Yo también estaba al Parlament

28/03/2015, Juan Bértiz, Socialismo Revolucionario Barcelona

Català

Sin
duda el 15 de junio de 2011 la recordaremos muchos como una jornada repleta de
entusiasmo y emoción. Las plazas de muchas ciudades del Estado se habían
llenado desde hacía semanas de gente de edades y condición muy diferentes que
expresaba su protesta y su descontento con la situación del país, con las
consecuencias nefastas de la crisis y de los recortes, con el alto índice de
desempleo, con el aumento de la precariedad, con un gobierno que había optado
por apoyar a los ricos en detrimento de los pobres. En definitiva, se alzaba un
grito de cólera generalizado, reflejo de un hartazgo ante unas instituciones
que gobernaban a espalda de los trabajadores y del pueblo. El 15M reforzaba las
movilizaciones sociales habidas hasta el momento, como las de la sanidad o la
educación, que llevaban tiempo reclamando que se detuviera el retroceso en las
políticas sociales y un cambio de rumbo ante una realidad que comenzaba a ser a
todas luces inaceptable.

El
Parlamento catalán, ese día, tenía un pleno para discutir nuevos recortes,
motivo por el cual se llamó a la protesta a las puertas mismas de la institución,
sede según se nos repite una y mil veces de la soberanía popular. A instancias
de la Generalitat, se cerró el parque de la Ciudadela, donde se halla el Parlamento,
y ya el 14 por la noche miles de personas se reunieron ante sus verjas para
pasar la noche y esperar la entrada de los parlamentarios unas horas después.

Y
sin duda esos mismos parlamentarios no olvidarán tampoco esa jornada porque
tuvieron que enfrentarse a la protesta generalizada, a la rabia incluso por
esas políticas suyas que estaban –y están aún hoy- arruinando hasta la
desesperación a miles de personas, además de afectar a cada vez mayores capas
de la población. Algunos de ellos ni siquiera podían imaginar que la falla
entre gobernados y gobernantes se hubiese agrandado tanto. 

La
protesta, sí, fue contundente, como contundente es el desempleo, los
desahucios, la pobreza cada vez mayor, el escándalo de la corrupción (faltaba
aún tiempo para que saltara a la palestra el escándalo del clan Pujol). Muchos
de esos parlamentarios se mostraron escandalizados e indignados ante el
carácter, dijeron, violento de los concentrados, sin comprender lo que
significaba que miles de personas mostrasen su desesperación por esas políticas
de recortes antes mencionadas, pero también ante unos desahucios que estaban, y
están, provocando tragedias y un desempleo y una precariedad que mina la vida
de muchas personas. Muchos creemos que, de haber violencia, no estaba ésta en
quienes ejercíamos la protesta, sino en las políticas gubernamentales.

Llegaron
a acusar a los concentrados de terroristas y golpistas, afirmaron que desde el
23F no había habido un ataque tan furibundo contra las instituciones y el
entonces conseller de interior, Felip
Puig, junto al President Artur Mar, lanzaron sus diatribas contra aquel
movimiento, afirmando con vehemencia que íbamos a ver escenas muy duras. El
movimiento social hizo caso omiso a tales amenazas y continuó con sus protestas
contundentes y claras contra esas políticas que, éstas sí, eran una agresión
para la mayoría de la población.

Pero
hubo detenidos y se juzgó a 19 personas nada menos que en la Audiencia
Nacional, un órgano judicial de carácter excepcional y donde suelen darse
vistas relacionadas con el terrorismo. Tanto el Parlamento catalán como la
Generalitat, gobernada por CiU, presentaron sendas acusaciones particulares. El
juicio se celebró y la Sentencia de la Audiencia Nacional, contra todo
pronóstico, absolvió a los diecinueve acusados, entre otras razones alegadas
porque se estaba ejerciendo el legítimo derecho de protesta y a la libertad de
expresión. El Parlamento y la Generalitat recurrieron la sentencia y ahora el Tribunal
Superior de Justicia impone a ocho de los diecinueve acusados penas de tres
años de prisión por delitos contra las instituciones. Los grupos parlamentarios
apenas han dicho nada del lamentable papel de la institución en este proceso,
salvo el honroso abandono de la sala de los tres representantes de las CUP en
señal de protesta. ICV-EUiA se quedó en protestas verbales apenas
testimoniales. 

Ni
que decir tiene que nos solidarizamos con las personas condenadas, que
rechazamos el contenido de la sentencia, que nos escandaliza que la
Generalitat, cuyo gobierno habla de la legítima soberanía del pueblo catalán y
del derecho a decidir, acuda a la justicia del Estado español para reprimir las
protestas que ese mismo gobierno pretende silenciar cuando no criminalizar,
mientras no parece afectarle otros hechos, o intenta pasar de puntillas por
ellos, como la gestión de las cajas de ahorro catalanas o la corrupción del ex Honorable President de la Generalitat.
Ante tal desaguisado, sólo cabe la protesta y la denuncia pública.

Pero
además siguen no sólo vigentes las causas que nos llevó entonces a
movilizarnos, sino que se han agravado muchas de ellas, siendo mayor el
sufrimiento de una parte importante de la población por las políticas
antisociales del gobierno de CiU. Por eso, hemos de mantener la solidaridad,
decir basta a sus políticas antisociales y reforzar las luchas por la
transformación social.