a la disminución de los

ingresos de muchas familias, ellos que dicen ser tan defensores de la institución familiar, da una vuelta de tuerca a los gastos en sanidad. Cierres de muchos CAP, limitación en los hospitales, ampliación de las listas de espera, precarización en los empleos del sector sanitario, las repercusiones pueden ser en muchos casos trágicos.

Pero no olvidemos que la Sanidad Pública, además de garantizar la salud, es un mecanismo de

distribución de la riqueza. Recortar en sanidad es promover que los más pudientes, la burguesía y

quienes dispongan de medios, acudan a la sanidad privada, de la que por cierto el Consejero Boi Ruíz era gestor antes de acceder al gobierno. Con ello se agrandan las diferencias entre pobres y ricos, con ello se margina a un número mayor de la población, a los parados, a los jubilados con renta baja, a los precarios, a los trabajadores mileuristas.

Ahora además suben las matrículas de la Universidad o suben en exceso el precio del

transporte público -téngase en cuenta que actualmente Barcelona tiene el precio del billete de

metro y autobús más caro del Estado-, lo que a todas luces afectará a los sectores más empobrecidos, a la población trabajadora en su conjunto.

En la administración pública han optado por la externalización de muchos servicios, una práctica que ya era aplicada por el gobierno de Jordi Pujol y que el tripartito mantuvo. Este sistema ha significado en muchos casos una enorme precarización del empleo, algo que se verá acentuado ahora mucho más, cuando los presupuestos reduzcan el gasto público, lo que afectará sin duda a las empresas proveedoras, que reducirán la prestación de los servicios a la Generalitat. Además, el pago de los servicios se está retrasando enormemente, hasta más de seis meses, lo que provoca no pocos problemas económicos en muchas empresas que al final revierte en los trabajadores.

Esta situación se agravará sin duda cuando se forme el gobierno del PP y comience a aplicar una política también restrictiva en el gasto público de sectores básicos. En este sentido, CiU ya ha intentado justificar esta situación de recortes por el impago a la Generalitat de la denominada deuda histórica y la falta de un sistema impositivo propio. Justifica así su política clasista tirando balones fuera y acudiendo de nuevo a las reclamaciones nacionalistas. Pero cuando reciben un servicio público lo primero que promueven es su privatización en vez de fomentar un sector público catalán competente y beneficioso para la sociedad catalana, aquella a la que dicen servir.